La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, doctora en física e ingeniera, nos ofreció ayer una lección de aritmética que no figura en ningún libro de texto. “Imagínense, son 4 × 5, 50 hospitales”, dijo al referirse a la rehabilitación de unidades del ISSSTE, cada una de las cuales, según sus propios datos, requiere una inversión cercana a los 400 millones de pesos. El resultado correcto de 4 por 5 es 20. El 50 es el número total de hospitales que planea intervenir. La mezcla es tan burda que resulta casi conmovedora.

No se trata de un lapsus menor. Se trata de la máxima autoridad del país, quien ha construido buena parte de su legitimidad sobre el prestigio científico y la promesa de un gobierno de “datos y evidencia”, atrapada en una operación elemental de primaria. El error no altera, en sí mismo, el presupuesto ni el número de hospitales. Lo que altera es la percepción de rigor. Cuando quien gobierna no puede manejar con fluidez las cifras que ella misma anuncia, el ciudadano queda autorizado a preguntarse qué otras cuentas se están haciendo “más o menos”.

La anécdota se vuelve más reveladora por el contexto. El mismo gobierno ha insistido durante meses en el Plan de Infraestructura Hospitalaria 2024-2030: 50 hospitales nuevos, 47 ampliaciones, 55 sustituciones o mejoras mayores, 181 mil millones de pesos y alrededor de 9 mil camas adicionales. Son números redondos, presentados con gráficas y comparaciones históricas. Precisamente por eso, el desliz de “4 × 5 = 50” funciona como una grieta involuntaria. Si la operación más simple se traba, ¿qué garantía tenemos de que las operaciones más complejas —las de costos reales, sobrecostos, tiempos de obra o personal necesario— se estén haciendo con mayor precisión?

Hay quienes minimizan el episodio. “Cualquiera se equivoca”, dicen. Es cierto: los políticos se tropiezan con las palabras. Pero no todos tropiezan con la tabla del 5 mientras ostentan un doctorado y dirigen un Estado. La diferencia no es de inteligencia; es de atención y de hábito. Gobernar implica estar dispuesto a que las cifras sean públicas, verificables y, sobre todo, coherentes con lo que se dice en voz alta. Cuando la coherencia falla en lo más elemental, la carga de la prueba se invierte: ya no basta con anunciar inversiones; hay que demostrar que se sabe de qué se está hablando.

El episodio también ilumina un problema más amplio. Durante años se ha criticado el bajo rendimiento del sistema educativo mexicano en matemáticas. Las pruebas PISA y las evaluaciones nacionales han mostrado, una y otra vez, que una proporción importante de estudiantes no domina operaciones básicas al terminar la secundaria. Que la presidenta de la República cometa en público el mismo tipo de error que se le reprocha a un alumno de primaria no es una anécdota divertida; es un síntoma. Si la cúspide del poder político no trata las cifras con el cuidado que exige un gobierno que pretende basarse en evidencia, resulta difícil exigir rigor en las aulas o en las oficinas de planeación.

Nadie pide que un presidente resuelva ecuaciones diferenciales en la mañanera. Se pide, simplemente, que cuando anuncie que se van a rehabilitar 50 hospitales a 400 millones cada uno, la aritmética que acompaña el anuncio no contradiga el anuncio. La frase “4 × 5 = 50” no es un detalle menor. Es la condensación, en una sola línea, de la distancia que a veces existe entre la retórica del rigor científico y la práctica cotidiana del poder.

Los hospitales, al final, se rehabilitarán o no según los presupuestos, los contratos y la capacidad de ejecución, no según el resultado de una multiplicación mal dicha. Pero las palabras importan. Y cuando las palabras más simples fallan, el resto del discurso queda, inevitablemente, bajo sospecha.

Claudia Sheinbaum lleva dos años en la presidencia y aún no ha nombrado al narco con la gravedad que el resto del mundo ya le reconoce. No ha dicho “cárteles” con la frecuencia que exige la realidad, y mucho menos los ha llamado terroristas. Ese silencio no es un detalle de estilo. Es una decisión política deliberada, y es significativa precisamente porque ocurre mientras afuera, de Washington a París, los cárteles mexicanos se designan abiertamente como organizaciones terroristas.

Marine Le Pen lo hizo sin ambages en Orléans: Francia no caerá en la “mexicanización” con los cárteles y esas organizaciones serán erradicadas tratándolas como terroristas. No es un caso aislado. En Estados Unidos varios cárteles han sido designados formalmente como organizaciones terroristas extranjeras. En Europa el término “mexicanización” circula ya como sinónimo de control territorial, violencia extrema y erosión del Estado. Colombia, que vivió en carne propia el costo de no nombrar a tiempo, entiende la analogía de inmediato. Sheinbaum es, en ese mapa, la excepción.

La palabra “mexicanización” ha cambiado de significado porque la realidad cambió debajo de ella. La Real Academia Española aún la define como el traspaso de bienes extranjeros al Estado mexicano, un término de soberanía económica del siglo XX. Hoy, en el debate internacional, se usa de forma peyorativa para advertir el riesgo de reproducir el modelo de poder de los cárteles mexicanos. Le Pen no hablaba de nacionalizaciones. Hablaba de México como el ejemplo a evitar. Y lo hacía porque el mundo ya asocia el nombre del país a esa realidad.

¿Por qué Sheinbaum se niega a nombrarlo? Porque hacerlo obliga a reconocer que el Estado no tiene el monopolio efectivo de la fuerza en amplias regiones. Obliga a admitir que hay estructuras con financiamiento transnacional, capacidad de imponer reglas y violencia selectiva. Obliga a abandonar la narrativa de que el problema es solo la demanda de drogas o la herencia de gobiernos anteriores. Obliga, en suma, a una estrategia distinta a la que heredó.

En los años ochenta, los presidentes de Colombia declararon públicamente, una y otra vez, su lucha contra los narcos. Los llamaron terroristas de una forma u otra, aceptaron el costo político de nombrar al enemigo y pagaron el precio en sangre y en aislamiento. No resolvieron el problema de un día para otro, pero no lo escondieron. Sheinbaum lleva dos años sin ese gesto mínimo. Hereda la doctrina de “abrazos no balazos”, aunque la haya suavizado en el discurso, y esa línea impide la precisión. Si son solo “grupos delictivos”, basta con programas y detenciones selectivas. Si son organizaciones terroristas, el Estado debe admitir que enfrenta una amenaza de poder.

El silencio no es prudencia. Es negación. Mientras el mundo usa a México como advertencia y redefine “mexicanización” a partir de lo que ve, la presidenta que gobierna el país se niega a usar las mismas palabras. Ese rechazo no es técnico. Es político. Y mientras dure, cada vez que un líder extranjero nombre a los cárteles como terroristas y a México como el escenario a evitar, el daño no será solo reputacional. Será la confirmación de que, en casa, quien tiene la responsabilidad de nombrar las cosas sigue eligiendo no hacerlo.

Ni la presidenta Claudia Sheinbaum ni integrantes de su gabinete (incluyendo Omar García Harfuch) han designado o llamado públicamente a los cárteles “organizaciones terroristas”. Al contrario, han rechazado la etiqueta cuando la usan otros países, argumentando que no puede servir de pretexto para injerencia y que la lucha se da en el marco de la cooperación y la soberanía. Sheinbaum ha insistido en que “ellos pueden nombrarles como quieran, pero no les da derecho a intervenir”.

Aunque mexicanos sigan muriendo a manos de los narcos con costo directo para sus familias y con efectos directos también a la imagen de un país cada día menos atractivo para el turismo global.

Otra vez. Ahora en un mitin en Carolina del Sur, Donald Trump volvió a sacar el mismo número: que Claudia Sheinbaum fue bailarina de ballet y que “no sabe cómo diablos pasó de ser bailarina a presidenta de México”. De paso imitó su voz y recreó —como ya lo ha hecho en múltiples ocasiones— la llamada en la que, según su versión, ella le suplicaba que no le cambiara el nombre al Golfo de México.

No es un chiste suelto. A lo largo de 2026, Trump ha convertido a Sheinbaum en un sketch recurrente de sus mítines. La anécdota del Golfo de América, con la imitación de su voz y los elogios a su “voz hermosa”, la ha contado de forma sistemática: en una cena en Florida en mayo, en Arizona el 14 de octubre, y ahora en Carolina del Sur. Medios mexicanos y estadounidenses ya la describen como algo que “repite por enésima vez”. El ballet es el adorno nuevo, pero el patrón es el mismo: la saca cuando quiere reírse, demostrar quién manda o distraer de otros temas.

Comparado con otros líderes, el trato a Sheinbaum es particular. A Volodymyr Zelenskyy lo ha atacado de forma mucho más agresiva y frecuente: lo llamó “dictador”, lo enfrentó en el Despacho Oval, lo acusó de no querer la paz y recientemente dijo que es “más difícil de tratar que Putin”. A Mark Carney le dice “Governor” y amenaza con convertir a Canadá en el estado 51. A Macron, Starmer y otros europeos les ha lanzado insultos directos sobre su liderazgo o su familia. A Sheinbaum no la trata como adversaria estratégica; la trata como personaje de comedia. Es más bullying que blanco político.

Las respuestas marcan la diferencia. Zelenskyy ha empujado de vuelta, a veces de forma pública y frontal. Otros líderes europeos han intentado calibrar: criticar sin romper del todo. Sheinbaum, en cambio, mantiene la línea institucional casi intacta. Habla de “relación cordial”, insiste en que las conversaciones se centran en comercio y seguridad, y evita el choque personal. Cuando responde al Golfo o a temas de soberanía, lo hace en tono medido y desde el podio de la mañanera, no en el terreno que Trump elige (el mitin y el chiste). El resultado es que el monólogo de él se queda sin réplica equivalente.

Los números de popularidad complican aún más el cuadro. Trump llega a las elecciones intermedias con aprobación en mínimos históricos de su segundo mandato: encuestas de CNN y Reuters/Ipsos lo ubican alrededor del 31-32 %, y promedios nacionales lo sitúan entre el 36 % y el 38 %, con desaprobación cercana o superior al 60 %. Sheinbaum, en cambio, se mantiene cerca del 70 % de aprobación en México (MetricsMx 69.1 %, TResearch 70.1 %, El Financiero alrededor del 70 %) y encabeza los rankings de presidentes latinoamericanos. Él necesita el chiste para su base; ella puede permitirse ignorarlo porque su techo doméstico es alto. Pero el costo de imagen internacional no se mide solo en encuestas internas.

La pregunta no es si Trump se burla. Es por qué la presidenta de México ha normalizado ser el personaje recurrente de los mítines de un hombre cuya popularidad está en el piso, mientras la suya se sostiene cerca del 70 %. La relación “cordial” que ella presume funciona para él: le da un chiste fácil, un contraste cómodo y la sensación de que México es manejable. Para ella, el costo es más sutil: cada repetición del sketch de la bailarina refuerza, fuera de México, la idea de que la presidenta es predecible y útil como blanco. Él se ríe con números bajos. Ella sonríe con números altos. El desequilibrio se nota.

La corrupción de la clase política en América Latina ya no genera indignación: genera asco. Durante años los ciudadanos vieron cómo gobernantes de izquierda —y no pocos de derecha tradicional— convertían el Estado en caja menor, protegían redes clientelares, relativizaban el narcotráfico cuando les convenía y se presentaban como intocables. Cada escándalo se archivaba con un comunicado, un “proceso en curso” o un “ataque de la oposición”. El hartazgo se acumuló en silencio. Y ese hartazgo, sumado a la impunidad, forzó el surgimiento de una derecha radical que muchos ciudadanos aceptaron no porque se convirtieran de la noche a la mañana en ideólogos, sino porque querían ver golpeados a quienes se creían invulnerables.

En Colombia esa presión produjo a Abelardo de la Espriella. El “Tigre” no es un político de oficio. Es un abogado y empresario que llegó a la presidencia en 2026 sin haber ocupado cargos públicos, tras vencer en una segunda vuelta ajustadísima al candidato del petrismo. En cuestión de meses pasó de cazador mediático de narcos y figuras cuestionadas a cazador frontal de autoridades, gobernadores, alcaldes y de la propia estructura de poder que había normalizado la impunidad. Su discurso no pide diálogo con los grupos armados: les da plazos cortos para someterse. No promete reformas graduales contra la corrupción: habla de mano dura, megacárceles al estilo Bukele y de recuperar el orden sin las concesiones que caracterizaron al gobierno anterior.

En un mundo globalizado y conectado, De la Espriella ya trascendió las fronteras colombianas. En los países de la región que aún mantienen gobiernos de izquierda dura, hay miles —quizá millones— de ciudadanos que siguen sus movimientos con atención. No necesariamente porque compartan cada una de sus posiciones, sino porque ven en él la posibilidad de que alguien, por fin, ridiculice y someta a los funcionarios que durante años se presentaron como intocables. Se sientan frente a las pantallas y esperan el siguiente round: el gobernador señalado, el alcalde protegido, el contrato opaco que sale a la luz con nombre y apellido. Es un espectáculo de justicia retributiva que la política tradicional les negó durante décadas.

Decían que Nayib Bukele era extremo. De la Espriella lo supera en varios frentes: en la velocidad con la que escaló de outsider a presidente, en la frontalidad con que confronta a la estructura estatal y en la ausencia de matices que caracterizó su campaña y sus primeros meses de gobierno. El Salvador tuvo su fenómeno; Colombia acaba de instalar el suyo, y la región lo observa.

El problema de fondo no es solo la aparición de estos personajes. Es que la propia clase política de izquierda, al estirar la liga hasta el límite con corrupción, impunidad y desprecio hacia las preocupaciones de seguridad y orden de millones de ciudadanos, creó las condiciones para que surgieran. Cada escándalo no castigado, cada diálogo de paz que se percibía como concesión a criminales, cada funcionario que se burlaba de la indignación popular, tensó más la cuerda. Ahora el resultado está en la Casa de Nariño.

Cuidado. Si en los países que aún resisten esta ola se sigue jalando la liga con la misma lógica —proteger a los propios, minimizar la corrupción cuando es “de los nuestros”, priorizar la narrativa ideológica por encima de la gestión visible—, el próximo espécimen podría ser todavía más radical. La aparición de figuras de este calibre no depende de laboratorios de la derecha internacional; depende, en gran medida, de cuánto más estén dispuestos a tensar los propios gobernantes que se creen intocables. El ciudadano harto no está pidiendo moderación. Está pidiendo resultados contra quienes lo saquearon y lo despreciaron. Y si para obtenerlos tiene que votar por el personaje que hace un año muchos llamaban impensable, lo hará. Y después se sentará, cruzado de brazos, a mirar la pantalla.

La liga ya se rompió. Ahora toca ver hasta dónde llega el golpe.

Cada vez que Claudia Sheinbaum abre la boca para hablar de “la botiza”, hay que contener la risa. O la indignación. La presidenta ha convertido la palabra en su comodín favorito: cuando los trabajadores del IMSS marchan por desabasto y condiciones laborales, no es la gente; es “la oposición y toda la botiza”. Cuando se habla de Teuchitlán, de Generación Z, de medicamentos o de cualquier crítica que le incomoda, la explicación oficial es la misma: bots pagados, millones de cuentas falsas, operaciones de la ultraderecha.

El discurso es simple y efectivo para su base: las quejas no son reales, son fabricadas. Los bots de “ellos” inventan la realidad. Mientras tanto, en Palacio Nacional se presenta Infodemia como oráculo, con cifras redondas de 87 mil, 147 mil o 560 mil cuentas, y montos de 20 millones de pesos en cuatro días. Cifras que, cuando se piden por transparencia, el Sistema Público de Radiodifusión responde que no tiene la metodología ni los datos para respaldarlas.

El problema es que el mismo gobierno que se ofende tanto por “la botiza” ajena tiene la suya. Y no es un secreto de redes: está documentado.

El caso más claro y reciente es el de Alejandro Armenta, gobernador de Puebla por Morena. Investigaciones de Azteca Noticias (Ricardo Raphael y su unidad) desmenuzaron la operación de la empresa Concentra BPO: perfiles falsos, fotos de stock (incluyendo una de Céline Dion), herramientas antidetección, chips de telefonía, grupos de WhatsApp y documentos internos titulados “Black Marketing / Espada TV Azteca”. El objetivo no era sutil: inflar la imagen de Armenta, defender a su coordinador de gabinete y atacar a medios críticos. El gobierno poblano niega y exige “el contrato”, pero los chats, los perfiles y el modus operandi están ahí. Un gobernador morenista usando granjas de bots mientras su partido y su presidenta denuncian exactamente eso en la oposición.

Más atrás, y más cerca del poder federal, está Jesús Ramírez Cuevas. El exvocero de AMLO —que sigue cerca del poder— ha sido señalado durante años como operador de redes de amplificación y bots. Él lo niega con vehemencia (“nunca organizo ejércitos de bots”), pero las acusaciones no son de un solo medio ni de una sola temporada: van desde la forma en que se construían las mañaneras hasta las campañas coordinadas contra periodistas y opositores. Cuando la oposición lo llama “el jefe de los ejércitos más grandes de bots”, no inventa el personaje; solo señala un patrón que el propio gobierno se niega a investigar con el mismo entusiasmo con el que investiga a “la botiza” de los otros.

El doble estándar es grosero. Cuando los bots (o las cuentas coordinadas) hablan mal de Sheinbaum, son una amenaza a la democracia y una operación pagada. Cuando operan a favor de un gobernador de Morena o de la narrativa oficial, son “orgánicos”, “militancia digital” o simplemente no existen. Infodemia se dedica, según análisis de medios, a “desmentir” desproporcionadamente a críticos del gobierno y a defender a AMLO, Sheinbaum y Morena con recursos públicos. El Detector de Mentiras se vuelve, demasiadas veces, un detector de lo que conviene.

Esto no niega que la oposición también use bots, granjas y operaciones sucias. Las usa. El punto es otro: el gobierno que más habla de “la botiza” es el que más poder tiene para operar la suya, y el que menos interés muestra en investigarla. El burro no solo habla de orejas; se las pinta de colores oficiales, las llama “transformación digital” y exige que el resto del país crea que solo los demás las tienen.

Mientras tanto, las demandas reales —del IMSS, de seguridad, de abasto— se diluyen en el mismo discurso: “es la botiza”. Y la botiza de casa sigue operando, documentada o no, con la tranquilidad de quien sabe que el micrófono de la mañanera está de su lado.

Hay un límite para todo, incluso para la voz de una presidenta.

Cada mañana la vemos hablar. Largo, pausado, con la seguridad de quien sabe que el micrófono no se le va a acabar. Los fines de semana la escuchamos en eventos por los estados: más discursos, más promesas, más palabras. Septiembre se lo pasó hablando. Y ahora, cuando uno pensaba que ya no quedaba espacio libre en la agenda, aparece el streaming en vivo por las tardes.

¿No se cansa?

Al parecer no. El formato lo premia: mientras más tiempo al aire, más presencia, más control del relato. Las mañaneras ya son un ritual diario. Las giras llenan el resto. Y el live de la tarde cierra el círculo. El mensaje implícito es claro: no hay momento del día en el que no debas estar escuchándola.

Pero la gente sí se cansa.

No es solo aburrimiento. Es saturación. La misma voz, el mismo tono, los mismos temas, todo el día, todos los días. Después de un rato deja de sentirse como comunicación y empieza a sentirse como ruido de fondo. Uno baja el volumen mentalmente, se salta los clips, cambia de canal aunque la pantalla siga encendida. No hace falta odiarla para hartarse de ella. Basta con que ya no aporte nada nuevo.

La sobreexposición tiene un costo. Cuando alguien ocupa tanto espacio, el resto de las voces se diluye. Las preguntas incómodas se vuelven más difíciles de plantear porque el monólogo ya llenó el tiempo disponible. Y el público, que también tiene una vida y una atención finita, empieza a desconectarse. Algunos por costumbre siguen viendo. Otros simplemente se van.

La política necesita presencia, claro. Pero también necesita silencio. Espacio para que las cosas se digan con menos palabras y más hechos. Espacio para que la ciudadanía no sienta que tiene que estar conectada a una transmisión permanente para no perderse “lo importante”.

Que hable cuando tenga algo que decir. Que lo diga con claridad y se calle. El país no necesita una presidenta que hable sin parar. Necesita una que sepa cuándo ya es suficiente.

Durante años el desabasto de medicamentos se midió en filas de padres de niños con cáncer y en denuncias de derechohabientes. Eso ya cambió. En octubre de 2026 la presión principal no viene de afuera, sino de adentro: médicos, enfermeras y personal del IMSS que bloquean vialidades, toman instalaciones sindicales y convocan marchas porque no tienen con qué atender. A Claudia Sheinbaum le explotó en las manos el problema que heredó de AMLO y que no fue capaz de resolver en dos años de gobierno.

El 11 de octubre la Unidad de Gobierno registró 1,461 manifestantes en 12 entidades y unos 20 puntos. Chihuahua concentró la cifra más alta (600 personas en marcha y concentración frente al Hospital Regional No. 1); Xalapa, Veracruz, sumó 450. El resto se repartió en grupos menores: Sinaloa ~80, Chiapas ~70, Michoacán ~50, San Luis Potosí ~45, Coahuila ~40, Ciudad de México ~35 y cifras todavía más pequeñas en Puebla, Estado de México, Quintana Roo y Yucatán. En otros días y puntos (Ecatepec, Tecámac, Coacalco, Toluca, Monterrey, Campeche) aparecen concentraciones de decenas o cientos. El promedio diario ronda los 1,400. Frente a los casi 475 mil trabajadores del IMSS es un porcentaje bajo, pero el dato relevante no es el volumen absoluto: es que ya no son solo pacientes los que protestan. Es el personal que opera el sistema el que sale a la calle y dice que no puede trabajar.

El origen está documentado. Andrés Manuel López Obrador rompió la cadena de suministro con la centralización de compras, la reducción de intermediarios y la asignación de la tarea a Birmex e INSABI. El resultado fue desorden logístico, deudas con la industria y escasez que en momentos alcanzó niveles cercanos al 30 %. A eso se suman las denuncias persistentes sobre contratos, sobreprecios y entregas incompletas vinculadas a personas cercanas al expresidente, entre ellas Andrés Manuel “Andy” López Beltrán y el empresario Amílcar Olán. En los primeros días de octubre de 2026 padres de niños con cáncer presentaron una denuncia ante la FGR contra ambos por presuntas irregularidades en medicamentos oncológicos. Las alegaciones existen y están formalizadas; su resolución corresponde a la investigación judicial.

Sheinbaum lleva dos años. Su gobierno ha reportado compras consolidadas por cientos de miles de millones de pesos, adjudicaciones altas de claves, distribución a través de “Rutas de la Salud” y promedios de abasto superiores al 97 % en IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar. También ha reconocido, el 12 de octubre, que persisten problemas de desabasto y de distribución interna en el IMSS, que hay fallas tanto de proveedores como de logística propia, y que existen “demandas legítimas” del personal. Se reunió con Zoé Robledo e instruyó acelerar soluciones. Eso es reconocimiento tardío, no solución.

El modelo de compras centralizadas que heredó y continuó sigue generando los mismos cuellos de botella: retrasos, incumplimientos de proveedores, problemas de distribución y faltantes específicos que llegan al mostrador. Las cifras oficiales de abasto miden disponibilidad en almacén o promedios de surtimiento; no miden la receta completa en la unidad ni la capacidad real del personal para atender. Por eso, después de dos años, el conflicto se trasladó del paciente al trabajador. Cuando el propio personal del IMSS bloquea porque no tiene insumos, el discurso de “hemos avanzado muchísimo” se desvanece.

El desabasto no nació con Sheinbaum, pero ya no puede seguir presentándolo como un lastre exclusivo del sexenio de AMLO. Los números de las movilizaciones, el reconocimiento oficial del 12 de octubre y la continuidad de las fallas de distribución muestran que el problema sigue abierto. Ya le explotó en las manos.

Andrés Manuel López Obrador no se resigna a soltar Quintana Roo. Si no pudo quedarse con el estado entero, al menos quiere morder Cancún. El problema es que el alfil que mandó a esa plaza, Rafael “Rafa” Marín Mollinedo, Morena ya le negó la candidatura a priori. No lo nombraron con pase directo este fin de semana, como sí hicieron con Andrea Chávez en Chihuahua (a quien designaron candidata para Ciudad Juárez por pase directo apenas días después de que perdiera la estatal frente a Cruz Pérez Cuéllar) o con Célida López en Sonora (designada también por dedazo candidata para la municipal de Hermosillo tras quedar detrás de Lorenia Valles). A Marín lo mandaron a un proceso abierto de registro para competir de frente contra personajes del partido Verde, como Pablo Bustamante, ex dirigente del PVEM y ex funcionario de la gobernadora Mara Lezama en el Bienestar, y candidatos de Morena cercamos al gobierno como Jorge Sanén, líder del Congreso local.

Eso no es un detalle menor. Cancún (Benito Juárez) lleva años bajo la influencia del Verde y de Jorge Emilio “Niño Verde” González. Pablo Bustamante Beltrán, ex dirigente estatal del PVEM, ex secretario de Bienestar de Quintana Roo y hombre de confianza de Lezama, ya se registró. Junto a él están Jorge Sanén Cervantes (diputado local de Morena, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso y del Consejo Estatal del partido) y Pablo Gutiérrez (secretario del Ayuntamiento de Benito Juárez). Hay más nombres en la lista. El Verde no está de invitado: es el dueño de casa y lo seguirá siendo.

Marín es un cartucho quemado. Su único argumento real es que es fundador de Morena en Quintana Roo y que lleva décadas cerca de López Obrador. Todo lo demás le juega en contra. Dejó la Agencia Nacional de Aduanas de México el 31 de marzo de 2026 en medio de señalamientos por el incremento del huachicol fiscal durante su gestión. Él dice que no tiene nada que esconder y que detectó irregularidades; los reportes periodísticos y el timing de su salida hablan de otra cosa. A eso se suma la percepción, incluso entre parte de sus propios seguidores, de una riqueza difícil de explicar para alguien que ha vivido de la política y del movimiento. Mientras mantenga la esperanza y la cartera abierta, algunos lo ven como mecenas. Eso no suma votos fuera de su núcleo.

El contexto nacional no ayuda. De los 17 coordinadores estatales que Morena ya definió rumbo a las gubernaturas de 2027, la minoría tiene una raíz o una cercanía estrecha y reciente con AMLO. La mayoría son perfiles de gobernadores en funciones, operadores locales o figuras que se alinearon con el segundo piso de la 4T. Claudia Sheinbaum no ha dicho —ni va a decir en la mañanera— que quiere distanciarse de los personajes más ligados a López Obrador. Pero los hechos, después de dos años en el poder, son claros: frente a las cámaras sigue siendo pro-AMLO; detrás de ellas, el espacio de los más cercanos al expresidente se reduce. Estar en el radar de los “amlistas” en estos días no es una ventaja, más bien es un lastre.

AMLO insiste en llevarse una tajada de Quintana Roo, aunque sea Cancún. Su alfil, sin embargo, entra a una competencia real contra el grupo que ya controla el estado y el municipio más importante. El fundador tiene historia; el Verde tiene estructura, operadores y el gobierno local. En esa ecuación, las posibilidades de que López Obrador se quede con Cancún vía Rafa Marín son, por ahora, escasas.

Alfonso Durazo lo dijo en la fiesta, y por eso vale más que cualquier diagnóstico de la oposición. En el Auditorio Nacional, a quince años de que el movimiento se constituyera como asociación civil, el presidente del Consejo Nacional pidió preservar la unidad interna y cuidar la alianza con el PT y el Verde. “Estamos moral y políticamente obligados a continuar juntos”, dijo. Y advirtió que una pelea por el mismo cargo es el error que los adversarios aplauden en silencio.

La unidad no se suplica cuando existe. Se suplica cuando el reparto ya empezó.

Durazo es, además, el caso que pinta al partido mejor que el himno. Militante del PRI desde 1973, secretario particular de Luis Donaldo Colosio, secretario particular de Vicente Fox desde el 17 de julio de 2000 y después vocero de Los Pinos, hasta la renuncia de 2004 por el dedazo hacia Marta Sahagún. Hoy gobierna Sonora y preside el Consejo Nacional de Morena. El hombre que administró la oficina del presidente panista de la alternancia es quien, en el cumpleaños guinda, pide que no se rompa la coalición. No es una anécdota. Es el organigrama.

El partido que nació contra el régimen se llenó de quienes hicieron carrera en ese régimen. No llegó solo el voto. Llegaron los operadores, las lealtades territoriales y la costumbre de resolver la sucesión en lo oscuro. A los XV, esa costumbre ya no cabe en el relato de la regeneración.

Los datos del mes lo confirman. Rumbo a 2027 hay 17 gubernaturas en juego, doce de ellas hoy en manos morenistas. El proceso interno para nombrar coordinadores se cerró entre gritos, no entre aplausos. En Sonora, al tomar protesta Lorenia Valles, le gritaron fraude y la señalaron como la candidata del gobernador: del mismo Durazo que al día siguiente pedía unidad. En Nuevo León la alianza impuso a Clara Luz Flores por encima de Tatiana Clouthier. En Nayarit la encuesta la ganó un hombre y la coordinación se ajustó por criterio de género. En Baja California Sur la división quedó marcada. San Luis Potosí competirá solo, sin PT ni Verde, excepción que delata la regla: la coalición ya no es automática.

Eso no es un movimiento. Es una negociación de cuotas con mañanitas de fondo.

Morena puede presumir lo que ningún partido reciente presume: dos presidencias, la mayoría de los estados, millones de militantes en el padrón. También puede presumir que el fundador no fue al Auditorio y que la presidenta no acudió por tratarse de un acto de partido. El árbitro histórico no está en la sala. El que habla en su lugar es el ex secretario particular de Fox, pidiendo que las ambiciones no se coman la marca antes de 2027.

Quince años después, la unidad es un llamado de auxilio dicho desde el presidium. Quien tuvo que pedirlo acaba de confesar que no la hay. Y quien la pidió es, en la práctica, lo que Morena llegó a ser.

El roce ya estaba escrito. No hacía falta que el Wall Street Journal lo contara para saber que Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch iban a chocar. Lo que el diario aporta es el escenario y los nombres: Palacio Nacional, al amanecer, el gabinete de seguridad en la mira, y Harfuch —el colaborador más cercano— recibiendo la reprimenda más dura. El motivo fue el congelamiento de cuentas de mexicanos que Washington señala por presunta protección al cártel de Sinaloa. Ella no quería que sus hombres dieran por buenas las acusaciones de Estados Unidos. Habló, según esas fuentes, de un intento de desestabilizar a México y a su gobierno. Y aun así autorizó el bloqueo, para no empeorar la relación bilateral.

Ahí está todo el gobierno de Sheinbaum en una sola escena.

Harfuch es su único aliado de verdad. No el aliado de partido, no el aliado de tribuna: el aliado de oficio. Es un sabueso. No se va a detener porque la presidenta le frunza el ceño una mañana en Palacio. Y, en el fondo, ella tampoco quiere amarrarlo. Lo necesita. Lo que no puede es decirlo en voz alta. Tiene encima dos losas. Una es Andrés Manuel López Obrador y los suyos. La otra es la suya: una trayectoria ideológica familiar larga, de izquierda comunista, que no se quita con un discurso de soberanía. AMLO nunca ha tragado a Harfuch. Ese roce no es de ahora; es de años, y ha sido también un roce entre el expresidente y su sucesora. Ella lo nombró, lo sostuvo y lo dejó operar. Él no se lo perdona.

Por eso el episodio de Baja California duele más de lo que parece. El WSJ pone sobre la mesa a Carlos Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, acusado de usar su influencia para facilitar al cártel y cubrirlo frente a las autoridades estatales; a su hermano Luis Alfonso Torres, señalado de mover dinero ilícito hacia la política y las campañas; a Rafael Buenrostro, excolaborador de Ávila, jefe de la Aduana de Ciudad Juárez en 2025 y hoy impulsor de Julieta Ramírez, la candidata de Morena en el estado; y a Pedro Mendívil, exjefe de la Policía de Mexicali, cuya hermana, Dulce María Mendívil, subsecretaria Anticorrupción del mismo gobierno, también promueve a Ramírez. No es un expediente de delincuentes anónimos. Es el entorno de una gobernadora del oficialismo, y de la sucesión que Morena quiere armar en Baja California. Congelar esas cuentas es meterle la mano al aparato. No congelarlas es regalarle el argumento a Washington.

Sheinbaum quiere las dos cosas y no puede. Quiere el sabueso, porque sin él la seguridad se le cae, y quiere la paz con el obradorismo, porque sin esa paz el partido se le insubordina. Harfuch, mientras tanto, sigue la pista de Andy López Beltrán y de lo que queda del círculo familiar del expresidente. No es un ajuste de cuentas personal: es el único camino que tiene un policía de ese perfil si de verdad va a perseguir el dinero. Si algún día llega a la presidencia, Morena y el obradorismo no sobreviven a ese estilo. Los sepulta. No por discurso, por expediente.

El otro pesar es Washington. Harfuch cuenta con la simpatía y el apoyo de los estadounidenses. Para Sheinbaum eso es un activo y una condena. Activo, porque mantiene abierta la cooperación que ha evitado lo peor. Condena, porque cada gesto de Harfuch hacia el norte se lee, en la parcela de AMLO, como entrega. Trump, por su lado, no deja pasar la oportunidad: ante su electorado se burla de ella cada vez que le conviene. Estados Unidos no va a tolerar indefinidamente, en su frontera sur, un gobierno alineado a la izquierda con una presidenta de formación socialcomunista que administre los cárteles con eufemismos de soberanía. La presión no va a bajar. Va a cambiar de forma.

A los mexicanos, todo esto nos suena raro. Hay una tradición larga, obvia, de vecindad con Estados Unidos. Se comercia, se cruza, se pelea y se arregla. No estamos acostumbrados a la consigna de vivir en pleito permanente con los gringos. Las hordas de Morena le dan cuerda a Sheinbaum y a AMLO, sí, pero por interés: cargo, candidatura, contrato, impunidad. El país, el que madruga y paga nómina, no se enlista en esa guerra.

La presidenta puede regañar a Harfuch al amanecer. Puede hablar de desestabilización. Puede citar a la soberanía en el Zócalo. Lo que no puede es deshacer el hecho: el sabueso ya olió el rastro, los nombres ya están en la lista del Tesoro, y la losa de AMLO pesa más cada semana. O lo suelta, o la losa la parte.

Dos semanas, dos estados panistas y la misma presidenta: Claudia Sheinbaum anuncia el golpe y corrige después, cuando el hecho ya no coincide con el relato.

El 17 de septiembre la Fiscalía General de la República aseguró 59 millones 36 mil 870 litros de combustible en una terminal de La Fragua, San José Iturbide, Guanajuato: 33,5 millones de gasolina regular, 7,3 de premium y 18,3 de diésel, más diez tanques y unidades de carga.

La pista venía del 3 de julio, de una pipa de 33 mil litros en San Luis de la Paz. En el predio grande no hubo detenidos. Sheinbaum lo llevó a la mañanera como nueva línea de investigación y como golpe al huachicol. El operativo se vendió como el mayor decomiso del sexenio.

La terminal no era clandestina. La opera Gas Natural del Noroeste, de Grupo SIMSA, con permisos de almacenamiento desde hace unos nueve años. La empresa dijo que el combustible no es suyo, sino de clientes permisionarios.

La FGR respondió que no todas las empresas habían entregado la documentación y atrajo el caso a la Fiscalía de Delincuencia Organizada. Asegurar litros de origen no acreditado es una cosa. Decomisar 59 millones de litros de huachicol es otra. Lo primero ocurrió. Lo segundo lo dijo la presidenta antes de que el expediente lo sostuviera.

El lunes 5 de octubre se repitió, ahora en Querétaro. Sheinbaum reclamó que Mauricio Kuri y el embajador Ronald Johnson hubieran colocado la primera piedra de una academia policial internacional sin avisar a la Secretaría de Relaciones Exteriores ni al Gabinete de Seguridad.

Dijo que no era delito, pero que había que exhibirlo, y ordenó al canciller Roberto Velasco llamarlos. El mismo día apareció el oficio con el que el gobierno de Kuri sí informó a la cancillería, y las fotos de representantes de la Sedena, la FGR y la Guardia Nacional en el acto. El desaire se desinfló.

Guanajuato y Querétaro no son el escenario accidental. En los dos gobierna el PAN, y en los dos el relato salió de Palacio Nacional. No hace falta una conspiración para ver el método: Sheinbaum exhibe antes de cerrar el expediente y, cuando el papel no alcanza, queda la frase de que hay que investigarlo.

En Guanajuato, huachicol donde había una terminal permisionada. En Querétaro, silencio donde había aviso.

El huachicol existe, y una academia policial con un embajador extranjero sí exige canal federal. Por eso no se puede quemar el caso en la mañanera. Quien anuncia el delito antes de la prueba, y el desaire antes del oficio, termina defendiendo el micrófono.

Dos pifias consecutivas no son de la Fiscalía ni del gobernador de turno. Son de Sheinbaum.

La pregunta ya no es de especulación. Es de acta. Entre 2024 y 2026 la región cambió de signo en siete presidencias —Panamá, Uruguay, Bolivia, Chile, Honduras, Perú y Colombia— y el Latinobarómetro 2026, con 19.207 entrevistas en 17 países, anota el resultado: de los 18 países que mide, once quedaron gobernados por la derecha y la izquierda solo ganó en Uruguay. El apoyo a la democracia se sostiene en 52 %. El apoyo al gobierno que no entrega seguridad, no.

Los márgenes dicen más que los eslóganes.

En Chile, José Antonio Kast se impuso el 14 de diciembre de 2025 con 58,6 % frente a 41,4 % de Jeannette Jara.

En Bolivia, Rodrigo Paz cerró en octubre de 2025 casi dos décadas de MAS: 54,5 % contra 45,5 %, en una segunda vuelta donde los dos finalistas estaban a la derecha del centro.

En Colombia, Abelardo de la Espriella ganó el 21 de junio de 2026 por 49,66 % contra 48,70 %: unos 251.000 votos de diferencia, el margen más estrecho en décadas, suficiente para sacar al primer gobierno de izquierda de la historia del país.

En Perú, Keiko Fujimori pasó con 50,13 % frente a 49,86 %, menos de 50.000 sufragios. No hace falta una mayoría aplastante para leer el castigo. Hace falta que el elector haya decidido que el oficialismo no le resolvió la calle.

Brasil es la prueba que falta. Ayer, con 99,9 % de las urnas, Flávio Bolsonaro obtuvo 47,03 % —56,1 millones de votos— y Lula 45,16 % —53,8 millones—. Nadie llegó a la mitad. La segunda vuelta es el 25 de octubre. El Partido Liberal y sus aliados ya avanzaron en el Congreso. Si el hijo del expresidente gana, el mapa queda casi cerrado. Si gana Lula, Brasil será la excepción grande, no la regla.

Uruguay volvió al Frente Amplio en 2024.

México sigue con Morena.

El resto de la segunda marea rosa se fue en un ciclo.

¿Por qué?

El propio Latinobarómetro lo formula sin romance: la mano dura se activa con el miedo al crimen organizado.

En Costa Rica, 89 % dice que un poco de mano dura no viene mal; en Argentina, 33 %. La distancia no es ideológica. Es de experiencia. Quien gobernó y no bajó la extorsión, el homicidio o el control territorial pagó en la urna. Quien prometió orden, cobró. No es un programa único. Es un criterio de despido.

México ilustra el criterio y también su límite. El 17 de octubre de 2019 el Ejército detuvo a Ovidio Guzmán en Culiacán hacia las 15:15. A las 18:49 el Gabinete de Seguridad ordenó cancelar la operación y retirarse. El capo salió libre. Volvió a caer en 2023, ya para extraditarlo. El parte de la Sedena no habla de una derrota militar: habla de una orden. En el sexenio de López Obrador el promedio diario de homicidios dolosos llegó a tocar los 100 casos. El Secretariado Ejecutivo presume ahora, bajo Sheinbaum, una caída del promedio de 86,9 diarios en septiembre de 2024 a 40,8 en agosto de 2026. Si la cifra se sostiene, será el argumento más fuerte de la izquierda mexicana. Si no, será otro oficialismo midiendo el mismo reloj.

Nadie ha erradicado el delito.

El Salvador de Bukele bajó homicidios con estado de excepción y encarcelamiento masivo, y ese resultado —no el método— se volvió el estándar de campaña en media región. Ecuador intentó copiarlo y, tras cientos de días de excepción, registró picos históricos de homicidio: la promesa gana elecciones y no siempre gana la calle.

La pregunta incómoda es anterior al modelo. Si el Estado tiene el monopolio de la fuerza y no lo usa contra quien extorsiona y mata, ¿a quién favorece esa omisión? Al ciudadano que paga piso, no. Al grupo que opera, sí. Cuando además hay una orden expresa de devolver a un detenido, la discusión semántica sobra.

No estoy firmando un acta de defunción. Estoy leyendo actas electorales. La izquierda no desaparece: queda en México, en Uruguay y, quizá, en Brasil. Se diluye donde gobernó y la seguridad empeoró o se percibió así. El 25 de octubre en Brasil no va a responder si la derecha tiene razón. Va a responder si el elector sigue usando la misma vara.

Ya está el tablero. De las 17 coordinaciones estatales —ese eufemismo con el que Morena tuerce la ley electoral— todas ya tienen nombre. Chihuahua cerró pasada la media noche con Cruz Pérez Cuéllar, alcalde con licencia de Ciudad de Juárez. Andrea Chávez, la figura joven con más proyección nacional y el grupo que la empujaba, se queda fuera. No es un detalle local. Es la fotografía de todo el proceso.

De 277 aspirantes registrados en junio —113 de Morena y el resto de Verde y PT, según el propio corte del partido— quedaron 17.

El Verde se lleva al menos dos coordinaciones claras y una tercera que huele a cuota: Jasmine Bugarín en Nayarit y Manuel Cota Cárdenas en Baja California Sur. En Nayarit la encuesta la ganó Héctor Santana, alcalde con licencia de Bahía de Banderas; Montiel lo reconoció en voz alta y de inmediato aplicó “ajuste de paridad”. En BCS, Cota —diputado del Verde, hijo de Leonel Cota, el exgobernador ligado al desastre de Segalmex— se impuso a Milena Quiroga, que abandonó el evento antes del anuncio.

El PT, en cambio, no aparece en ninguna de las 17. Cero. Geovanna Bañuelos en Zacatecas, Christian Agúndez en BCS, Montserrat Caballero en Baja California: todos fuera. Alberto Anaya ya lo dijo sin maquillaje: “una vez más nos pisotean”. No es rabieta. Es aritmética.

El método oficial era la encuesta. El método real fue el filtro. Primero el estatuto: no deudores alimentarios, no familiares de gobernadores en funciones, no antecedentes penales. Después el filtro que nadie pone en el comunicado: que la justicia de Estados Unidos no tenga el nombre a la mano.

Abril de 2026 no fue un mes cualquiera. El Departamento de Justicia pidió la detención con fines de extradición de diez personas, entre ellas Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza. Sheinbaum denunció injerencia y preguntó en el Zócalo si Washington quería ser el primer elector de 2027. Al mismo tiempo, Morena endureció los requisitos y la Comisión Nacional de Elecciones empezó a descartar perfiles “incómodos”. No es teoría de la conspiración. Es secuencia. Un proceso que se vende como decisión del pueblo se vuelve, en la práctica, un ejercicio de contención de riesgo diplomático.

¿Cuántos de esos 17 son de Sheinbaum?

Pocos, si se mira con rigor. Santiago Nieto en Querétaro es el más nítido: salió del IMPI para competir, viene de la UIF de AMLO y del primer círculo de Palacio. El resto es un mosaico de equilibrios.

Beatriz Mojica en Guerrero, Imelda Castro en Sinaloa, Lorenia Valles en Sonora, Ana Lilia Rivera en Tlaxcala, Julieta Ramírez en Baja California, Nora Ruvalcaba en Aguascalientes. Senadoras con licencia, cuadros territoriales, gente que no genera titulares en el Southern District of New York.

Clara Luz Flores en Nuevo León es otra sorpresa: perdió feo en 2021 y ahora regresa como carta de unidad.

Verónica Díaz en Zacatecas carga el sello Monreal.

Elí César Cervantes en San Luis Potosí —único estado sin coalición— es un perfil bajo, de consenso, porque el Verde ya gobierna ahí y Ruth González no podía pasar el filtro antinepotismo con Morena.

Las sorpresas inesperadas no son menores.

Cota en BCS. Bugarín en Nayarit contra el ganador de la encuesta. Cruz Pérez en Chihuahua, ex panista de más de 20 años, con 48 denuncias y procedimientos ligados a su gestión en Juárez, según ha documentado Javier Corral, y con versiones —que él desmiente— de interés de autoridades estadounidenses.

Gino Segura en Quintana Roo. Un tablero pensado menos para ilusionar a la militancia que para no regalarle a Washington un titular en campaña.

Los morenistas marginados no se van a quedar callados. Tienen estructura, padrón y rencor. Andrea Chávez en Chihuahua. Milena Quiroga en BCS. Geraldine Ponce y Héctor Santana en Nayarit. Los grupos que apostaron a Félix Salgado o a los delfines de gobernadores y se toparon con el discurso antinepotismo selectivo. Algunos se quedarán a negociar diputaciones, alcaldías y plurinominales. Otros ya midieron la temperatura en partidos nuevos o en el propio PT, que necesita oxígeno después de salir con las manos vacías. La historia reciente dice que el que se va con capital político no siempre pierde: a veces solo cambia de sigla y cobra más caro.

Ariadna Montiel prometió publicar las encuestas “detalladamente, una por una”, cuando terminen las 17. Ya para qué.

En Nayarit admitieron que no ganó quien encabezó la medición. En varios estados los resultados se reservaron durante semanas. Sheinbaum pidió transparencia; Montiel aceptó… después de haber cerrado el trato.

La encuesta que se anuncia al final no es mecanismo de decisión. Es acta de defunción del argumento.

El Verde se sienta a la mesa con dos o tres gubernaturas en la mano. El PT se queda de pie. Morena conserva el control, pero no la cohesión. Y sobre el escritorio, aunque nadie lo ponga en el comunicado, está el sello de un Departamento de Justicia que no vota en México, pero sí condiciona quién puede aparecer en la boleta sin que se le caiga la candidatura a mitad de camino. Eso no es soberanía. Es supervivencia. Y se nota.

No volvió por Tolstói. Volvió porque el cerco se le está cerrando al hijo y el silencio ya no le alcanza. Los gringos le están respirando en la nuca a Andy. El libro es el pretexto. El mensaje es otra cosa. Andrés Manuel López Obrador reapareció desde La Chingada para presentar “Pueblo” justo un día después de que The New York Times revelara que dos agencias de Estados Unidos examinan señalamientos contra Andrés Manuel López Beltrán por presuntos vínculos con el crimen organizado y el contrabando de combustible. El diario precisa que aún no hay investigación formal. Da igual para el timing: la nota cayó, el video salió. Esa coincidencia no es literaria. Es política. Es desesperación.

El viejo truco consiste en sacar un tomo para poder hablar de todo lo demás sin admitir que se está hablando de lo demás. AMLO dice que no quiere ser el poder detrás del trono. Traducción habitual: eso es exactamente lo que extraña. Dice que Sheinbaum es garantía y continuidad. Traducción posible: la ve titubear, le mete ruido y le recuerda quién sigue dictando el relato. La elogia para no parecer que la corrige. La corrige sin parecer que la toca.

En el video reaparece la liturgia de siempre: el pueblo manda, los adversarios ya no son derecha sino “neofascismo”, Estados Unidos injerencista, los medios enojados porque ya no se roban el país. Y las redes. Esas redes que cuando le servían eran plaza pública y cuando lo lastiman se vuelven granja enemiga. Ayer eran el altavoz de la transformación. Hoy, según el cuento, están controladas. ¿Por quién? Por los de siempre: Washington, las plataformas, China si hace falta un villano extra. Lo que no dice es lo obvio: ya no las maneja como antes. Cuando la red le convenía, era instrumento. Cuando crucifican a Andy un día sí y el otro también, se vuelve complot.

Hay memoria. El mismo personaje que denunciaba bots, publicistas y mentiras digitales construyó buena parte de su hegemonía en esas plataformas. Las usó, las alimentó, las sermoneó y las administró desde Palacio. Ahora que el hijo aparece en expedientes, testimonios, revocación de visa y notas internacionales, las redes dejaron de ser benditas. Se volvieron malditas. No porque hayan cambiado de dueño de la noche a la mañana. Porque cambiaron de resultado.

El círculo es estrecho y ya no se disimula. Andy en la mira de agencias estadounidenses, según el Times. Amílcar Olán, el amigo de los hijos, localizado en Suiza mientras la Fiscalía dice que “no hay nada” y Sheinbaum se lava las manos con la fórmula de “que actúe la Fiscalía”. El SAT ha señalado perjuicios millonarios en importaciones de diésel ligadas a ese entorno. La FGR niega carpetas con “fuerza legal”. El gobierno federal, a ratos, admite revisiones. El país asiste a un ballet de comunicados: hay humo, no hay imputado de apellido López, y el empresario cercano aparece lejos.

En agosto, cuando a Andy le quitaron la visa, salió una carta a Trump que parecía calcada del padre: Estados Unidos decadente, odio, racismo, drogadicción, tristeza, halcones, canallada, estilo hitleriano, “el otro Trump”. Firmaba el hijo. El oído mexicano reconoció la pluma. Da lo mismo si la tecleó uno u otro. El estilo no se hereda por accidente. Se dicta.

Por eso el libro no es un retiro intelectual. Es un puente para intervenir sin asumir el costo de intervenir. AMLO anuncia que su siguiente obra será sobre Estados Unidos justo cuando Washington le respira en la nuca a su familia política. Habla de soberanía cuando lo que está en juego es el expediente del hijo. Habla de pueblo cuando lo que defiende es el clan. Habla de no meterse y se mete con un video de más de una hora.

También llega en mala hora para Morena. No hace falta inventar un naufragio completo para ver la grieta: el partido ya no es solo movimiento; es botín, encuesta, candidatura y rencor interno. El fundador reaparece a bendecir el barco y, de paso, a recordar que sin él el timón se siente más flojo. “La mejor presidenta del mundo” suena a homenaje. En boca de quien no soporta ceder el micrófono, también suena a recado: ordena, controla, no dejes que te rebasen, no se te vaya el relato.

López Obrador reaparece en un momento en que la presidenta Claudia Sheinbaum hace malabares tratando de tomar el control, de asumir el poder a plenitud, ese que parece se le escapa de las manos cada vez que hace un intento por ejercer a plenitud.

Nadie está condenado en un tribunal por un libro ni por una nota del Times. Eso hay que decirlo. También hay que decir lo otro: un expresidente no elige al azar el día en que rompe su autoaislamiento. No elige al azar hablar de redes “controladas” cuando su hijo es tendencia por las peores razones. No elige al azar reivindicar al pueblo mientras pide, en los hechos, que el pueblo no mire hacia Tabasco, hacia los contratos, hacia el huachicol fiscal, hacia Lugano.

El truco es viejo pero no siempre es eficaz. Se envuelve en papel, se unta de historia patria y se despacha como lección moral. Debajo no hay un sabio que extraña la lectura. Hay un caudillo que extraña el mando. Y un padre que, cuando Estados Unidos se acerca demasiado a Andy, saca un libro para poder gritar sin decir el nombre que más le duele.

Combatir a librazos al enemigo no parece tan buena idea en una época en que las redes y el video se impone por encima de la palabra escrita, tan es cierto, que por eso AMLO mejor sale en directo en YouTube hablando, hablando, bla, bla, bla.

El 1 de septiembre la Constitución le pide una sola cosa: un informe por escrito al Congreso. Artículo 69. Las Cámaras lo glosan. Los secretarios comparecen. Ahí se acaba el mandato. No hay templete en Durango, no hay tres estados el mismo domingo, no hay Zócalo para cerrar el loop. Eso lo inventó ella. Lo dijo en voz alta: la Carta Magna pide el informe una vez al año; ella decidió darlo en las 32 entidades. Ya lo había hecho en 2025. En 2026 lo repitió. Nadie más en la historia presidencial de México montó el informe como gira de asambleas. Fox, Calderón y Peña compraron spots. AMLO recorrió el país por obras y se despidió. Lula y Bolsonaro persiguen votos en los estados que les sirven. El State of the Union dura una noche. Petro llena plazas el mismo día, no 33 veces el mismo texto. El revolú es de ella. Es Claudia Sheinbaum.

Septiembre se lo comió entero. Del discurso de Palacio al cierre del Zócalo hay 27 días. Un cálculo prudente de su tiempo personal —micrófono, protocolo, avión, mañaneras de gira, briefing de cada estado— ronda las 190 horas. Siete horas diarias de promedio; doce o dieciséis cuando el fin de semana es Juárez-Tijuana-La Paz-Culiacán.

¿A qué hora gobierna? Gobierna esto. El mes no fue administración. Fue circuito.

El costo no está en una factura. La opacidad es parte del método. Lo que se puede armar con contratos parecidos y pauta visible no es menor: un solo mitin suyo en el Zócalo ya le costó a Segob 18.5 millones solo de escenario; el IMSS y Bienestar se gastaron más de 80 millones el año pasado en campañas de “primer informe”; este año Meta deja ver al menos 9.5 millones en Facebook, otra vez con el IMSS de punta de lanza.

Suma producción de 32 asambleas, convoy aéreo de Defensa y Marina, operativo, spots, cierre capitalino, y el piso realista se mueve entre 250 y 350 millones de pesos.

El techo, si la pauta completa copia el patrón de 2025, se acerca al medio millar.

El acarreo, si lo hubo, no está auditado: por eso no entra al número. Aunque entre, la pregunta no cambia. Ese dinero no es “rendición de cuentas”. Es campaña con cargo al erario, disfrazada de informe, en un país que no está en guerra y sí está hasta el cuello de inseguridad, de expedientes que no caminan y de gobernadores que Estados Unidos nombra en acusaciones mientras en el templete se habla de soberanía.

La cantaleta es la misma. Distinto titular, mismo bloque. Medios que el resto del año pegan, el domingo del Zócalo publican el acto en plano. Gacetilla o disciplina de mesa: da igual. El ciudadano ya vio el discurso. Lo vio el 1, lo vio en la mañanera, lo vio en el estado de al lado. No necesita a la presidenta en cada plaza para saber que el gobierno se declara honesto. Necesita que alguien despache lo que no se resuelve a grito.

Sobreexposición no es cercanía. Es hartazgo.

Un mes de la misma frase, la misma foto oficial, el mismo “no estás sola”, mientras el trabajo sucio —seguridad, justicia, operación— no cabe en el templete.

Ningún presidente del planeta convirtió el informe anual en 33 mítines idénticos como política de Estado. Ella sí. Dos años seguidos. Recursos públicos. Tiempo presidencial. Agenda nacional secuestrada por un formato que la Constitución no pidió y que los mexicanos no contrataron.

Por eso no es un capricho de redes. Es la cuenta. Ya chole, Claudia.

En la noche del jueves ya casi a media noche, el INE adoptó el gris como color institucional. Lo anunció como símbolo de neutralidad. Es falso. El instituto no es imparcial. El gris no tapa eso.

Morena hace campaña abierta: nombra coordinadores estatales, recorre entidades, publica encuestas y define candidaturas fuera de tiempos. El árbitro no pone freno.

En 2024, el bloque oficialista obtuvo cerca del 55% de los votos y se quedó con más del 70% de la Cámara.

Ahora el INE evita aplicar a tiempo la afiliación efectiva que impediría repetir esa sobrerrepresentación en 2027.

La Comisión de Quejas ordena al PRI borrar “narcopartido” y “narcogobierno”. Al mismo tiempo, el oficialismo se adelanta sin la misma energía punitiva.

Los 11 consejeros fueron designados en la era 4T. Taddei preside con familiares en gobiernos afines. Los últimos nombramientos llegaron con el sello del Congreso oficialista. Una reforma le dio a la presidencia más poder para controlar áreas clave sin acuerdos del Consejo.

La Secretaría Ejecutiva ha sido un relevo constante de encargados. El Tribunal ha tenido que corregir al propio INE, como en los filtros de observadores electorales.

Eso no es un árbitro autónomo. Es un órgano dominado por el Gobierno Morena-4T.

El gris no es imparcialidad. Es maquillaje. La irregularidad sigue intacta.

En el arranque del proceso electoral, el 10 de septiembre, exhibieron a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, al lado de Taddei. No organizaba casillas ni vigilaba el padrón: no tenía nada que hacer ahí. Desde 1996 ningún titular de Segob se había plantado en un acto de ese tipo. La pusieron para que se viera claro quién manda en las elecciones: el Gobierno, no un árbitro autónomo.

Hay un dicho mexicano que no necesita traducción diplomática: el que se ríe se lleva, y el que se lleva se aguanta. Sirve para la carrilla de patio y, con más cuidado del que suele admitirse, también para la relación entre un país y su vecino armado. Ayer, Claudia Sheinbaum lo puso en práctica sin nombrarlo. No contestó a Donald Trump con un comunicado de Cancillería. Contestó con ironía, se río. Y la ironía, cuando se usa frente a un presidente que amenaza con el Ejército más poderoso del mundo, deja de ser un adorno retórico: se vuelve una apuesta.

Trump había dicho el martes, ante la Asamblea General de la ONU, que México es “el epicentro de la violencia de los cárteles”, que es “inaceptable” compartir dos mil millas de frontera con un territorio “controlado por cárteles enemigos” y que, si fuera necesario, Estados Unidos usaría su “ejército sin igual” para proteger intereses vitales. En el mismo discurso elogió la “muy buena relación” con el gobierno mexicano y afirmó que “ellos tampoco quieren a los cárteles”. Sheinbaum eligió no pelear la frase más dura. Eligió voltearla. “Yo podría decir: es muy difícil vivir junto a un país que tiene un nivel tan alto de consumo de drogas ilícitas. O podría decir: es muy difícil vivir junto a un país que tiene tanta producción de armas. Pero no lo voy a decir… porque tenemos buena relación”. La sala rió. La presidenta también. El mensaje quedó dicho dos veces: una por lo que pronunció y otra por lo que fingió no pronunciar.

Ese giro no nació el miércoles. Es el final —por ahora— de una curva.

En enero de 2025, cuando Trump volvió a la Casa Blanca y el peso tembló ante la amenaza de aranceles del 25 por ciento, Sheinbaum pidió “cabeza fría” y leer las órdenes firmadas, no la retórica. Esa frase recorrió Bloomberg, Reuters y buena parte de la prensa internacional. No era solo un eslogan. Era una doctrina: no morder el anzuelo, no personalizar, no competir en volumen con un interlocutor que vive del volumen. En febrero y marzo, las llamadas de último minuto lograron pausas arancelarias. Trump le dijo “you’re tough” y la llamó “wonderful woman”. The New York Times, Politico y Los Angeles Times construyeron el relato de la “Trump whisperer”: la científica de izquierda que no se enoja en público, cede en migración y fentanilo lo suficiente para comprar tiempo, y cobra en soberanía declarada lo que paga en cooperación efectiva. El 31 de enero de 2025 aún insistía: diálogo de iguales, sin subordinación, con la dignidad por delante.

Esa estrategia no era ingenuidad. Era contención. México envió Guardia Nacional a la frontera, extraditó capos, desmanteló laboratorios y aceptó una agenda de seguridad que Washington podía exhibir. A cambio, Sheinbaum evitó la pelea de ego que hundió a otros líderes en el mismo periodo. El costo interno existía —concesiones, presión sobre el aparato de seguridad, la sensación de que el vecino dictaba el tempo— pero el beneficio era claro: no abrir un frente comercial y militar al mismo tiempo.

El talante empezó a endurecerse cuando Trump dejó de hablar solo de aranceles y pasó a hablar de territorio. En mayo de 2025, el estadounidense reveló que le había propuesto enviar militares a México y que ella había dicho que no; añadió que Sheinbaum tenía “tanto miedo de los cárteles que no puede pensar con claridad”. La presidenta confirmó el rechazo y lo convirtió en línea roja: coordinación sí, tropas extranjeras no. Aun así, el tono público seguía siendo el de la contención. No devolvía el insulto. Devolvía la norma.

El salto cualitativo llegó en enero de 2026, después de que Washington exhibiera en Venezuela lo que es capaz de hacer con un operativo terrestre. Trump dijo que los cárteles “gobiernan México” y que Estados Unidos empezaría a “pegar en tierra”. Sheinbaum habló de “coordinación sin subordinación”, descartó la intervención y pidió a su canciller que apretara el canal con el Departamento de Estado. En marzo, cuando Trump la exhibió en una cumbre regional por haber rechazado su “ayuda”, ella respondió con una frase que ya no era solo técnica: “Está bien que el presidente Trump diga en público que cuando propuso enviar a los militares estadounidenses a México dijimos que no. Porque esa es la verdad”. La cabeza fría seguía ahí. La ironía todavía no. Pero el pulso ya era otro: ya no bastaba con no engancharse; había que dejar constancia, ante la audiencia mexicana, de que el “no” existía.

En septiembre de 2026 el expediente se volvió rutinario y, por eso, más peligroso. El 16, Trump reconoció decomisos, laboratorios y la caída de figuras como “El Mencho”, y al mismo tiempo exigió “acciones adicionales” contra organizaciones que, dijo, dominan vastas zonas del territorio mexicano. Sheinbaum contestó que México no necesita que lo juzguen desde fuera y preguntó qué hace Washington con su propio consumo, su lavado y sus armas. El 18 habló de una llamada “muy buena” y de avances hacia un acuerdo comercial. El 22, Trump llevó el diagnóstico a la ONU. El 23, Sheinbaum dejó la paráfrasis institucional y entró al juego de las frases que se recuerdan.

Hay que ser precisos para no falsear el cuadro. Lo de ayer no fue una ruptura con la doctrina de la cabeza fría. Fue su mutación. Sheinbaum no llamó loco a Trump, no lo apodó, no amenazó. Usó el recurso clásico del que quiere marcar territorio sin declarar la guerra: decir la ofensa y negarse a decirla. Eso es más sofisticado que un gritito nacionalista. También es más ambiguo. Porque el destinatario no es solo la prensa mexicana que ríe en la mañanera. El destinatario es un hombre que interpreta la ironía como desafío o como debilidad, según el día, y que ya ha dicho —no una vez, muchas— que está dispuesto a actuar contra cárteles en México, incluidos los nudos de protección política que Washington llama, con vaguedad útil, “narcopolíticos”.

¿Le sirve a México una presidenta que se relaja y entra a los dimes y diretes con ese vecino? La respuesta honesta es que sirve para una cosa y estorba para otra.

Sirve hacia adentro. Una jefa de Estado que solo traga y sonríe termina pareciendo administradora de la agenda ajena. La réplica irónica le devuelve agencia simbólica: México también puede nombrar el mercado de las drogas y la industria de las armas del otro lado. En un país donde la soberanía no es un concepto de seminario, sino memoria viva de intervenciones, esa frase tiene valor político. Consolida la imagen de firmeza que el propio Trump dijo respetar.

Estorba hacia afuera si se convierte en hábito. Trump no es un columnista al que se le gana con un cierre elegante. Es un presidente que mezcla elogio y amenaza en el mismo párrafo, que premia la deferencia visible y castiga lo que lee como burla, y que tiene a su alrededor voceros que llevan meses empujando la tesis de que México no controla su territorio. Con ese interlocutor, la risa propia puede ser leída como invitación a subir la apuesta. El dicho popular, aplicado con seriedad, avisa exactamente eso: quien entra al juego de reírse del otro acepta que el otro se ría —o golpee— después.

El riesgo no es teórico. La relación bilateral de 2025-2026 ha sido una montaña rusa administrada: aranceles que se posponen, guardias que se despliegan, capos que se entregan, drones y designaciones terroristas, llamadas “cordiales” y comunicados que se contradicen a la semana. Sheinbaum ha sido eficaz conteniendo lo peor. Eso hay que anotarlo sin mezquindad. También hay que anotar el límite de esa eficacia: la contención no ha hecho desaparecer la amenaza de acción unilateral; solo la ha postergado y, a ratos, la ha vuelto más explícita.

Por eso el cambio de talante importa. La Sheinbaum de enero de 2025 pedía leer el decreto, no el tuit. La Sheinbaum de septiembre de 2026 ya juega con la frase que no va a decir. Entre una y otra hay casi dos años de aprendizaje mutuo, de entregas y de recelos, de una negociación comercial que aún no cierra del todo y de una agenda de seguridad que Washington nunca da por satisfecha. No es frivolidad pura. Es el desgaste de una estrategia que funcionó mientras el conflicto cabía en aranceles y estadísticas migratorias, y que empieza a crujir cuando el conflicto se formula como control territorial y uso de la fuerza.

México no necesita una presidenta muda. Tampoco necesita una presidenta que convierta Palacio Nacional en un ring de ocurrencias con quien puede, si se le antoja, militarizar el desacuerdo. El punto medio —el único que históricamente le ha rendido a este país frente a Washington— es la firmeza sin performance: decir no a la intervención cada vez que haga falta, exigir corresponsabilidad en consumo y armas con datos y no con guiños, y reservar la risa para cuando no esté en juego la frontera.

La que se ríe se lleva. Hoy Sheinbaum se llevó el aplauso de la sala y el titular de la tarde. Falta saber si, en el tablero que de verdad cuenta, también se lleva la factura. Con Trump, la factura rara vez llega impresa en un comunicado. Llega en forma de plazo, de arancel, de filtración o de una frase dicha en un micrófono que ya no admite ironía de vuelta.

No nació en el Diario Oficial. Nació en una frase.

Claudia Sheinbaum habló de soberanía, de injerencia extranjera y de Francisco García Cabeza de Vaca. El expediente público era ese. El expediente político era otro. Bastó que Ricardo Salinas Pliego subiera a X un “adivinen quién tiene doble nacionalidad” para que el país entendiera el destinatario real. Dos días después, Salvador García Soto lo escribió sin anestesia en El Universal: la segunda ciudadanía es la estadounidense. El dato no circuló porque un columnista se aburrió un viernes. Circuló porque alguien en el poder necesitaba que el nombre y el pasaporte quedaran pegados a la reforma.

Así funciona esto en todas partes. El gobierno no siempre documenta; a veces traduce. Dice “vamos a proteger la soberanía” y el oído entrenado escucha “vamos a cerrarle el paso a quien nos incomoda”. La columna existe precisamente para decir lo que no cabe en un boletín. No es prueba notarial. Es el canal por el que el poder suelta lo que no quiere firmar.

Salinas se puso el saco con ganas. No lo sorprendieron: se exhibió. Acusó a Morena de legislar de miedo, de 2030, de cárcel y de poder. Sheinbaum nunca lo nombró. No hacía falta. En política, el que se reconoce en el espejo ya quedó fotografiado.

La Cámara de Diputados votó después lo que Palacio había encuadrado antes. 344 votos. El dictamen, más fino que el grito, deja una puerta: renuncia a la otra nacionalidad y puedes registrarte. No es un destierro eterno. Es un peaje. Quien quiera la banda presidencial o una gubernatura tendrá que elegir entre el segundo pasaporte y la boleta. El derecho a la doble nacionalidad no se cancela para el migrante que manda remesas; se condiciona para el que aspire a mandar el país.

¿Era necesaria la reforma? El gobierno dice que sí: un presidente no puede invocar otra bandera, otro consulado, otra lealtad. La oposición dice que no: es un traje a la medida, primero contra Cabeza de Vaca, luego contra Salinas, y de paso contra cualquiera que estorbe. Las dos lecturas pueden convivir. Las leyes grandes casi nunca tienen un solo destinatario. Tienen uno visible y varios posibles.

Lo que no se puede fingir es la coincidencia. Una iniciativa anunciada desde Palacio. Un magnate que se declara binacional. Un columnista de primer nivel que precisa el país. Un apodo que se pega solo: Ley Salinas Pliego. Si eso fue filtración o intuición, lo sabrán ellos. El público ya recibió el mensaje.

México permite la doble nacionalidad desde 1998 porque millones de mexicanos viven con un pie en cada lado. Esa realidad no desaparece por un artículo constitucional. Lo que cambia es el precio de competir por el poder. Quien quiera la Presidencia en 2030 no podrá llegar con dos lealtades en la cartera. Tendrá que romper una.

Salinas Pliego puede renunciar a la otra y pelear. Puede no renunciar y seguir tuiteando desde el ring privado. Puede descubrir que el saco que se puso le queda mejor como mártir que como candidato. El gobierno, por su parte, ya obtuvo lo que buscaba: la regla, el marco y el nombre flotando sobre la ley.

En este oficio se traduce. Cuando el poder dice que legisla para todos, conviene preguntar a quién le duele primero. Esta vez la respuesta no salió del Diario Oficial. Salió de una columna, de un tuit y de un apodo que ya no se despega.

Ley Salinas Pliego. Aunque en el papel no se llame así.

El proceso de elección de los candidatos de Morena para el 2027 es antidemocrático y opaco, tiene dividida a buena parte del morenismo en diversos puntos del país, lo que suma a un descontento nacional por este proceso comandado por Citlalli Hernández, señalada en diversos foros por vender candidaturas, y por Ariadna Montiel, quien ya demostró no tener control del partido que dirige. Estos son los principales quiebres dentro del morenismo.

El dato duro es este: 277 aspirantes se registraron en junio para 17 coordinaciones estatales, figura que anticipa las candidaturas a gobernador. A mediados de septiembre, Morena había destapado 10 nombres. En casi todos hay protesta, duda sobre las encuestas o roce con el PT y el Partido Verde. Los resultados demoscópicos se entregan a cuentagotas. La metodología no se publica con detalle. Quien pierde no acepta. Quien gana habla de “voluntad ciudadana”.

Zacatecas es el quiebre más explícito. Verónica Díaz Robles, senadora con licencia y exesposa de Luis Enrique Monreal, fue designada coordinadora el 15 de septiembre. El gobernador David Monreal, el coordinador de los diputados Ricardo Monreal y el senador Saúl Monreal quedaron en el centro de la acusación de cacicazgo. En el World Trade Center se escuchó “fuera el monrealismo”. Ulises Mejía Haro, diputado federal con licencia y operador de Claudia Sheinbaum, no avaló el desenlace. José Narro Céspedes y Geovanna Bañuelos, del PT, tampoco. Alberto Anaya dejó abierta la posibilidad de romper la coalición. El argumento no es menor: a Saúl Monreal se le cerró la puerta por la cláusula antinepotismo; a Díaz Robles, ligada al mismo clan, no.

Guerrero es el segundo foco. Beatriz Mojica Morga, senadora con licencia, se impuso a Abelina López Rodríguez, alcaldesa con licencia de Acapulco. López llamó al resultado “crónica de una muerte anunciada” y habló de “encuestas de papel”. El comisionado del PT en el estado, Victoriano Wences, dijo que no validaba nada porque jamás le mostraron una encuesta y que no fueron tomados en cuenta. El Verde sí apareció en el acto. El PT, no.

Michoacán confirma el patrón de imposición sobre militancia histórica. Carlos Torres Piña, exfiscal, recibió la coordinación. El senador Raúl Morón acumuló un segundo revés. Senadores de Morena, entre ellos Guadalupe Chavira de la Rosa, pidieron “operación cicatriz” y advirtieron riesgo de “balcanización” si los gobernadores tratan sus estados como feudos.

Baja California suma otra costura rota. Julieta Ramírez Padilla, senadora con licencia, fue nombrada coordinadora. Evangelina Moreno mostró inconformidad. Montserrat Caballero, exalcaldesa de Tijuana y carta del PT de Jaime Bonilla, no reconoció el proceso como piso parejo y se perfiló por otra vía. En el anuncio faltó la bandera petista.

Campeche, con Pablo Gutiérrez Lazarus, y Colima, con Rosa María “Rosi” Bayardo, también arrastran falta de consenso con aliados. En diagnósticos internos que circulan entre operadores se marcan como zonas de riesgo Zacatecas, Colima, Sonora, Campeche, Michoacán y Sinaloa. No es un recuento opositor: es el mapa de quienes temen perder gubernaturas en 2027, la primera gran elección intermedia sin Sheinbaum en la boleta.

Quintana Roo cierra el mismo patrón: continuidad de gobierno disfrazada de encuesta. El 15 de septiembre, Citlalli Hernández y Ariadna Montiel nombraron coordinador a Eugenio “Gino” Segura Vázquez, senador con licencia de 32 años, exoficial mayor de Cancún y secretario de Finanzas de Mara Lezama entre 2022 y 2024. Compitió con Rafael Marín Mollinedo, Marybel Villegas, Ana Patricia Peralta y Alexa Murguía. En el World Trade Center su porra gritó “fraude”. El IEQROO ya le había ordenado a Segura retirar 71 bardas en Cancún y Playa del Carmen; en la Comisión de Honestidad y Justicia se acumularon quejas por actos anticipados. El Verde sí subió al templete. El PT no validó el nombramiento. Marín, en el momento, dijo que había quedado tercero y que se iba “a su casa y a sus negocios”. Cuatro días después reapareció en video y desmintió la rendición: “El hecho de que se hayan quedado estas gentes con la gubernatura no quiere decir que se van a quedar con el estado. Nosotros tenemos a la gente, la gente está con nosotros.” Pidió paciencia, habló de “muchas opciones” y dejó abierta la ruptura.

Sobre Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, el señalamiento de “venta de candidaturas” no nació con este proceso. En agosto de 2025, militantes de Nuevo León acusaron que se habían comercializado alcaldías, diputaciones y regidurías; Sheinbaum respondió que, de ser cierto, era gravísimo y que debían denunciarlo ante la Comisión de Honestidad y Justicia. Esa sombra sigue en foros y redes mientras Hernández, simultáneamente, opera las designaciones nacionales y se perfila para la alcaldía Cuauhtémoc, con pintas de “CH nos une” y declinaciones inducidas de Arturo Ávila y Dunia Ludlow. Quien arbitra el proceso interno también disputa un cargo. Eso no es neutralidad.

Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional desde el 3 de mayo de 2026, pide “no espantarse” y habla de unidad. En los hechos, congeló definiciones, dejó estados en suspenso y no evitó que gobernadores colocaran a colaboradores cercanos. El PT se ausenta de actos. Aspirantes derrotados piden revisión de encuestas. La dirigencia responde que “no habrá segunda ronda”. Control, el que se presume, no se ve.

El método —filtro, sondeo y encuesta final con un máximo de seis perfiles— se vendió como antídoto contra el dedazo. Funciona como dedazo con apariencia técnica. Mientras las cifras no se abran y los perdedores se sientan expulsados, el proceso no une: administra rupturas. Morena puede seguir ganando por la debilidad de la oposición. Eso no borra el dato político de septiembre de 2026: el partido en el poder ya está partido por dentro.

Esto huele a cuatro. No a decomiso. A cuatro. A esa trampa vieja, de barrio, de redacción, que te ponen para que te luzcas y te quemes solo. Te pasan el dato redondo, la foto inmejorable, la cifra histórica, tú sales a anunciarla como victoria y al día siguiente el terreno se te hunde.

Da la impresión de que eso fue lo de San José Iturbide, Guanajuato. Y no es por los 59 millones de litros. Es por todo lo que no cuadra alrededor.

Primero: ahí no había una bodega clandestina improvisada ayer en la noche. Hay una terminal legalmente instalada, con tanques, con permisos, con años operando a la vista de todos. No es un patio con bidones escondidos. Es una instalación industrial de Grupo SIMSA que almacena para terceros. Pemex, Exxon, Shell, los nombres que quieras. Eso no se monta en 24 horas.

Segundo: es Guanajuato. Guanajuato no es Tabasco, no es Tamaulipas, no es Veracruz. Es un estado gobernado por el PAN. Si vas a dar el golpe más grande al huachicol del sexenio, ¿por qué lo das en territorio opositor, en una empresa permisionaria, sin un solo detenido en el predio? La explicación oficial - “estaba vacío por la movilización grande del gobierno” - no explica nada. Lo hace ver peor. Un operativo histórico sin gente adentro.

Tercero: el destinatario. Omar García Harfuch no es cualquier secretario. Es el funcionario que destapó la cloaca del huachicol fiscal de verdad. El que puso sobre la mesa buques, facturas, empresas fachada, rutas. Y al hacerlo tocó fibras que muchos preferirían no tocar: intereses ligados a la Marina, al círculo cercano del hijo del expresidente, a Andy, y de rebote, al propio obradorismo duro. Para ese grupo, Harfuch no es un aliado incómodo. Es un adversario claro.

Y ese adversario, además, tiene dos cosas que en México matan: tiene a los cárteles respirándoles en la nuca y tiene a los gringos amándolo. La DEA lo presume como socio confiable. Washington lo ve como interlocutor. En la política mexicana, eso no te suma amigos, te suma envidias.

Harfuch hoy, nos guste o no, es el favorito para suceder a Sheinbaum en 2030. Todas las encuestas lo ponen arriba. No hay otro con su nivel de aprobación. Eso no se perdona adentro.

Entonces la pregunta no es si el combustible tenía o no papeles. Eso lo va a determinar la FGR. La pregunta es quién gana si Harfuch sale a la mañanera con un golpe que al día siguiente se le desinfla en un pleito de permisos con una empresa.

¿Quién gana con un quemón de 59 millones de litros y cero detenidos?

Gana quien quiere bajarle el vuelo presidencial. Gana quien quiere que el tema huachicol se quede en el discurso y no en cateos a empresas con nombre y apellido. Gana quien dentro del propio Morena no quiere un candidato de seguridad, popular y bien visto en Washington, compitiéndole a los suyos.

No estamos afirmando que le sembraron el caso. Estamos diciendo que da esa impresión. Que el manual del cuatro es exactamente así: te dan la portada, te animan a salir, y te dejan solo sosteniendo un expediente tibio.

Si en los próximos días caen los peces gordos, se acabó la especulación. Fue un operativo que necesitó tiempo para madurar.

Si no cae nadie y todo termina en una multa administrativa o en una aclaración de papeles, entonces no fue un golpe al huachicol.

Fue un cuatro. Y muy bien puesto.