¡12 años de cárcel por protestar! Michoacán quiere crucificar al joven que se atrevió a exigir justicia tras el asesinato de Carlos Manzo
Doce años de cárcel por protestar: el Estado michoacano castiga la indignación mientras el crimen organizado cobra vidas
Michoacán.- El 1 de noviembre de 2025, el alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado a balazos en plena Plaza Morelos durante el Festival de las Velas, frente a su hijo y decenas de personas. El atacante, un joven de 17 años vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación según las investigaciones, fue abatido en el lugar. El crimen generó una ola de protestas, incluida la irrupción en el Palacio de Gobierno de Morelia el 2 de noviembre, donde ciudadanos —entre ellos el activista Raúl Meza, de 27 años— exigieron justicia.
La Fiscalía de Michoacán, en la causa penal 683/2025, ahora solicita 12 años de prisión para Meza por “sabotaje”, más la suspensión de derechos políticos y una reparación del daño de 1.37 millones de pesos. La acusación se basa en la entrada a instalaciones gubernamentales, pese a que no se le atribuye la totalidad de los daños y a que la figura penal de sabotaje resulta forzada y desproporcionada para una protesta. Existen videos públicos que documentan agresiones graves contra Meza durante su detención —incluyendo el método conocido como “tehuacanazo” aplicado por elementos policiales y de seguridad vinculados al gobierno estatal—, lo que llevó a denuncias por tortura ante la FGR.
Esto no es justicia: es una vendetta política del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) para amedrentar a quien se atreva a cuestionar su incapacidad o negligencia frente al crimen organizado. Mientras un alcalde que enfrentó directamente a los cárteles cae asesinado y los responsables materiales e intelectuales avanzan con lentitud o impunidad parcial, el Estado persigue con saña a un joven que perdió familiares por la violencia y solo pidió cuentas en las calles. Es criminalización pura de la protesta social, un mensaje autoritario que prioriza el control del poder sobre la defensa de los ciudadanos.
