CDMX.- En 2022, un año después de que ejecutaran a Sergio Carmona Angulo en una barbería de San Pedro Garza García, la Comisión Reguladora de Energía le dio a Grupo Gasolinero S-91 —firma fundada por su viuda, Perla Sharaza McDonald Sánchez— permisos de expendio de petrolíferos. En la sesión de septiembre de ese año, el órgano destrabó 150 autorizaciones; dos correspondieron a esa empresa, para estaciones en Tamaulipas. Hoy una de ellas opera en Reynosa, con suministro de Pemex y licencia PL/24405/EXP/ES/2022. Según la investigación de Esteban David Rodríguez para Emeequis, esos títulos llegan hasta 2052 y, cuando la Fiscalía de Tamaulipas se acercó al grupo, McDonald dejó la compañía en manos de Raúl Ulloa McDonald y de Elías Reyna de Anda, funcionario menor de Río Bravo y apoderado de Grupo Industrial Permat.
No hace falta inventar. Permart y Joser, ligadas a Carmona, su hermano Julio César y la misma Perla, ya habían cobrado cientos de millones en contratos públicos —SCT, IMSS, salud en Nayarit y Tamaulipas— mientras el empresario era señalado por contrabando de combustible y financiamiento político. Lo mataron el 22 de noviembre de 2021. El expediente penal no se ha cerrado. Y, aun así, el regulador energético le entregó a su entorno una concesión legal para vender gasolina hasta que muchos de los funcionarios que firmaron ya no estén ni en el cargo ni en la política.
Eso no es un “trámite técnico”. Es la foto de un Estado que predica guerra al huachicol y, en paralelo, le sella 30 años de negocio formal a la estructura que nació de ese mismo mercado negro. Mientras Pemex abastece y la CRE no revoca, el mensaje es brutal: en México se puede morir el operador, pero el permiso —y la red— sobreviven.
