CDMX.- Un sistema de ABIB, operador que comercializa líneas del programa federal Internet para el Bienestar (bajo el paraguas de PROMTEL y la red de Altán), entrega el expediente completo de cualquier cliente con solo cambiar un dígito en la barra del navegador. Sin usuario, sin contraseña, sin verificación de ningún tipo. Nombre, CURP, domicilio con referencias visuales de la casa, correo, historial de chips y equipos desde 2021, saldo y consumo en tiempo real, e identificadores de SIM perfectos para un SIM swap. El periodista Ignacio Gómez Villaseñor y el investigador @nicotechtips probaron 15,000 números reales y válidos: el sistema respondió con todos los datos en cada caso. Cientos de miles de personas expuestas mientras el gobierno obliga a vincular cada línea con la CURP.
Esto no es un “incidente técnico”. Es la demostración cruda de que el Estado mexicano exige datos biométricos y de identidad a la ciudadanía, pero es incapaz de protegerlos siquiera con el mínimo de autenticación. ABIB opera dentro del programa estrella de conectividad de la 4T; la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) vigila el proceso de registro obligatorio, cuya prórroga va hasta diciembre de 2026 con calendario por dígito final. Y sin embargo el portal de vinculación de esta compañía funciona como un directorio abierto. Los mismos que prometen “seguridad” y “combate a la extorsión” dejan la puerta de atrás de par en par.
La crítica es simple y demoledora: si el gobierno no puede blindar los datos de un operador que trabaja directamente con él, ¿qué credibilidad tiene para exigir el registro masivo de CURP? Esta falla no es un error aislado; es el reflejo de una política que acumula información sensible sin responsabilidad ni capacidad técnica. Mientras los usuarios corren el riesgo de clonación de líneas y fraude, las autoridades siguen mirando para otro lado. El mensaje es claro: sus datos valen menos que el discurso.