CDMX.- La 4T sigue cobrando factura en la salud de los mexicanos. Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum presume haber aplicado 40.9 millones de dosis contra el sarampión y alcanzado un 90% de cobertura, la realidad es que México ya perdió ante la OPS el estatus de país libre de transmisión endémica de la enfermedad, que había mantenido durante una década. El brote de 2025-2026 dejó más de 20,700 casos confirmados y 50 defunciones, en su mayoría evitables. El PAN, a través del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, exigió la comparecencia de los titulares de Salud y Hacienda, así como de los responsables de las instituciones de vacunación, por lo que calificó como una crisis sanitaria.
Los números no mienten y apuntan directamente al sexenio de López Obrador y a la gestión de Hugo López-Gatell. Entre 2022 y 2025 se dejaron de ejercer más de 44 mil millones de pesos del Programa de Vacunación (alrededor del 70% de lo aprobado), se suspendieron las Semanas Nacionales de Vacunación y se acumularon bolsas de niños sin esquema completo. Expertos y la propia oposición señalan que la caída en coberturas (que en algunos esquemas llegó a 26-40% o 65% postpandemia) no fue solo consecuencia del COVID: hubo subejercicio, falta de abasto y decisiones que relegaron la inmunización. López-Gatell, hoy en Ginebra como representante mexicano ante organismos internacionales, es señalado como uno de los responsables principales de esa política que permitió el regreso de una enfermedad que México había eliminado.
No hay pretexto que justifique 50 muertes infantiles cuando existía vacuna, recursos y una red que funcionaba. Que el gobierno actual ahora corra a vacunar y diga que los contagios bajaron más del 90% en las últimas semanas no borra la negligencia previa ni la falta de registro nominal de poblaciones no vacunadas que todavía existe. Morena concentró las decisiones durante años y ahora intenta deslindar responsabilidades. La exigencia del PAN de sanciones sin protección política, incluso para quien está en Ginebra, es el mínimo que se le debe a las familias que perdieron a sus hijos por un programa que se dejó caer deliberadamente.



