CDMX.- Siete días después de que la FGR y el gobierno de Guanajuato vendieran como el mayor decomiso de huachicol del sexenio el hallazgo de 59 millones de litros de gasolina y diésel en una terminal de San José Iturbide, Claudia Sheinbaum dijo este jueves que todavía no se puede descartar que el combustible sea ilegal. “Siguen trabajando en los permisos. Hasta que la Fiscalía no cierre la revisión de todos los permisos”, argumentó. La frase llega justo cuando circulan reportes de que Juan Francisco Vera Ayala, delegado de la FGR en el estado y responsable del operativo anunciado el 17 de septiembre, dejó el cargo. La presidenta no lo confirmó ni lo desmintió: todo, otra vez, queda en manos de la Fiscalía.
El caso empezó el 3 de julio con la detención de un chofer que descargaba 33 mil litros de diésel sin acreditar su origen en una gasolinera de San Luis de la Paz. De ahí salieron cateos que llevaron a la planta de Gas Natural del Noroeste (Grupo SIMSA) en La Fragua. Ahí encontraron 10 tanques, vehículos y documentación. No hubo detenidos en el predio. La empresa sostiene que opera con permisos federales desde hace nueve años y que el combustible no es suyo, sino de permisionarios que deben acreditar procedencia. La FGR, en cambio, ha dicho que no se ha acreditado por completo la legalidad y el expediente pasó a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada. Mientras tanto, el volumen —33.5 millones de litros de Magna, 7.2 de Premium y 18.2 de diésel— sigue sin una sentencia clara: ¿robo, contrabando, huachicol fiscal o un error de inteligencia disfrazado de triunfo?
Lo grave no es que se investigue. Lo grave es que se anunció como golpe histórico antes de tener la prueba. Se usó el número redondo para la foto y la mañanera, se presumió el “mayor decomiso” y ahora la misma autoridad que lo vendió pide tiempo para revisar papeles. Un delegado que dura ocho meses y sale en medio del escándalo, una empresa que reclama legalidad y una presidenta que se limita a decir que “la Fiscalía informará”. Eso no es cautela. Es el patrón de siempre: primero el titular, después las dudas, al final nadie asume el costo político de haberse adelantado. Si al final resulta legal, el daño a la credibilidad ya está hecho. Si resulta ilegal, la pregunta sigue siendo la misma: ¿por qué no había un solo detenido el día del “histórico” cateo?