¿Acordeones que tumban togas? La polémica propuesta para anular la elección de ministros en la SCJN
Magistrado Reyes Rodríguez presenta proyecto con más de 3 mil pruebas para revisar irregularidades electorales
CDMX.- En un giro que pone en jaque la histórica reforma judicial mexicana, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón ha presentado un proyecto que busca invalidar la elección de los nueve nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), celebrada el 1 de junio de 2025. Respaldado por más de 3 mil guías de votación impresas —conocidas como "acordeones"— y unas 300 pruebas en fotos, videos y audios, el documento alega irregularidades graves, como el uso indebido de fondos públicos para propaganda electoral prohibida, lo que podría haber inclinado la balanza en favor de candidatos afines a ciertos partidos.
Este episodio no surge de la nada. La reforma judicial, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada en septiembre de 2024, transformó el sistema al permitir la elección popular de jueces, magistrados y ministros, con el argumento de combatir la corrupción y democratizar el Poder Judicial. Sin embargo, críticos como organizaciones internacionales y expertos locales han advertido que esto amenaza la independencia judicial, al exponer a los juzgadores a presiones políticas y clientelismo. Las elecciones de 2025, las primeras bajo este modelo, registraron una baja participación y resultados que favorecieron a perfiles cercanos al oficialismo, como Hugo Aguilar Ortiz, quien obtuvo 5,900,780 votos, seguido de Lenia Batres Guadarrama con 5,534,681.
Analíticamente, la propuesta de Mondragón destaca por su énfasis en violaciones constitucionales: los "acordeones" no solo guiaron votos, sino que fueron distribuidos sistemáticamente por actores políticos y servidores públicos, contraviniendo el artículo 77 Ter de la ley electoral, que prohíbe financiamiento público en campañas. El proyecto concluye que estas irregularidades fueron determinantes, proponiendo revocar las constancias del INE y anular los resultados para salvaguardar la integridad democrática. Pero aquí radica el quid crítico: ¿es esto evidencia irrefutable de fraude generalizado, o un intento tardío de deslegitimar una reforma que, pese a sus fallas, buscaba romper con un sistema elitista? Fuentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han desechado juicios similares en julio, argumentando que las pruebas no vinculan directamente los acordeones al triunfo de los ganadores, y que anular todo pondría en riesgo la estabilidad institucional.
El caso se discutirá este miércoles en el TEPJF, en medio de tensiones que podrían extenderse a la SCJN misma, que el 14 de agosto anunció sesiones para temas electorales. Si prospera, México enfrentaría una crisis judicial inédita; si no, reforzaría el nuevo modelo, pero con el estigma de dudas persistentes sobre su equidad. En un país donde la confianza en las instituciones ya es frágil, esta batalla no solo es legal, sino un pulso por el futuro de la democracia.
