Ciudad de México.— La ley ambiental de 1988 murió. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este miércoles su reemplazo total, y no viene con multas simbólicas. Viene con dos candados que le pegan directo al bolsillo y a la operación diaria: se acabaron los permisos proyecto por proyecto y se acabó tirar la basura sin hacerse responsable.
El proyecto, que enviará al Congreso la secretaria Alicia Bárcena, crea la Evaluación Ambiental Estratégica. Traducción para el sector inmobiliario y turístico: ya no te revisan solo tu lote en Nayarit o tu nave en el Bajío, te revisan qué pasa si se suman 20 proyectos más en la misma playa, río o cuenca y qué efecto dejan a 10 años. Para Fonatur y cualquier desarrollador, eso significa estudios más largos y el riesgo real de que no se autorice.
El segundo golpe es la economía circular obligatoria. No es campaña de separación de residuos. La ley impone responsabilidad al productor. Si fabricas, importas o vendes con empaque plástico, tendrás que recuperarlo y reciclarlo. Para supermercados, tiendas de conveniencia, organizadores de eventos masivos y la industria de alimentos, es el fin del desechable barato.
Y hay un tercero que preocupa a la industria: el principio de precaución. Si hay duda científica razonable de que un químico, una descarga o una mina hace daño, se suspende, aunque la empresa diga que “aún no está comprobado”. A eso se suma la protección específica a polinizadores, que obligará al campo a dejar agroquímicos que matan abejas.
El paquete se completa con dientes para la Profepa para sancionar por daño acumulativo y con dos cambios políticos clave: cualquier ciudadano podrá exigir el expediente ambiental de la obra frente a su casa y los defensores ambientales y pueblos indígenas tendrán protección legal y reconocimiento de su patrimonio biocultural.
No es una ley verde más. Es la licencia para operar en México de los próximos 30 años.
También se amplían las disposiciones relacionadas con:
Cambio climático y adaptación.
Conservación y restauración de ecosistemas.
Protección de la biodiversidad.
Economía circular y reducción de residuos.
Protección de polinizadores.
Prevención y atención de riesgos ambientales.
Participación ciudadana y acceso a la información.
Protección de personas defensoras del medio ambiente.
Conservación del patrimonio biocultural.