¿Agua para todos o veneno para el campo? La reforma que incendia San Lázaro
Productores agrícolas bloquearon accesos al Congreso para exigir cambios a la Ley General de Aguas. PAN y PRI lograron aplazar la discusión en comisiones
CDMX.- En un Congreso donde las alianzas son tan frágiles como un acuífero sobreexplotado, la reforma a la Ley General de Aguas ha desatado una tormenta política justo cuando México lidia con sequías crónicas y un sector agrícola que representa el 3.5% del PIB y genera el 12% del empleo rural. Propuesta por el gobierno de Claudia Sheinbaum, la iniciativa busca frenar el mercado negro del agua, endurecer multas por lucro indebido y priorizar el uso comunitario sobre concesiones industriales, pero el PAN y el PRI la tildan de “castigo al campo mexicano”, exigiendo aplazar su votación en comisiones este miércoles para evitar un “daño irreparable” a productores que ya protestan en las calles de la Cámara de Diputados. Mientras Morena, con el respaldo parcial de Movimiento Ciudadano, defiende unos 50 ajustes como “parches insuficientes” según Rubén Moreira (PRI), el debate expone la grieta entre la agenda ambientalista de la 4T y los intereses de un agro que crece a tasas del 3% anual en medio de una crisis hídrica que deja a 2.5 millones de hectáreas en riesgo.
Las imágenes de la conferencia de prensa en San Lázaro, con figuras como Alfonso Ramírez Cuéllar y Ricardo Gallardo gesticulando ante un mar de sombreros y camisas planchadas, capturan el pulso de una negociación a contrarreloj: productores del Bajío y Chihuahua advierten bloqueos si no se incorporan más cambios, recordando las marchas de 2023 contra la extinta Comisión Nacional del Agua. Sheinbaum, que asumió en octubre del 2024 con promesas de sostenibilidad, ve en esta ley un pilar para la “justicia hídrica”, pero la oposición —que suma 200 votos en el Pleno— anticipa un rechazo frontal si se fuerza el dictamen sin diálogo genuino, evocando el fiasco de la reforma eléctrica que polarizó al país.
Analíticamente, esta bronca no es solo técnica: revela cómo una norma bien intencionada para combatir la sobreexplotación (México extrae 30% más agua de la que recarga) podría asfixiar a pequeños y medianos agricultores si ignora la realidad de un campo dependiente de concesiones para 70% de sus cultivos. Morena arriesga legitimidad si impone su mayoría, mientras PAN y PRI capitalizan el descontento para resucitar su narrativa de “defensores del productor”. Al final, el agua no perdona errores: aprobarla a medias sería como regar un desierto con promesas secas.