CDMX.- Hugo Aguilar Ortiz cerró su primer año al frente de la Suprema Corte con la frase hecha para titular: “se acabaron los privilegios”. Ante Claudia Sheinbaum, el ministro presidente anunció que el Pleno se quedará sin seguro de gastos médicos mayores y sin seguro de separación individualizada, que recortó 10% la plantilla administrativa y que el Poder Judicial ahorró más de 4 mil 700 millones de pesos. También presumió 13 mil 231 asuntos resueltos de 15 mil 51 expedientes, incluido el rezago heredado, y negó ineficiencia.
El problema no es la frase. Es el calendario. Apenas en agosto, seis de nueve ministros aprobaron meter en el anteproyecto de 2027 la recontractación de un seguro médico con dinero público para personal de la Corte. Lenia Batres lo denunció como un regreso a lo que habían prometido enterrar; Sheinbaum lo descalificó en público. Ayer Aguilar, con la presidenta sentada ahí, desistió del seguro y vendió austeridad. Al mismo tiempo, la SCJN pide para 2027 un presupuesto 17.2% mayor en términos nominales. Recortar una póliza no es lo mismo que achicar el aparato.
La nueva Corte nació para acabar con una casta y ahora administra el relato de la casta. Quitar el seguro a nueve ministros y recortar 10% de administrativos es un recorte visible; no prueba que se hayan acabado choferes, protocolo, estructuras paralelas ni la tentación de usar el presupuesto como colchón. Aguilar dice que el Judicial “no atiende encargos”. El espectáculo de ayer —aplausos incluidos— se parece menos a independencia que a un ajuste de discurso después de un jalón de orejas presidencial. Si los privilegios se acabaron de verdad, no hace falta repetirlo cada vez que Palacio Nacional frunce el ceño.