CDMX.- Alejandro Moreno no midió las palabras. En la plenaria del PRI exigió cárcel para Andrés Manuel López Obrador —“el cínico, corrupto y narcopresidente”— y para Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”. Dijo que no teme un desafuero y cerró la puerta a Enrique Inzunza: el tricolor, afirmó, “no pactará con narcos”.
El golpe es político. También es selectivo.
Inzunza ya no está en la bancada de Morena. Se separó el 26 de agosto, se declara senador independiente y se queda con el fuero. Estados Unidos lo acusó en abril, junto con el gobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa, de nexos con el Cártel de Sinaloa. No hay sentencia en México. Lo que hay es un escaño ocupado y una bancada que prefirió sacarlo del grupo antes que forzar la licencia.
Mientras Alito marca territorio, el otro expediente no se mueve con el mismo ritmo. La defensa del contraalmirante Fernando Farías Laguna —ya vinculado a proceso y recluido en el Altiplano— insiste en que testigos mencionan el apodo “Andy” en la investigación de huachicol fiscal. El relato es concreto: cuando un buque se trabó en Guaymas, operadores dijeron que le hablarían a “Andy” para que este llamara al secretario de Marina y destrabara el paso. El abogado Epigmenio Mendieta no lo presenta como sentencia; lo presenta como lo que ya está en el expediente. Hasta ahora, los únicos detenidos de esa red son los hermanos Farías.
La esposa del militar, Mónica Gámez, dice que la amenazaron con abrir carpeta si sigue hablando. Sonora le dio medidas de protección. Habla. El silencio institucional, en cambio, se reserva para los nombres que pesan.
La crítica no necesita adjetivos extra. Si Alito tiene razón en que la justicia no puede detenerse en opositores, entonces tampoco puede detenerse en el apellido López. Y si Morena insiste en que todo es lawfare, tiene que explicar por qué un senador acusado por Washington conserva escaño y por qué un apodo que aparece en testimonios de aduanas no merece siquiera una citación formal.
México no está ante un duelo de héroes. Está ante un empate de impunidades: uno grita para tapar las propias heridas; el otro administra el expediente para que no suba de piso. El costo no lo pagan ellos. Lo paga un país que ya distingue, sin manual, quién cae y quién sólo es mencionado.