CDMX.- El periodista Irving Pineda, de Azteca Noticias, tardó una semana de guardia en Lugano, Suiza, para dar con Jorge Amílcar Olán Aparicio. Lo encontró en una residencia de tres pisos con vista al lago. En el buzón aparece “Jorge Olán Aparicio”. Sale poco. Cuando lo abordaron para preguntarle por los señalamientos que lo persiguen en México, rechazó la entrevista, amenazó con llamar a la policía y, según el reporte, golpeó la cámara o el teléfono del camarógrafo.
Ese es el hombre que, en poco más de un sexenio, pasó de vender sanitarios y azulejos a figurar en investigaciones sobre contratos de medicamentos, balasto para el Tren Maya y el Interoceánico, operaciones ligadas a combustible y bienes raíces. Latinus y MCCI han documentado audios en los que se le atribuye hablar de frentes de material, de pagos para que la piedra no se sometiera a pruebas y de la intervención de Gonzalo “Bobby” López Beltrán en obras que su padre, Andrés Manuel López Obrador, encargó supervisar. AMLO reconoció que Olán es amigo de sus hijos. Andy López Beltrán aparece en fotos de su boda.
Nada de eso es secreto. Lo secreto es por qué, con años de reportajes, una denuncia del SAT contra Portacelis Gas and Oil —empresa vinculada a su entorno— por presunta defraudación fiscal de 834 millones de pesos, y un expediente administrativo en Sedena, la FGR de Ernestina Godoy sale a decir que “no hay nada”: ni orden de aprehensión ni investigación penal en curso contra él ni contra Andy. Sheinbaum, el mismo lunes en que lo exhibieron en Suiza, insistió en que la Fiscalía actúe si hay pruebas, “no porque lo diga un medio”. Hacienda y Anticorrupción, reconoció antes, sí tienen información.
La oposición no se anduvo con rodeos. Ricardo Anaya habló de “impunidad grotesca” y recordó los audios del balasto. El senador Manuel Añorve acusó encubrimiento y señaló a Olán como vínculo entre funcionarios y los hijos del expresidente. Lilia Aguilar Melgar pidió a la FGR investigar y actuar. El contraste es brutal: un reportero con una pista anónima lo ubica en el Tesino; el aparato de justicia federal, con SAT, Hacienda y años de carpetas periodísticas encima, no encuentra ni el umbral para abrir carpeta.
Olán no está prófugo de una sentencia. Está lejos. Y esa distancia —casa cerrada, manotazo a la cámara, silencio oficial— es la foto más clara de cómo opera la justicia selectiva cuando el apellido que circula en los audios no es cualquiera. El periodismo ya hizo su parte. Lo que falta no es otra nota: es un Ministerio Público que deje de tratar la evidencia como si fuera opinión.
