Nueva York.— La fiscalía federal de Nueva York amplió este jueves la causa contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, al incorporar un cargo de conspiración para cometer tortura. Según la nueva acusación, de unas 30 páginas, ambos habrían dirigido un aparato de represión en el que opositores políticos y ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela fueron sometidos a maltratos sistemáticos.
El escrito sostiene que Maduro, de 63 años, ordenó personalmente torturas, recibió informes sobre el trato a los detenidos y, en algunos casos, pidió que se intensificaran los abusos. A Flores, de 69, se le atribuye haber ordenado torturas y haber participado en la supervisión de un esquema en el que los prisioneros sufrían descargas eléctricas, simulacros de ahogamiento, golpizas y amenazas contra sus familiares.
Entre los episodios descritos figuran varios estadounidenses. Uno de ellos, detenido en 2022, habría recibido golpes, un líquido irritante, descargas en brazos, piernas y genitales, asfixia e inyecciones de una sustancia desconocida que le provocó convulsiones; un alto funcionario habría observado parte de esos abusos y ordenado continuar. Otro, arrestado en 2023 al viajar a Venezuela a ver a familiares, habría sido agredido por la espalda, electrocutado durante el traslado y advertido de que seguía con vida porque podía servir en un canje con Washington. Un tercero, detenido en enero de 2025, habría sido golpeado durante dos días y quedado con una lesión permanente en un ojo; fue liberado en enero de 2026 tras ser advertido de no hablar del trato recibido. La acusación no revela sus nombres.
También se detallan casos de militares y opositores. Un oficial detenido en 2013 habría sido llevado a un campamento de las FARC, golpeado, colgado de manos y pies y sometido a simulacros de ahogamiento; Maduro habría preguntado después por su trato y visto un video de una confesión forzada. Tras las protestas de 2014, se le atribuye haber hablado de secuestrar a militares sospechosos de deslealtad y de “apretarlos más”. Otro detenido, tras el ataque con drones de agosto de 2018, habría sido torturado en el centro de Boleíta Norte, en Caracas, y parte de los abusos habría quedado grabada.
La fiscalía presenta la tortura como política de Estado y no como excesos aislados. Menciona a altos funcionarios identificados con códigos que habrían supervisado arrestos, interrogatorios y maltratos sin control judicial efectivo, y describe un episodio en el que Maduro y Flores habrían ordenado torturar a un policía sospechoso de quedarse con dinero del narcotráfico: lo habrían atado a un remolque militar, golpeado con una pala y la culata de un fusil, y lesionado en los genitales.
Estos cargos se suman a los de narcoterrorismo, tráfico de cocaína y delitos relacionados con armas por los que la pareja fue llevada a Nueva York tras su captura en Caracas el 3 de enero por fuerzas estadounidenses. Ambos se declararon inocentes de las imputaciones anteriores y siguen bajo custodia federal en Brooklyn. Con la nueva acusación, el número de cargos pasa de cuatro a cinco. A diferencia del escrito de enero, que también incluía a Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín y otros, este documento solo señala como acusados a Maduro y Flores, sin aclarar la situación de los demás.
Los fiscales vinculan ambas conspiraciones: las ganancias del narcotráfico y la corrupción habrían servido para mantener la lealtad de los funcionarios que sostenían el gobierno. La acusación incluye además cláusulas de decomiso de bienes ligados a la conspiración de tortura, si hay condena.
El juicio está previsto para el 1 de junio de 2027 ante el juez Alvin Hellerstein. Maduro impugna el proceso alegando inmunidad soberana por su condición de jefe de Estado; la fiscalía rechaza ese argumento. Flores ha pedido por separado quedar en libertad antes del juicio por motivos de salud, a lo que se opone la acusación.