Análisis: Sheinbaum gobierna para una fracción, no para todos los mexicanos
La legitimidad democrática no es solo contar votos. Cuando persisten acusaciones graves de influencia del narco en elecciones, la base misma de esa legitimidad se corroe.
Análisis.— La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es clara en su núcleo fundacional. El Artículo 39 establece que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, entendido como el conjunto unitario de la Nación mexicana —todos los ciudadanos, sin distinción de clase, ideología o condición económica, o sea, ricos y pobres por igual—. El Artículo 87, en el juramento presidencial, obliga a “desempeñar leal y patrióticamente el cargo [...] mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión”. No hay margen para lecturas clasistas restrictivas: el Pueblo es la Nación completa, ricos y pobres, opositores y simpatizantes, clases medias y empresarios.
Claudia Sheinbaum viola el espíritu y la letra de esta obligación al interpretar sistemáticamente “el pueblo” como sinónimo de “los pobres” o la base electoral de Morena. Su mantra repetido —“Por el bien de todos, primero los pobres”— no es mera retórica social; es una redefinición política que prioriza un sector sobre el todo, reduciendo el concepto constitucional de soberanía popular a una categoría de clase. Esto no es gobernar para la Unión: es gobernar para una fracción, lo que tensiona directamente el juramento presidencial y el principio de unidad nacional del Artículo 39.
La polarización como método de gobierno
Esta interpretación restrictiva se traduce en práctica excluyente. Sheinbaum y su administración mantienen un discurso divisivo que califica sistemáticamente a quienes critican o no aplauden como “élites”, “neoliberales”, “conservadores”, “golpistas” o instrumentos del extranjero. Los ataques constantes contra la oposición, medios críticos, intelectuales y ciudadanos disidentes no son incidentes: son patrón. Gobernar “con el pueblo y para el pueblo” se convierte, en los hechos, en “con mi pueblo y contra el resto”. Esto no solo desvirtúa el “bien de la Unión”, sino que erosiona la cohesión nacional que la Constitución exige preservar.
El caso más reciente y doloroso es su burla a las madres buscadoras durante las protestas en la inauguración del Mundial 2026. Ante las manifestaciones de colectivos que exigen justicia por miles de desaparecidos, Sheinbaum se rio en conferencia al señalar que “había más compañeros de la comisión de búsqueda de víctimas que de los manifestantes”. Esa risa, captada y difundida ampliamente, fue percibida como falta de sensibilidad y desdén hacia madres que cargan el dolor más profundo del país. En lugar de tender puentes como líder “de toda la Nación”, el Sheinbaum optó por cuestionar financiamiento, insinuar manipulación opositora y estigmatizar la protesta. Eso no es atender al Pueblo: es revictimizar a quienes el Estado ha fallado de manera catastrófica.
Legitimidad erosionada
La legitimidad democrática no es solo contar votos. Cuando persisten acusaciones graves de influencia del narco en elecciones (casos como el del gobernador de Sinaloa y otros aliados), y el gobierno responde con defensas de soberanía en lugar de investigaciones implacables, la base misma de esa legitimidad se corroe. Gobernar “primero para los pobres” mientras territorios enteros sufren control de cárteles no beneficia a la Unión: abandona a millones que también forman parte del Pueblo constitucional.
Como presidenta de México, Sheinbaum no tiene derecho a sus prioridades ideológicas cuando de gobernar para todos se trata. Como mandataria no tiene derecho a responder exclusivamente a su base electoral, lo cual es totalmente parcial. Y no tiene es el derecho constitucional a redefinir “Pueblo” para excluir o atacar al resto. La Nación no es propiedad de una mayoría temporal ni de un movimiento político. Es indivisible (Artículo 2°). Al gobernar como si solo una parte mereciera plena representación y respeto, Sheinbaum incurre en una falta moral grave y en una desviación del mandato constitucional.
No se trata de negar logros en programas sociales. Se trata de exigir que la Presidenta cumpla su juramento completo: mirar en todo por el bien de la Unión, no solo de “su” pueblo, el “pueblo” en el que ella sólo considera a los pobres. Mientras persista la polarización, los ataques a disidentes y la minimización de dolores nacionales como el de las madres buscadoras continuarán y Sheinbaum no gobernará para México. Gobernará para una mitad, dejando a la otra en la categoría de adversarios.
La Constitución no es un instrumento flexible para justificar exclusión. Es el pacto de todos. Ignorarlo en la práctica, aunque se jure formalmente, es faltar a la Nación. México merece un liderazgo que una, no que divida bajo la bandera selectiva del “pueblo”.