CDMX.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, abrió este lunes la glosa del segundo informe de Claudia Sheinbaum no ante el Pleno del Senado, sino en una reunión de tres horas con la Junta de Coordinación Política, sin medios, sin transmisión y sin acta pública. Ignacio Mier, presidente de la Jucopo y coordinador de Morena, defendió el formato por tratarse de “política interior”. La oposición —PRI y PAN— lo rechazó de entrada: el mismo esquema reservado se le dará el 13 de octubre a Omar García Harfuch, mientras Hacienda sí irá al Pleno. Cuando lo que está en juego es la integridad de las elecciones de 2027, esconder el interrogatorio no es sigilo institucional; es eludir el escrutinio.
Adentro, según relató la vicecoordinadora panista Mayuli Latifa Martínez, la oposición preguntó cómo se va a impedir que el crimen organizado financie campañas y qué hacer con los señalamientos de control territorial del narco. La respuesta oficial fue que hay una “estrategia integral” que todavía no está definida. A la salida, en una conferencia en la que apenas contestó cuatro preguntas, Rodríguez rechazó la cifra de que el crimen domina 30% del país —dijo que no tiene sustento y que la única fuente válida es el Secretariado Ejecutivo— y aseguró que el Estado garantizará comicios tranquilos en 2027 y 2030, sin injerencia extranjera. El remate fue pedir a los partidos que postulen gente con “currículum limpio”, trayectoria ética y que “ande por el buen camino”.
El consejo suena a consigna, no a política. Quien pide perfiles limpios no explica cómo se filtra el dinero ilícito ni presenta un plan ya armado: traslada la responsabilidad a los partidos y se queda con la garantía verbal. Pedir ética en público y rendir cuentas en privado es el peor mensaje posible a meses de una elección intermedia en la que la infiltración criminal ya no es hipótesis de oposición, sino el tema que el propio gobierno no se atreve a discutir con la luz encendida.