CDMX.- El diputado panista Federico Döring volvió a señalar que la denuncia que presentó en agosto de 2025 ante la FGR contra Andrés Manuel López Beltrán (“Andy”), hijo del expresidente, por presunta participación en el esquema de huachicol fiscal y delincuencia organizada sigue sin avances concretos. Döring exhibió los acuses de la denuncia original y de una ampliación posterior, sustentadas en un oficio de 2022 de la Sedena y en menciones que aparecen en carpetas de investigación. Mientras tanto, Andy rompió el silencio con un video desde Tabasco en el que niega todo de forma categórica y acusa a TV Azteca, a Ricardo Salinas Pliego, a Carlos Loret de Mola y a otros de orquestar una “guerra sucia” y un complot en su contra.
La trama que lo rodea no es inventada por un solo medio. Reportajes han documentado la cercanía de Andy con el empresario tabasqueño Amílcar Olán Aparicio (cuya esposa fue compañera suya de primaria), el crecimiento acelerado de empresas vinculadas a Olán —como Portacelis— que obtuvieron permisos para importar decenas de millones de litros de diésel al final del sexenio de AMLO y luego fueron suspendidas por el SAT por irregularidades fiscales estimadas en cientos de millones. En expedientes de la FGR hay menciones aisladas a un “Andy”, testimonios de exmarinos detenidos y referencias a su círculo. La fiscalía ha aclarado que no hay carpeta formal ni orden de aprehensión en su contra, pero las preguntas sobre contratos, influencias y la ausencia de aclaraciones concretas siguen sin respuesta.
Lo que resulta más contundente es el patrón: en lugar de aportar documentos, explicar viajes, contratos o el origen de las menciones, Andy opta por la victimización y por señalar a los periodistas y empresarios como responsables de la violencia. Informar sobre investigaciones abiertas, audios y empresas suspendidas no es calumnia ni complot; es periodismo. Que una denuncia formal presentada por un legislador lleve más de un año sin resultados visibles, mientras el hijo del expresidente concentra su energía en atacar a quienes preguntan, dibuja un escenario de impunidad selectiva que daña la credibilidad de las instituciones y deja en el aire una pregunta incómoda: ¿hasta cuándo se puede negar todo sin aclarar nada?