Oaxaca.- Ochenta y cinco familias del Rancho Areche, en Cuilápam de Guerrero, denuncian que desde mayo integrantes de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO) se apropiaron de 11 hectáreas y unos 40 predios que, según aseguran, adquirieron legalmente hace años. Los afectados describen la llegada de un grupo numeroso, presuntamente armado, que los sacó de una oficina comunitaria y mantiene el control de los terrenos. Acusan además de complicidad a la presidenta municipal Mayra Silva Fernández, a quien responsabilizan de minimizar los hechos y de haberlos calificado de “paracaidistas”.
El caso no ocurre en el vacío. La Fiscalía General de Oaxaca tiene a ASAEO en la mira desde hace meses por extorsión, cobro de piso, despojo y narcomenudeo. Desde agosto ha detenido al menos a 21 personas vinculadas a la organización, incluyendo operativos recientes en Cuilápam y Xoxocotlán en los que se aseguraron drogas y armas hechizas. Aun así, el despojo en Rancho Areche sigue sin resolución visible mientras los vecinos protestan frente al Palacio de Gobierno y piden que intervengan el gobernador Salomón Jara y la presidenta Sheinbaum.
La secuencia es conocida y cansina: un grupo con historial delictivo toma tierras, la autoridad municipal se lava las manos o las justifica, y el gobierno estatal —el mismo que presume operativos contra la organización— no logra (o no quiere) restituir los predios con la misma rapidez con la que anuncia detenciones. Mientras tanto, decenas de familias viven bajo amenaza en un municipio donde la Fiscalía ya ha realizado cateos por la misma red. Si esto es el “estado de derecho” que se defiende desde Oaxaca y desde Palacio Nacional, el mensaje que llega a la calle es claro: el despojo organizado puede esperar.