Tabasco.- En Villahermosa, al menos 14 elementos de la Guardia Nacional, la Marina y la Fiscalía de Tabasco irrumpieron armados en un hospital del ISSET y se llevaron esposada a la enfermera Juana “N”. El dato preliminar —y hasta ahora el único que sostienen las versiones coincidentes— es una orden de aprehensión por presunto incumplimiento de asistencia familiar. No por homicidio, no por tráfico, no por un delito cometido en el turno. Por una pensión. Los derechohabientes abandonaron pasillos y consultorios creyendo que venía un enfrentamiento. El sindicato denunció que nadie avisó al hospital el motivo de la visita. El propio ISSET precisó que el asunto no tiene que ver con su trabajo.
Ahí está el escándalo, y no admite eufemismos: tres corporaciones con poder de fuego federal y estatal convirtieron un centro de atención médica en teatro de captura para un asunto que, si existía orden judicial, se resuelve en la puerta, en el domicilio o en la fiscalía, no entre camillas. Quien diseña un operativo de esa magnitud dentro de un nosocomio o no distingue entre una deudora alimentaria y un objetivo de alto impacto, o le da igual sembrar pánico en enfermos con tal de exhibir “resultados”. La crítica no es a que se cumpla una orden. Es a la desproporción brutal: el Estado que a menudo llega tarde donde sí hay plomo llega sobrado, armado y sin aviso donde hay sueros y familiares asustados.
Lo que queda es una imagen difícil de borrar: una trabajadora de la salud saliendo esposada de su propio hospital mientras pacientes huyen. Si esa es la idea de autoridad en Tabasco, el mensaje es claro y cínico: la fuerza no se calibra según el delito, se calibra según quién esté a la mano.