Puebla.- El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, justificó que los ocho concejos municipales provisionales —Acatlán de Osorio, Esperanza, Tepeyahualco, Chalchicomula de Sesma, Tlachichuca, San Nicolás Buenos Aires, Ahuazotepec y Cuautempan— quedaran encabezados solo por hombres. Dijo que enviar a una mujer a gobernar zonas con delincuencia es “un tema de riesgo” y que le parece “muy delicado proponer a una mujer en un lugar donde la delincuencia se apoderó desde años atrás”. Lo planteó como cuidado. En la práctica es un filtro de género: el Congreso local destituyó o sustituyó alcaldes detenidos o investigados y, a la hora de recomponer el poder, el mando quedó reservado a varones.
La contradicción no es menor. El mismo Armenta ha repetido que Puebla necesita más mujeres en la toma de decisiones, que “pueden ser lo que quieran, hasta gobernadoras”, y se ha colgado del lema federal de que “es tiempo de mujeres”, alineado con Claudia Sheinbaum, primera presidenta del país. El mensaje de ahora es otro: la paridad vale para el folleto, no para el territorio donde duele gobernar. Si la inseguridad inhabilita a una mujer para un ayuntamiento, la pregunta es inevitable: ¿qué dice eso de una presidenta que encabeza un país con crisis de violencia? El estándar no puede cambiar según convenga al gobernador.
La crítica no es por un capricho de redes. Senadoras y periodistas le marcaron el mismo punto: gobernar no depende del sexo, y usar el peligro para excluir a las mujeres convierte la violencia en pretexto y a ellas en ciudadanas de segunda. Si Armenta cree que el crimen “se apoderó” de esos municipios desde hace años, el problema de fondo es la autoridad que no recupera el territorio, no el género de quien ocupe el escritorio. Paternalismo disfrazado de protección: las mujeres sirven para inaugurar Casas Carmen Serdán y para la foto con Sheinbaum; para el mando en la zona caliente, no.