Arrancan cyber campañas por la Justicia en México: Candidatos al Poder Judicial sólo podrán promoverse en redes sociales

Los candidatos solo podrán promocionarse en redes sociales financiando todo de su propio bolsillo. Según el Instituto Nacional Electoral (INE), tres mil 422 candidatos que buscan un cargo.

CDMX.- Hoy, 30 de marzo de 2025, arranca un capítulo que podría cambiar el rostro de la justicia en México o hundirla en un pantano de incertidumbre. Por primera vez en la historia, los ciudadanos tendrán en sus manos la tarea de elegir a los representantes del Poder Judicial mediante voto directo. Según el Instituto Nacional Electoral (INE), tres mil 422 personas que buscan un cargo. El próximo 1 de junio, más de 100 millones de mexicanos acudirán a las urnas para decidir quiénes ocuparán 881 cargos clave, desde la cúspide de la Suprema Corte hasta los juzgados de distrito. Y los candidatos sólo podrán hacer campaña usando las redes sociales. Pero detrás de este ejercicio democrático, que algunos celebran como una revolución y otros temen como un salto al vacío, hay preguntas que no podemos ignorar: ¿está el país listo para esto? ¿O es solo un experimento populista con consecuencias impredecibles?

El menú de cargos en juego no es menor. Se elegirán 9 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), esos guardianes de la Constitución que, hasta ahora, llegaban por designación del Senado tras una danza de negociaciones políticas. También estarán en la boleta 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 15 magistraturas de sus Salas Regionales y 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial. A eso se suman 464 magistraturas de circuito y 386 juezas y jueces de distrito, los que resuelven desde casos de narcotráfico hasta disputas de tierras. En total, 881 nombres que, en teoría, reflejarán la voluntad popular. Pero, ¿qué tan preparada está esa voluntad para elegir?

Las campañas arrancan hoy y se extenderán hasta el 28 de mayo, un sprint de 60 días en el que los aspirantes deberán convencer a la ciudadanía de que merecen su voto. Aquí no hay mítines masivos ni espectaculares en las avenidas; las reglas del Instituto Nacional Electoral (INE) son claras: nada de eventos rimbombantes ni propaganda tradicional. Los candidatos solo podrán promocionarse en redes sociales y con panfletos modestos, financiando todo de su propio bolsillo. Queda prohibido el dinero público o privado, nacional o extranjero, directo o indirecto. Es un modelo austero que busca equidad, pero también un terreno desconocido: ¿cómo se da a conocer un juez en TikTok? Algunos ya han empezado a intentarlo, con videos que van desde bailes torpes hasta recorridos por sus oficinas. Otros, más serios, apelan a su trayectoria. El contraste es tan fascinante como desconcertante.

El trasfondo de esta reforma, aprobada en 2024, no es un capricho reciente. Viene de una promesa de la Cuarta Transformación, el proyecto político de Morena, que desde hace años insiste en “democratizar” un Poder Judicial acusado de elitista y lejano. La idea suena noble: quitarle el control a las cúpulas y dárselo al pueblo. Pero los críticos no se han quedado callados. Abogados, académicos y hasta organismos internacionales han advertido sobre los riesgos de politizar la justicia. En un país donde el crimen organizado mueve hilos en elecciones locales —recordemos los asesinatos de candidatos en 2021 y 2024—, ¿qué impide que los cárteles metan la mano en la elección de jueces? Y si los candidatos más visibles son cercanos al partido en el poder, como sugieren algunas encuestas preliminares, ¿no se corre el riesgo de convertir a la SCJN en un apéndice del Ejecutivo?

El proceso mismo tiene sus peculiaridades. No todos los cargos se eligen de una vez; un sistema de “tómbola” definió que este año se voten los puestos con números impares, una lotería que busca escalonar la renovación. Cada ciudadano recibirá seis boletas de colores distintos —morada para la Corte, por ejemplo—, un rompecabezas logístico que el INE asegura será sencillo. Sin embargo, el reto no es solo votar, sino saber por quién. Con más de 4 mil aspirantes compitiendo —según datos del Senado tras la insaculación de enero—, la mayoría de los mexicanos enfrenta una tarea titánica: informarse sobre candidatos que no tienen el reflector de un político tradicional.

La apuesta es histórica, sí, pero también arriesgada. México no es el primero en intentarlo —Bolivia ya elige jueces por voto popular desde 2011, con resultados mixtos—, pero ningún país con su tamaño y complejidad ha dado este paso. Si sale bien, podría ser un modelo de justicia más cercana al pueblo. Si falla, el costo lo pagaremos todos: un Poder Judicial débil en un país que ya lidia con impunidad récord —el 98% de los delitos quedan sin resolver, según el Índice Global de Impunidad 2023—. Hoy comienzan las campañas, y con ellas, un debate que no debería quedarse en likes o retuits. ¿A quién le confiaremos la balanza de la justicia? La respuesta, por primera vez, está en nuestras manos.

La lista de los cargos a elegir

En total se elegirán 881 cargos judiciales.

• 9 Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

• 2 Magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

• 15 Magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF.

• 5 Integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial.

• 464 Magistraturas de Circuito.

• 386 Juezas y Jueces de Distrito.

Según el Instituto Nacional Electoral (INE), tres mil 422 candidatos que buscan un cargo en el Poder Judicial.