Guanajuato .- En San José Iturbide, Guanajuato, fuerzas federales y estatales aseguraron este 17 de septiembre 59 millones de litros de presunto hidrocarburo, diez tanques de almacenamiento, tres unidades de carga, contenedores y documentación, tras un cateo autorizado por un juez federal. Lo confirmó el secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González Martínez. El volumen es descomunal: no es una toma clandestina de patio, es infraestructura para acopiar y mover combustible a gran escala. Todo quedó a disposición de la FGR, que todavía debe precisar cantidad definitiva, naturaleza, procedencia y legalidad.
El mismo municipio ya había registrado decomisos menores en la carretera 57 —20 mil litros en un tractocamión en julio y 60 mil en autotanques abandonados en junio—, señales de que el corredor no es nuevo. Lo que hoy exhiben las autoridades como “golpe” también revela otra cosa: una red con capacidad de almacenar decenas de millones de litros operó el tiempo suficiente para armar diez tanques y documentación. El cateo, dice el propio secretario, no determina responsabilidades por sí mismo. Traducción clara: hay predio, hay producto, hay papeles… y, hasta ahora, no hay responsables anunciados.
Guanajuato lleva meses presumiendo incrementos en aseguramientos de huachicol. Este hallazgo no cierra el expediente; lo agranda. Si 59 millones de litros cabían en un inmueble de San José Iturbide, la pregunta dura no es cuánto se decomisó, sino quién autorizó, quién vigiló y quién dejó crecer un almacén de ese tamaño hasta que el cateo lo hizo visible. Mientras la FGR “determina”, el combustible ya no circula. Los operadores, por lo publicado hasta ahora, sí.