Asesinan a alcaldesa en Oaxaca dentro del Palacio Municipal de San Mateo Piñas
Dos hombres armados con el rostro cubierto irrumpieron en la presidencia municipal de San Mateo Piñas tras llegar en motocicletas.
San Mateo Piñas, Oaxaca.— El brutal asesinato de Lilia Gema García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas, junto con el síndico municipal y dos policías locales, ha conmocionado a esta comunidad de la Sierra Sur de Oaxaca. El ataque, perpetrado en el corazón de la presidencia municipal, no solo expone la vulnerabilidad de las autoridades locales en México, sino que también levanta interrogantes sobre las posibles motivaciones detrás de este acto de violencia y la capacidad del Estado para garantizar justicia y seguridad.
A las 11:00 de la mañana, según testimonios recabados en el lugar, dos hombres armados con el rostro cubierto irrumpieron en la presidencia municipal de San Mateo Piñas tras llegar en motocicletas. Sin mediar palabra, abrieron fuego contra las personas presentes, dejando un saldo de cuatro víctimas mortales: la presidenta municipal, Lilia Gema García Soto, el síndico y dos policías locales. Los agresores huyeron, dejando tras de sí una escena de caos y luto en este municipio rural.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), a través de su Vicefiscalía Regional de la Costa, ha asumido la investigación, prometiendo una indagatoria “exhaustiva” para identificar a los responsables. En respuesta al ataque, el gobierno estatal desplegó un operativo de seguridad con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Sin embargo, más allá de estas medidas iniciales, las autoridades no han proporcionado detalles concretos sobre los avances en el caso, lo que genera escepticismo sobre la celeridad y efectividad de la respuesta institucional.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, expresó su condena al asesinato a través de una publicación en su cuenta de X: “Condenamos enérgicamente el asesinato de la presidenta municipal de San Mateo Piñas, Lilia Gema García Soto. No puede haber impunidad ante este acontecimiento. Vamos a colaborar con la Fiscalía General del Estado para esclarecer los hechos y hacer justicia. Mis condolencias a sus familiares.”
La indignación no se ha limitado a las redes sociales. Pobladores de San Mateo Piñas y organizaciones civiles han exigido justicia y mayor seguridad, mientras expresan sus condolencias a las familias de las víctimas. Sin embargo, el caso también ha destapado una polarización en la comunidad: algunos sectores acusaban a García Soto de “desvalijar bienes del municipio” y de estar involucrada en la desaparición de 25 millones de pesos destinados a la reconstrucción tras el huracán Agatha en 2021, según reportes de medios locales. Curiosamente, la propia edil había denunciado en su momento que 50 millones de pesos federales para la recuperación del municipio se habían “perdido”, atribuyendo la mitad de esa cantidad a un ex edil. Estas acusaciones cruzadas sugieren un trasfondo de tensiones políticas y económicas que podrían estar vinculadas al crimen.
El asesinato de García Soto no es un hecho aislado. México ha visto un aumento alarmante en los ataques contra autoridades locales, particularmente en regiones donde el crimen organizado, los conflictos territoriales y las disputas políticas convergen. En Oaxaca, la Sierra Sur es conocida por su compleja dinámica social, donde la pobreza, la presencia de grupos criminales y la falta de recursos institucionales crean un caldo de cultivo para la violencia.
La mención de las acusaciones contra la edil agrega una capa de complejidad. Aunque no hay pruebas que sustenten las imputaciones de desvío de recursos, estos señalamientos podrían reflejar rencillas locales o intentos de deslegitimar a la funcionaria. Por otro lado, su denuncia sobre los fondos desaparecidos tras el huracán Agatha apunta a posibles conflictos con actores políticos o económicos de la región, un aspecto que la Fiscalía debe investigar a fondo. La falta de claridad sobre el móvil del ataque —ya sea crimen organizado, venganza política o un ajuste de cuentas— deja un vacío que alimenta la especulación y la desconfianza.