Culiacán.- Junior Alexis, alumno de 17 años de la Facultad de Contaduría y Administración de la UAS, fue acribillado la mañana del 2 de septiembre frente a Ciudad Universitaria, en una parada del bulevar Universitarios a la altura de Demócrito, junto a la Facultad de Derecho y el panteón de La Lima. Llevaba mochila. Los agresores huyeron —hay reportes de que iban en motocicleta— y, horas después, la Fiscalía no anunciaba un solo detenido.
El joven no era un nombre más que aparece de la nada: desde el 22 de junio tenía ficha de búsqueda por haber sido privado de la libertad; después lo localizaron con vida y volvió a clases. Hoy lo ejecutaron a plena luz, a metros del campus, con soldados y operativos que, según crónicas locales, rondan esa zona y aun así no impidieron el ataque ni la fuga. La UAS condenó el crimen y activó protocolos de acompañamiento. Eso es lo que alcanza: un comunicado. Lo que no alcanza es explicación ni captura.
Sinaloa no está “en crisis”: está instalada en un régimen de violencia donde un menor puede desaparecer, reaparecer y morir a tiros frente a su universidad sin que el Estado produzca un responsable. Mexicanos Primero documentó decenas de homicidios de niñas, niños y adolescentes en el estado en los últimos meses; Culiacán suma estudiantes asesinados o hallados sin vida tras desaparecer. Mientras las cifras se administran y los discursos de “baja de incidencia” circulan, el saldo concreto es este: un adolescente muerto en la parada, sicarios libres y una autoridad que otra vez llega tarde, levanta casquillos y se va. Eso no es un “hecho aislado”. Es el sistema funcionando.
