Ataúdes en la Carretera: Taxistas de Acapulco claman justicia ante ola de asesinatos y acusan a la Gobernadora de complicidad
Con pancartas que tildaban a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de “narco gobernadora” y exigían su renuncia, los manifestantes denunciaron la inseguridad que los tiene al borde del colapso
Chilpancingo, Guerrero.- La entrada a Acapulco amaneció bloqueada este miércoles con un escenario tan dramático como desesperado: más de 500 taxistas colocaron tres ataúdes en medio de la carretera federal México-Acapulco, cerca de la caseta La Venta, para exigir un alto a la violencia que ha cobrado la vida de 25 de sus compañeros en lo que va del año. Con pancartas que tildaban a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de “narco gobernadora” y exigían su renuncia, los manifestantes denunciaron la inseguridad que los tiene al borde del colapso, mientras acusaban a las autoridades de complicidad con los grupos criminales que controlan el puerto.
El bloqueo, que comenzó a las 9 de la mañana, paralizó una de las principales vías de acceso a este destino turístico, otrora emblema de glamour y hoy epicentro de una guerra entre cárteles. En los féretros, los taxistas colgaron mensajes cargados de indignación: “Narco gobernadora, estás acabando con todo el estado. Recuerda que el pueblo te puso y el pueblo exige que renuncies”, se leía en uno. Otro acusaba directamente a Salgado Pineda de “pagar a los medios locales, hasta Milenio”, para ocultar la realidad que vive Guerrero, un estado donde la violencia no da tregua.
La protesta no solo evidenció el hartazgo del gremio, sino también el nivel de barbarie al que se enfrentan diariamente. Tan solo la víspera, dos taxistas fueron asesinados en el bulevar Vicente Guerrero y la avenida Cuauhtémoc, y esta misma mañana, la cabeza cercenada de un chofer fue dejada sobre el cofre de su vehículo, el taxi 117 de la ruta Acapulco-Cuajinicuilapa, en la carretera hacia Pinotepa Nacional. Según expertos en violencia urbana, muchos de estos crímenes están acompañados de cartulinas firmadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque las organizaciones más visibles en Acapulco siguen siendo el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA) y Los Rusos, grupos que extorsionan al sector y obligan a los choferes a actuar como “halcones” o vigías.
El trasfondo de esta crisis no es nuevo. Guerrero, un estado clave en la ruta del tráfico de heroína hacia Estados Unidos, ha sido durante décadas un terreno fértil para el crimen organizado. Un informe de Crisis Group de 2016 ya advertía sobre la difusa línea entre el crimen y las instituciones gubernamentales en la región, un problema que se ha agravado con la impunidad. El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014, sigue sin resolverse, y es un recordatorio de cómo la colusión entre autoridades y criminales perpetúa la violencia. Hoy, los taxistas de Acapulco enfrentan un destino similar: extorsionados, amenazados y, en muchos casos, asesinados si se niegan a colaborar con los cárteles.
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda, en el cargo desde octubre de 2021 y afiliada al partido Morena, ha sido blanco de críticas crecientes. Esta no es la primera vez que el sector del transporte público la señala por su inacción. En octubre de 2024, tras el asesinato de cuatro taxistas en menos de 24 horas, ya habían estallado protestas similares exigiendo seguridad. Sin embargo, las promesas de intervención no se han materializado en resultados tangibles. Durante el bloqueo de este miércoles, Arturo Salinas Sandoval, director de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad de Guerrero, acudió al lugar para ofrecer una mesa de diálogo y prometió gestionar apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa y la Policía Estatal. Pero para los manifestantes, estas palabras suenan huecas. Al mediodía, los ataúdes fueron quemados en un acto simbólico, y el bloqueo continuó de manera intermitente durante tres horas más.
La situación en Acapulco refleja un problema estructural que va más allá de la violencia inmediata contra los taxistas. Según un análisis de Insight Crime de febrero de 2024, la diversificación de los portafolios criminales en Guerrero—que ahora incluyen extorsión a sectores como el transporte, el comercio y el turismo—ha intensificado la violencia contra quienes se niegan a pagar las cuotas impuestas por los grupos delictivos. A esto se suma la lucha por el control político, especialmente en un estado donde las elecciones locales suelen estar marcadas por la influencia del crimen organizado.
Mientras los ataúdes ardían en la carretera, los taxistas dejaron claro su mensaje: “Señora gobernadora, los transportistas de Acapulco vamos a parar labores porque a usted no le interesan los ciudadanos”. La acusación de que tanto Salgado Pineda como su padre, el senador Félix Salgado Macedonio, priorizan el poder sobre la seguridad de los guerrerenses resuena en un contexto donde la desconfianza hacia las instituciones es absoluta. ¿Cuántos ataúdes más tendrán que quemarse para que Guerrero deje de ser sinónimo de impunidad?