Audios de Marina del Pilar: la oferta que hunde al barco de Morena y expone la selectividad del poder
Audios de Marina del Pilar: oposición exige licencia e investigación por traición a la patria
CDMX.- Los senadores de oposición no tardaron en reaccionar. Manuel Añorve (PRI) sentenció que “el barco de Morena se está hundiendo en serio” y exigió a la Fiscalía General de la República investigar las grabaciones en las que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, aparece dispuesta a entregar información de las mesas de seguridad nacional. Clemente Castañeda (Movimiento Ciudadano) denunció el “doble rasero” del gobierno federal, que protege a sus gobernadores mientras acusa de traición a la patria a los de oposición. Ricardo Anaya (PAN) fue más directo: pidió que la mandataria solicite licencia inmediata y que la FGR abra carpeta por traición a la patria.
El contexto no es menor. Desde mayo de 2025, Estados Unidos revocó la visa de Marina del Pilar y de su entonces esposo, Carlos Torres Torres —quien enfrenta investigación de la FGR por presuntos vínculos con narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero—. En junio de 2026 ya había circulado otro audio en el que la gobernadora buscaba intermediarios para revertir esa decisión. Ahora, en las nuevas grabaciones filtradas (atribuidas a conversaciones de julio), se le escucha ofrecer cooperación: “Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad”. La propia gobernadora admite que la conversación ocurrió, pero la califica de “trampa” tendida por el exgobernador Jaime Bonilla, asegura que los fragmentos están manipulados y niega haber comprometido información sensible o traicionado al país. El gobierno federal, a través de Omar García Harfuch y Claudia Sheinbaum, minimizó el caso: en las mesas solo se comparte incidencia delictiva diaria, no datos reservados, y no hay elementos para una investigación por seguridad nacional.
Lo más grave no es solo el audio, sino la reacción institucional. Mientras la oposición clama por justicia cuando le conviene, el oficialismo cierra filas y descalifica todo como “venganza política”, sin explicar por qué una gobernadora fronteriza ofrece información de coordinación de seguridad a interlocutores que ella misma presenta como contactos para un asunto “personal”. En un país donde varios gobernadores morenistas han enfrentado revocación de visas por presuntos nexos con el crimen organizado, esta defensa automática erosiona la credibilidad de las instituciones y confirma que la impunidad se mide por el color del partido. El verdadero naufragio no es solo de Morena: es de la exigencia mínima de rendición de cuentas.