CDMX.- La diputada de Movimiento Ciudadano Laura Ballesteros lo dijo sin rodeos: la llamada “Ley Antimemes” no nació de un afán técnico contra la piratería, sino del miedo a perder privilegios y el control del aparato. El dato encaja con el trámite. En San Lázaro, la iniciativa presidencial para reformar la Ley Federal del Derecho de Autor —avisos de retirada, corte de servicio a “reincidentes” y multas de hasta 40 mil UMA, cerca de 4.7 millones de pesos— se frenó el 22 de septiembre ante el rechazo de PRI y MC. En el Senado, las comisiones de Justicia, Economía y Estudios Legislativos Primera sí avanzaron un dictamen paralelo a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial: el artículo 403 Bis prevé de uno a cinco años de prisión y multa de mil a 10 mil UMA por usar, a escala comercial, la identidad gráfica oficial para inducir a error. El oficialismo, con Javier Corral al frente, insiste en que se trata de portales falsos y fraude, no de sátira. El problema es otro: el texto no blinda de forma expresa la parodia política.
Esa omisión no es un detalle menor. Quien gobernó años a golpe de meme y de “otros datos” ahora quiere que un concepto elástico —“escala comercial”, “inducir al error”, “cualquier medio digital”— quede en manos de fiscalías y del IMPI. Ricardo Anaya y Alejandra Barrales advirtieron censura disfrazada de propiedad intelectual; el coordinador priista Rubén Moreira habló de un Estado que se mete a las redes. Tienen razón en el diagnóstico y flaquean en la conducta: MC se abstuvo en comisiones y después salió a aclarar que eso “fue un aviso” y que en el pleno votará en contra si no desaparece el 403 Bis. En X, la reacción fue inmediata y cruda: discurso de libertad, voto de comparsa.
El contraste es brutal. Cuando Morena era oposición, la sátira le sirvió para erosionar al poder. Hoy, con mayoría y Presidencia, el mismo recurso se vuelve sospechoso. Combatir sitios apócrifos que cobran con logo oficial es legítimo; meter penas de cárcel en una redacción ambigua, mientras en Diputados se amenaza a plataformas con multas millonarias por no bajar contenidos alterados, es otra cosa: un mensaje de disciplinamiento. Un gobierno seguro no le teme al meme. El que lo persigue ya reconoció, sin decirlo, que la urna y el chiste le resultan más peligrosos que cualquier tratado comercial.