¿Big Brother fiscal? México aprueba vigilancia en tiempo real a Netflix, Uber y apps de citas
La medida, respaldada por Morena y aliados, entrará en vigor el 1 de abril de 2026 y busca combatir la evasión fiscal, pese a críticas por invasión a la privacidad
CDMX.- En un movimiento que ha encendido las alarmas sobre la privacidad, la Cámara de Diputados mexicana, dominada por Morena y sus aliados, aprobó este 15 de octubre una reforma al Código Fiscal que permite al Servicio de Administración Tributaria (SAT) monitorear en tiempo real las operaciones en plataformas digitales como Netflix, Uber y hasta aplicaciones de citas. La medida, impulsada bajo el argumento de combatir la evasión fiscal y las factureras —un problema que, según estimaciones oficiales, ha costado miles de millones de pesos al erario—, establece que estas empresas deberán abrir sus sistemas al SAT para verificar el cumplimiento tributario de usuarios y prestadores de servicios.
El artículo 30-B del Código Fiscal, recién modificado, obliga a estas plataformas a dar acceso permanente y en línea a sus datos, una decisión que entrará en vigor el 1 de abril de 2026 tras una reserva aprobada por 335 votos a favor y 122 en contra. Sin embargo, la iniciativa ha desatado un torbellino de críticas. Organizaciones como Artículo 19 la califican de “invasión total” a la privacidad, mientras que la oposición, desde el PAN hasta el PRI, denuncia un “código fiscal espía” que podría convertir al SAT en un intruso en la vida personal de los ciudadanos. Diputados como Héctor Saúl Téllez (PAN) advierten que el acceso irrestricto a datos de compradores, vendedores y usuarios podría derivar en un control desmedido, más propio de un “novio psicópata” que de una autoridad fiscal.
El contexto no ayuda a calmar los ánimos. México ya cuenta con un sistema de facturación electrónica (CFDI) que da al SAT una visibilidad casi total de las transacciones, y reformas previas, como las de 2020, endurecieron las penas por fraude fiscal. Ahora, esta nueva medida amplía ese alcance a la economía digital, un sector en auge donde millones de mexicanos operan sin un marco claro de protección de datos. El gobierno defiende la reforma como un golpe a las factureras y al contrabando, pero la falta de transparencia sobre cómo se usarán estos datos y quién los supervisará deja preguntas inquietantes.
La balanza entre recaudación y derechos individuales parece tambalearse. Si bien el SAT busca eficiencia, el riesgo de abusos o filtraciones —un problema recurrente en sistemas digitales— no puede ignorarse. ¿Es este el precio de un fisco más fuerte o el primer paso hacia una vigilancia masiva? La respuesta, por ahora, queda en manos de cómo se implemente esta controvertida reforma.