Boing al borde del colapso: El impuesto a las bebidas azucaradas amenaza 4,500 empleos y el futuro de una cooperativa histórica
La cooperativa Pascual Boing podría colapsar tras el aumento del gravamen, según Carolina Viggiano
CDMX.- La senadora Carolina Viggiano lanzó una advertencia alarmante este miércoles: el impuesto a las bebidas azucaradas, aprobado por la mayoría morenista en el Congreso, podría ser el golpe final para Pascual Boing, una de las pocas empresas refresqueras 100% mexicanas y cooperativas. Según Viggiano, el gravamen no solo pone en riesgo a 4,500 empleados directos, sino que también amenaza miles de empleos indirectos en una industria que, paradójicamente, ha sido un bastión de resistencia frente a gigantes como Coca-Cola y Pepsi.
La cooperativa, surgida en 1985 tras una huelga histórica que permitió a los trabajadores tomar el control de la empresa, ha sido un símbolo de autogestión y sostenibilidad. Sin embargo, el incremento del impuesto, que pasará de 1.64 a 3.08 pesos por litro en 2026, podría ser insostenible para Boing, cuya fórmula depende de la caña de azúcar y no de edulcorantes artificiales, un detalle que no parece importar a los legisladores. “Los cañeros ya no les conviene cultivar la caña, y las cooperativas como Pascual no podrán soportarlo”, afirmó Viggiano, mientras sostenía un documento que, según dijo, le entregaron trabajadores desesperados.
El contexto es clave: México ya implementó un impuesto a las bebidas azucaradas en 2014, con el objetivo de combatir la obesidad. Sin embargo, estudios recientes sugieren que, aunque el consumo de refrescos ha disminuido, el impacto en la salud pública ha sido modesto, mientras que el daño económico a empresas nacionales ha sido significativo. Ahora, con un aumento casi del doble, el gobierno parece priorizar la recaudación fiscal por encima de la viabilidad de una industria que genera más de 22,000 empleos indirectos y beneficia a más de 50,000 familias, según datos de la propia cooperativa.
La senadora también cuestionó la lógica detrás de la medida: “¿Por qué no empoderar a los consumidores con información en lugar de imponer impuestos que terminan afectando a los más vulnerables?” Su propuesta, aunque suena a discurso liberal, apunta a un problema real: el impuesto no distingue entre grandes corporaciones y pequeñas cooperativas, y podría acelerar la desaparición de estas últimas, dejando el mercado en manos de multinacionales.
En un país donde la obesidad es una crisis de salud pública, el debate no es sencillo. Sin embargo, la pregunta que queda en el aire es si el precio a pagar por esta política realmente justifica los beneficios esperados, o si, una vez más, los más afectados serán los trabajadores y las comunidades que dependen de empresas como Boing. Mientras tanto, el futuro de una cooperativa que ha sobrevivido a crisis económicas, huelgas y competencia feroz, ahora depende de una decisión que parece más política que sanitaria.