CDMX.- En plena guerra política por Chihuahua, la gobernadora panista Maru Campos aprovechó su entrevista con Carlos Loret de Mola en Latinus para repetir que la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, “está vinculada con el crimen organizado”. Según Campos, se lo dijo a gritos a Claudia Sheinbaum en una reunión reciente (donde se alzaron la voz las dos) y añadió que Montiel habría cambiado su residencia al estado tras comprar propiedades en la capital y en la Sierra Tarahumara. La respuesta que Campos atribuye a Sheinbaum fue devolverle la misma acusación. Ningún medio ni la propia gobernadora presentaron evidencia concreta: ni carpetas, ni vínculos documentados, ni denuncias formales.
Esto no es nuevo. Campos ya había señalado en mayo a Montiel por supuestos acuerdos con grupos criminales en la Sierra Tarahumara y pidió que se investigara junto a Andrea Chávez. Del otro lado, Montiel ha acusado a Campos de ser “cómplice” del exfiscal César Jáuregui (detenido por la FGR en el caso del operativo con agentes de la CIA en un narcolaboratorio) y de desgobierno, mientras exige juicio político. El trasfondo real es la violencia en la Sierra, el operativo de la CIA, la detención de Jáuregui y la pelea electoral de cara a 2027, donde ambos bandos se acusan mutuamente de pactos con el narco o de entreguismo.
El problema es el mismo de siempre: en Chihuahua el crimen organizado sí opera y mata, pero estas acusaciones de “vinculada con el narco” o “narcopartido” se lanzan como granada política sin una sola prueba pública. Sirven para polarizar, desacreditar al rival y movilizar bases, pero degradan cualquier discusión seria sobre seguridad, soberanía y las fallas reales de ambos gobiernos. Mientras tanto, los carteles siguen haciendo su trabajo y la ciudadanía se queda con el espectáculo.