Sinaloa.- La madrugada de este martes 27 de octubre, dos hombres con el rostro cubierto, vestidos de negro y a bordo de una camioneta blanca, dejaron una hielera en los portales del Palacio Municipal de Mazatlán, cerca de las oficinas de Ingresos. Los vigilantes del edificio, que creyeron que eran vendedores ambulantes, intentaron retirarlos; los sujetos arrojaron el recipiente y huyeron. El secretario de Seguridad Pública municipal, Gabino Ulises Jacobo Guerrero, reportó el hallazgo alrededor de las 6:00 horas y precisó que la Fiscalía General del Estado se hará cargo de determinar el contenido. Medios locales y el propio comunicado del Ayuntamiento hablan de “presuntos restos humanos”; varios reportes periodísticos y videos en circulación afirman que se trata de una cabeza humana acompañada de una cartulina con mensaje (una versión señala la leyenda “el que avisa no es traidor”). El SEMEFO retiró el objeto y el edificio reanudó actividades como si nada.
El episodio no es un hecho aislado: ocurre en un Sinaloa donde la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa mantiene un clima de balaceras, levantones y hallazgos de cuerpos. Rubén Rocha Moya, gobernador morenista con licencia y señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con Los Chapitos, protagoniza el entorno político de fondo; apenas días antes se reportó un ataque a balazos contra una vivienda en Culiacán ligada a su entorno. El Gabinete de Seguridad federal, encabezado por Omar García Harfuch, tiene programadas visitas de supervisión precisamente por la violencia. Que dos sujetos puedan acercarse al corazón administrativo del municipio, depositar un contenedor con restos y marcharse sin ser detenidos, expone el vacío de autoridad real más allá de los comunicados y los operativos de reacción.
Las versiones oficiales se mantienen prudentes —Jacobo Guerrero no confirma el contenido y remite todo a la Fiscalía—, mientras el Ayuntamiento condena el hecho y ofrece “colaborar si se le pide”. Esa cautela, en un contexto de violencia cotidiana y de un gobierno estatal bajo sospecha de infiltración, no transmite control: transmite que el crimen puede dejar su recado en la puerta del poder municipal y las instituciones responden con protocolos, reservas y promesas de investigación. Mientras no haya detenciones, identificación de la víctima ni claridad sobre el mensaje, el incidente queda como otro síntoma del territorio que el Estado ya no gobierna.