Ciudad de México.— La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados propuso castigar con cadena perpetua a los servidores públicos que entreguen el poder o coludan al Estado con el crimen organizado, los llamados “narcopolíticos”.
La iniciativa, que plantea reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, fue presentada este martes por el coordinador parlamentario José Elías Lixa Abimerhi.
El proyecto contempla penas de 80 a 140 años de prisión y multas de 12 mil a 24 mil días para los funcionarios que atenten contra las instituciones democráticas y la división de poderes, facilitando que organizaciones criminales influyan en decisiones del Estado o en procesos electorales federales y locales.
Las sanciones aplicarían a gobernadores, secretarios de Estado federales y estatales, titulares de fiscalías -incluida la Fiscalía General de la República (FGR)- y mandos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que participen, colaboren, encubran o incumplan sus obligaciones permitiendo la operación de la delincuencia organizada.
“No más Rochas Moyas ni Inzunzas”
Lixa afirmó que la propuesta busca terminar con la impunidad de los narcopolíticos y exigió a Morena demostrar voluntad para combatir la corrupción aprobándola.
“Punto final a la era de los Rocha Moyas [...] para que termine la era de la narcopolítica tienen que existir sanciones ejemplares”, sentenció, al señalar casos como el del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza, señalados por el gobierno de Estados Unidos.
Por su parte, el vicecoordinador Federico Döring anunció que la bancada acudirá el próximo lunes a la FGR para exigir información sobre los avances de las denuncias interpuestas contra Rubén Rocha Moya, otros funcionarios de Sinaloa y los hijos del expresidente de la República, entre ellos Andrés Manuel López Beltrán.
Döring criticó que en el pasado no se les concedió audiencia con el exfiscal y advirtió que mantendrán presión sobre la nueva fiscal, Ernestina Godoy, para que se investiguen a fondo las redes de complicidad con el crimen organizado.