Sinaloa.- Dámaso Castro Saavedra renunció formalmente a la Vicefiscalía General de Sinaloa el 5 de noviembre, al terminar la licencia sin goce de sueldo de seis meses que pidió en mayo, según confirmó la fiscal estatal Claudia Zulema Sánchez Kondo. Forma parte del grupo de diez funcionarios —junto a Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza Cázarez— acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (Distrito Sur de Nueva York) de recibir sobornos mensuales de unos 11 mil dólares de “Los Chapitos” a cambio de protección e información anticipada sobre operativos, incluido el alias “Culiacán Regio” en las listas del cártel.
Esta salida no es un acto de responsabilidad: es la huida calculada de un funcionario que durante años ocupó el segundo puesto de la Fiscalía estatal mientras Sinaloa se desangraba. Las acusaciones —que él rechazó— lo vinculan directamente con la red que protegió a la facción de los Guzmán Salazar, y su participación en la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén solo agrava las dudas sobre el manejo institucional de casos clave. Mientras tanto, José Roberto Quiñónez Coronado sigue como encargado de despacho, en una cadena de interinatos que no resuelve la captura ni la investigación seria.
La renuncia de Castro es el síntoma más claro de la podredumbre que ha permitido al narco capturar las instituciones de Sinaloa bajo el gobierno de Rocha. No hay detención, no hay juicio en México y no hay rendición de cuentas: solo el mismo patrón de licencia, silencio y salida por la puerta trasera mientras Washington presenta cargos que podrían llevar a décadas de cárcel. En un estado donde el crimen organizado opera con impunidad cotidiana, esta “salida digna” es un insulto a las víctimas y una prueba de que el Estado sigue subordinado a los intereses del cártel.