CDMX.- El 30 de septiembre de 2026, Felipe Calderón volvió a la Ciudad de México a dar lecciones de democracia. Lo hizo en el Foro América Libre, en el Hotel Marquis Reforma, un encuentro impulsado por el PAN con invitados de la derecha latinoamericana. Ahí soltó la frase que ya corre por todas partes: México, dijo, está regresando a “una nueva versión de la dictadura perfecta”.
No se anduvo con rodeos. Reconoció que Morena llegó con votos —“por méritos propios” y también “por notables errores de la oposición”— y enseguida clavó el cuchillo: cruzó el puente democrático y ahora “lo está dinamitando para que nadie pueda cruzarlo otra vez”. Habló de autoridades electorales sometidas, de convertir 52 por ciento de los sufragios en 75 por ciento de las curules, de un “fraude a la ley”, de un Poder Judicial sin independencia y de abogados que, según él, defendieron a narcotraficantes y ahora llegan al sistema por la reforma judicial.
También fue más lejos. Dijo que el crimen organizado está capturando al Estado con complicidad de gobiernos de Morena. Citó las acusaciones de un gran jurado en Nueva York contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa, y recordó que en 2024 asesinaron al menos a 37 candidatos o precandidatos. Esa parte no es invento suyo: Estados Unidos ha señalado a Rocha Moya y a otros cargos de esa entidad por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Otra cosa es que Calderón hable de captura del Estado como si el fenómeno hubiera empezado en 2018.
Mientras él hablaba adentro, afuera el Sindicato Mexicano de Electricistas y extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro le respondieron con jitomates, huevos y consigna. No fueron a debatir la reforma judicial. Fueron a cobrar una factura de 2009: el decreto que extinguió LyFC y dejó sin empleo a más de 44 mil trabajadores. De Reforma se fueron a Los Pinos. Allí la estatua de Calderón ya estaba en el pasto desde julio de 2025, derribada por un árbol y abandonada. La golpearon, le arrancaron la cabeza y se llevaron la placa. No restauraron nada. La decapitaron.
Ahí está el retrato completo, y es feo por los dos lados.
Calderón tiene derecho a señalar concentración de poder, mayorías infladas y violencia electoral. Eso existe y no se borra gritándole “FueCalderón”. Pero el mensajero arrastra su propio expediente: una presidencia nacida en 2006 entre impugnación y herida, una guerra contra el narco que disparó la violencia y el caso García Luna, que sigue siendo la sombra más larga de su sexenio. Quien gobernó con el Ejército en las calles y dejó un país más sangriento no puede presentarse como notario moral de la República sin que le recuerden la factura.
Morena, por su parte, no se sale del paso con el argumento del “pueblo sabio”. Si un partido gana en las urnas y después rediseña las reglas, captura contrapesos y normaliza la intimidación electoral, no está defendiendo la democracia: la está usando. Eso es exactamente lo que Calderón describió. Que lo diga él no lo vuelve falso.
Y la protesta tampoco se salva. Decapitar una estatua ya tirada no es justicia laboral. Es teatro rencoroso. Diecisiete años después, el SME sigue sin recuperar a LyFC y Calderón sigue sin rendir cuentas penales en México. Lo que queda es bronce en el suelo y un foro de oposición que predica unidad rumbo a 2027 sin explicar cómo va a construir una maquinaria electoral que no sea solo nostalgia y agravio.
La escena del miércoles no prueba que México ya sea una dictadura. Prueba algo más sórdido: que el país discute su futuro entre un expresidente que habla de instituciones que él también lastimó, un oficialismo que concentra poder y lo niega, y una calle que prefiere destrozar un monumento abandonado antes que exigir pruebas, juicios y resultados. Eso no es democracia perfecta. Es política de trinchera. Y en esa trinchera, todos salen con las manos sucias.
