CDMX.- La Fiscalía General de la República atrae ahora un expediente que lleva casi dos décadas en el sistema laboral: un juicio iniciado en 2007 contra Grupo Herdez, radicado como 578/2007, en el que se reclamaban alrededor de 20 millones de pesos y se amenazaba con embargos de cuentas. Varios medios que han tenido acceso a la indagatoria coinciden en lo mismo: la carpeta parte de documentos presuntamente apócrifos y de una relación de trabajo que, según la propia investigación, no existió. El nombre que aparece como demandante, Alfredo Jorge Colín Huerta, no habría laborado en las empresas señaladas. Lo grave no es solo el monto. Es que un litigio así haya podido sobrevivir tanto tiempo en juntas y tribunales.
El giro llegó con la declaración ministerial de la abogada Irene León Escamilla. Según ese testimonio, la demanda se armó en el despacho de Humberto Cavazos Chena y ella misma reconoció que “estábamos demandando de manera fraudulenta a empresas”. Dijo haber comprobado en su momento que Colín Huerta no trabajaba ahí y que, aun así, siguió instrucciones por miedo a perder el empleo. Cuando la empresa no cedió, relató, le ordenaron gestionar el embargo de cuentas. Eso no es un conflicto obrero-patronal. Es, si se confirma, el uso del aparato laboral como palanca de presión económica.
La crítica dura no es solo para quienes habrían fabricado el expediente. Es para un sistema que permite inflar prestaciones, simular subordinación y arrastrar a una empresa durante años hasta que, por fin, el caso sale del fuero laboral y cae en la FGR. La Fiscalía dice que busca a todos los participantes y si hubo una operación coordinada. Bien. Pero el daño ya está: tiempo, recursos y la demostración de que, en México, un juicio laboral también puede funcionar como instrumento de extorsión si nadie lo detiene a tiempo. El expediente sigue abierto. Falta que la investigación no se quede, otra vez, en el anuncio.
