Casos El Universal y Código Magenta: La censura amenaza la libertad de prensa en México en un contexto de creciente hostilidad hacia el periodismo
México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.
CDMX.— En los últimos días, dos casos han encendido las alarmas sobre el deterioro de la libertad de prensa en México: los intentos de censura contra el periódico El Universal y el columnista Héctor de Mauleón, así como contra el medio Código Magenta por parte de una candidata en la elección judicial. Estos incidentes, ocurridos este mes de mayo, reflejan un preocupante panorama para el periodismo mexicano, donde las amenazas, la intimidación y la falta de protección institucional se han convertido en obstáculos casi insalvables para quienes buscan informar con verdad y rigor.
Los casos de censura: El Universal y Código Magenta
El primer caso involucra a Héctor de Mauleón, reconocido columnista de El Universal, quien fue objeto de una campaña de acoso y censura tras publicar investigaciones sobre el fenómeno del "huachicol fiscal" en Tamaulipas. Según un comunicado de la Alianza de Medios MX, la presión ejercida contra De Mauleón incluyó amenazas directas, lo que la organización calificó como "un ataque directo a la libertad de expresión en México". Este incidente no es aislado: la publicación de información sensible sobre nexos entre autoridades y actividades ilícitas ha puesto a numerosos periodistas en la mira de actores poderosos, tanto gubernamentales como criminales.
Paralelamente, Código Magenta denunció un intento de censura por parte de Tania Contreras López, candidata a magistrada del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, en un caso que guarda similitudes con el de El Universal. La candidata buscó silenciar al medio tras la difusión de información crítica, utilizando mecanismos legales y presiones extrajudiciales. Este incidente, reportado el 17 de mayo de 2025, subraya cómo las figuras políticas recurren cada vez más a estrategias de intimidación para controlar las narrativas públicas, especialmente en contextos electorales donde la transparencia es crucial.
Un contexto de violencia y autocensura
México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Según el informe de 2023 de Reporteros Sin Fronteras (RSF), México ocupó el lugar 128 de 180 en el Índice Mundial de Libertad de Prensa, y en 2022, al menos 67 periodistas fueron asesinados, consolidando al país como el más letal para la prensa fuera de zonas de guerra. Desde el año 2000, organizaciones como Artículo 19 han documentado 144 asesinatos de periodistas y trabajadores de medios, muchos de ellos ligados a investigaciones sobre corrupción, crimen organizado o abusos de poder.
La violencia no es el único desafío. La autocensura se ha convertido en una práctica generalizada, impulsada por el miedo a represalias. Como señala un informe de Amnistía Internacional de marzo de 2024, los periodistas enfrentan un entorno donde las amenazas provienen tanto de grupos criminales como de actores estatales. El caso de Alberto Amaro Jordán, periodista de Tlaxcala, es emblemático: a pesar de estar inscrito en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Amaro enfrentó intentos de retirar su escolta tras denunciar amenazas de una banda criminal, lo que refleja las fallas estructurales de este programa.
El papel del gobierno: entre la retórica y la acción
Bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), la relación entre el gobierno y la prensa se deterioró significativamente. Las conferencias matutinas, conocidas como "mañaneras", fueron utilizadas para señalar y desacreditar a periodistas críticos, como Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola y el propio Héctor de Mauleón, a menudo etiquetados como "chayoteros" o "prensa fifí". En un caso notable, López Obrador divulgó información personal de la corresponsal de The New York Times, Natalie Kitroeff, durante una conferencia en 2024, un acto que fue condenado por violar la privacidad y poner en riesgo la seguridad de la periodista.
La llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia en 2024 trajo expectativas de un cambio en el tono hacia los medios. Sheinbaum prometió a RSF implementar medidas para proteger a los periodistas y combatir la violencia contra la prensa. Sin embargo, los casos recientes de El Universal y Código Magenta sugieren que las prácticas de intimidación persisten, especialmente a nivel local, donde gobernadores y funcionarios ejercen un control significativo sobre los medios a través de la asignación de publicidad oficial o amenazas directas.
El Mecanismo de Protección, creado en 2012, ha sido criticado por su ineficacia. Según Human Rights Watch, nueve periodistas bajo protección federal fueron asesinados durante la administración de López Obrador, y muchos otros fueron atacados antes de recibir medidas de seguridad. La falta de recursos, la burocracia y la ausencia de coordinación con las autoridades locales han limitado su impacto. Además, la impunidad en los crímenes contra periodistas sigue siendo alarmante: el 98% de los casos permanecen sin resolver, según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ).
Retos y riesgos para los periodistas
Los periodistas mexicanos enfrentan un triple desafío: la violencia física, la censura institucional y la precariedad laboral. Los bajos salarios —que en algunos casos no superan los 8,000 pesos mensuales— y la falta de seguros médicos o prestaciones obligan a muchos a trabajar en condiciones de alta vulnerabilidad. En regiones marginadas, como Veracruz, Oaxaca o Michoacán, la ausencia de medios formales lleva a comunicadores a usar redes sociales para informar, exponiéndolos a mayores riesgos sin el respaldo de una estructura profesional.
La vigilancia digital es otra amenaza creciente. Un informe de Freedom House de 2024 reveló que el Centro de Operaciones en el Ciberespacio (COC) de la Secretaría de la Defensa Nacional ha utilizado software comercial para monitorear y manipular redes sociales, dirigiendo ataques contra críticos del gobierno. Además, el uso de programas como Pegasus para espiar a periodistas ha sido documentado desde 2016, afectando a figuras como Carmen Aristegui y a empleados del medio salvadoreño El Faro que operan en México.
Hacia un periodismo resiliente
A pesar de este panorama sombrío, los periodistas mexicanos han demostrado una notable resiliencia. Iniciativas como la Red Rompe el Miedo de Artículo 19, que documenta agresiones durante procesos electorales, y la creación de medios independientes como Chiapas Paralelo reflejan esfuerzos por contrarrestar la censura y la cooptación. Sin embargo, la falta de apoyo público y la desconfianza hacia los medios —solo el 35% de los mexicanos confía en las noticias, según el Reuters Institute— complican estos esfuerzos.
La comunidad internacional también ha alzado la voz. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA condenó en noviembre de 2024 los actos de violencia contra periodistas en México y urgió al Estado a garantizar su seguridad. Sin embargo, las soluciones efectivas requieren un compromiso interno: fortalecer el Mecanismo de Protección, garantizar la independencia del INAI y regular de manera transparente la asignación de publicidad oficial son pasos urgentes.
Conclusión
Los casos de El Universal y Código Magenta son solo la punta del iceberg en un país donde el periodismo se ejerce bajo amenaza constante. La censura, ya sea a través de presiones legales, intimidación o violencia, busca silenciar a quienes desafían el statu quo. Mientras el gobierno no asuma un compromiso real para proteger a los periodistas y combatir la impunidad, México seguirá siendo un terreno hostil para la libertad de prensa. Los periodistas, con su valentía y compromiso, continúan siendo la última línea de defensa para la verdad, pero necesitan el respaldo de una sociedad que valore su labor y de un Estado que cumpla con su obligación de protegerlos.