Chihuahua.- Claudia Arlett Espino, la exsecretaria ejecutiva del INE que dejó el cargo el 9 de septiembre alegando “motivos de salud” justo cuando arrancaba el proceso electoral 2026-2027, renunció este 4 de noviembre de forma irrevocable a la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua. Llegó a ese puesto el 17 de octubre —apenas un mes después de su salida del INE— bajo el nuevo secretario Luis Ángel Aguirre, el mismo cargo que ya había ocupado en 2024 antes de que Guadalupe Taddei la impulsara al segundo puesto más importante del órgano electoral.
La cercanía no es un rumor: Taddei la propuso y el Consejo General la designó en noviembre de 2024. Latinus la ubicó dentro del llamado “Club Taddei” y documentó que, cuando presidía el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, autorizó un contrato de más de 33 millones de pesos a Cajas Graf, empresa ligada a la entonces presidenta del INE. Ahora, en plena ola de denuncias (incluido el señalamiento formal de Alejandro Moreno ante la FGR contra Taddei, Espino y otros), su salida de Chihuahua llega con una cláusula explícita: renuncia a ejercer acciones legales contra el gobierno estatal.
El patrón es el de siempre: se invoca la salud o la familia para salir en el momento más sensible, se recicla el cargo en el estado de origen y, cuando el escándalo aprieta, se firma la renuncia limpia y se cierra el capítulo. La pregunta no es si hay o no delito —eso lo dirán las investigaciones—, sino por qué el sistema sigue permitiendo este carrusel de funcionarios que entran y salen sin dejar rastro ni explicación real.
