¡Chats privados ahora son delito! TEPJF casi censura a activista por WhatsApp... pero recula ante el escándalo
¿Censura orwelliana en Sinaloa? Diputada silencia críticas privadas con el mazo judicial
Sinaloa.- En un fallo que huele a abuso de poder, el Tribunal Electoral de Sinaloa sancionó a la activista Emma Zermeño por violencia política de género contra la diputada morenista Almendra Negrete, basado en chats privados de WhatsApp filtrados por un supuesto amigo. La pena: prohibirle hablar de la legisladora en cualquier medio, público o privado, como si el Estado pudiera meterse en las conversaciones de alcoba. Esto acata una resolución de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF del 25 de febrero de 2026, que validó usar mensajes íntimos como prueba, revocando un fallo inicial que los descartaba por inviolabilidad. Zermeño, funcionaria en la Secretaría de las Mujeres, criticaba en privado que Negrete accedía a cargos por ser “la única mujer y lesbiana disponible”, sin mérito real, en un contexto de frustración por logros LGBTTTIQ+ no reconocidos.
Pero el escándalo va más allá: el presidente del tribunal local fue abogado del Congreso cuando Negrete era diputada, lo que apesta a conflicto de intereses y favoritismo. Ahora, un proyecto en la Sala Superior del TEPJF propone revocar la sanción, argumentando que viola la privacidad constitucional de las comunicaciones. Mientras, en redes, usuarios claman contra esta “policía del pensamiento”, comparándola con “datos protegidos” elevado a dictadura, y llaman a organismos internacionales como la CIDH para intervenir en este atropello.
Esta decisión no es justicia, es represión disfrazada de equidad de género: ¿dónde queda la libertad de expresión si un chat traicionado te cuesta el derecho a opinar? Morena y sus aliados judiciales muestran su cara autoritaria, usando leyes progresistas para aplastar disidencias, en un Sinaloa ya plagado de violencias reales que ignoran. Si esto prospera, mañana cualquiera podría ser silenciado por un mensaje privado; es hora de que la Suprema Corte ponga freno a esta farsa.