CDMX.- La investigación de El Universal pone en negro sobre blanco lo que muchos sospechaban: la red de empresas ligadas a José Alfredo Hernández Casillas, allegado de Guadalupe Taddei desde 2014 (cuando ella presidía el instituto electoral de Sonora), se embolsó 123 millones 143 mil 630 pesos solo en material electoral para la elección judicial de 2025. Cajas Graf y Litho Formas —parte de un conglomerado de al menos siete firmas que, según la ASF y la UIF, simulaban competir entre sí en licitaciones— recibieron contratos de los OPLE de Quintana Roo (50.7 millones), Sonora (31.1 millones), San Luis Potosí (16.9 millones), Coahuila (16.9 millones) y Nayarit (7.6 millones).
No es un caso aislado. El mismo grupo acumula más de mil millones de pesos en contratos de organismos electorales locales en al menos 13 estados desde 2014, y el patrón se repite: empresas del mismo entorno aparecen como “competidoras”, domicilios compartidos o cercanos, cambios constantes de representantes y adjudicaciones que terminan en manos de la red. Los 123 mdp que recibieron empresas ligadas a José Alfredo Hernández por material de la elección judicial de 2025 se suman a la red de contratos que la ASF y la UIF investigan. La renuncia de Taddei al INE a finales de octubre de 2026 se produjo después de que se difundieran videos de su cercanía con Hernández y de que avanzaran las indagatorias por posibles irregularidades.
El escándalo no es solo de una exconsejera; es la evidencia de un sistema electoral donde la cercanía personal y las redes de proveedores se convierten en el verdadero árbitro del dinero público. Mientras se investigan colusiones y posibles triangulaciones, el daño a la confianza ciudadana ya está hecho: si hasta el material de las urnas de la elección judicial de 2025 pasó por empresas con vínculos documentados con José Alfredo Hernández desde 2014, ¿qué certeza queda sobre la limpieza de un proceso que se pretendió ‘ciudadanizar’? La impunidad de estos esquemas es lo que más debería preocupar.