CDMX.- Mauricio Tabe volvió a plantarse frente a los tapiales de Sócrates 211, en Polanco, para decir que “nadie está por encima de la ley” y que la obra irregular es de un amigo de los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Lo dijo el 24 de septiembre, un día después de que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentara el nombre: Jorge Amílcar Olán Aparicio, cercano a Andy y Gonzalo López Beltrán. La alcaldía ya había detectado el abuso en junio: el certificado de zonificación autoriza cuatro niveles y se levantó un quinto, tapado con lona. No es un hallazgo de última hora; es un video con sello ya puesto y frase lista para redes.
Olán no llegó a Polanco de la nada. MCCI reconstruyó que, mientras sus empresas acumulaban contratos con el gobierno federal —entre ellos cientos de millones en medicamentos y negocios de balasto ligados a obras del sexenio anterior—, en 2022 pagó de contado 8.89 millones de pesos por el 19.55 por ciento de un predio de 463 metros tasado entonces en más de 47 millones. En julio, el propio Tabe había mostrado con dron el piso de más y a decenas de trabajadores rompiendo una clausura previa. Eso es el dato duro: no un rumor de pasillo, una copropiedad escriturada y una obra que siguió después del sello.
La frase de Tabe suena bien y cae mal. Si “nadie está por encima de la ley”, el quinto piso no debería existir, los sellos no deberían servir de escenografía y el nombre del copropietario no tendría que esperar a una investigación periodística para aparecer en boca del alcalde. En Miguel Hidalgo, como en media ciudad, el cártel inmobiliario no es un bando: es el hábito de construir primero, litigar después y posar al final. Clausurar con madera lo que ya se coló en concreto no es un golpe al influyentismo; es la confesión de que la ley llega cuando la losa ya está vaciada.