CDMX.- El Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” confirmó un brote de gastroenteritis asociado al comedor institucional subrogado: 135 médicos residentes y de alta especialidad con dolor abdominal, diarrea, fiebre y vómito desde el 31 de agosto; 41 siguen internados, todos estables según la Secretaría de Salud. El laboratorio halló Salmonella spp. y, en algunos casos, coinfección con E. coli enterotoxigénica. Cerraron el comedor. Punto. Lo que no cierra es la pregunta de fondo: cómo un hospital de tercer nivel alimenta a su propia plantilla con un servicio tercerizado que termina convertida en fuente de infección.
En redes, difundieron las cifras oficiales; un médico replicó que son más de 135 y que hay residentes en terapia intensiva. Una fuente anónima citada por Su Médico habló de cerca de 200 afectados y 15 en UTI. Eso no es dato oficial. Lo oficial es suficientemente grave: el personal que opera quirófanos y guardias quedó fuera de combate por la comida del propio nosocomio. No es un accidente pintoresco. Es el síntoma de un sistema que recorta, subroga y luego informa cuando el brote ya está encima de la mesa.
La crítica no es retórica. Si el Estado no garantiza higiene básica a quienes sostienen la atención pública, el discurso de “salud como derecho” se cae solo. Falta el nombre de la empresa, el contrato, las inspecciones previas y las sanciones. Mientras eso no se publique con claridad, lo que queda es un hecho crudo: en el Hospital General enfermaron primero los médicos.
