Controversia por la supuesta venta de la Isla Cerralvo
La Isla Cerralvo forma parte de las islas del Golfo de California, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2005
Baja California Sur.- La Isla Cerralvo, también conocida como Jacques Cousteau, ubicada frente a las costas de La Paz, Baja California Sur, ha desatado una polémica tras el anuncio de su venta por parte de la empresa estadounidense Keller Williams. Según el sitio web de la inmobiliaria, la isla se oferta por 115 millones de pesos, promocionándola como una oportunidad para desarrollar proyectos turísticos de gran escala, incluyendo aeropuertos, hoteles y ferris. El anuncio, que se extendió a plataformas como Mercado Libre, generó indignación en redes sociales y abrió un debate sobre la legalidad y las implicaciones de esta transacción.
La Isla Cerralvo forma parte de las islas del Golfo de California, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2005, según la Convención del Patrimonio Mundial, y está catalogada como área natural protegida. Esta designación impone restricciones estrictas para su uso y conservación, priorizando la protección de su biodiversidad. El Artículo 27 de la Constitución mexicana establece que las tierras y aguas del territorio nacional son propiedad de la nación, aunque permite a extranjeros adquirir propiedades bajo ciertas condiciones, como acordar ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no invocar la protección de su país de origen respecto a dichas propiedades.
Sin embargo, la supuesta venta de una isla con este estatus protegido plantea serias dudas legales. El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, ha señalado que la isla pertenece a la familia sudcaliforniana Ruffo, lo que indicaría que es una propiedad privada y no está bajo administración federal. No obstante, afirmó desconocer detalles sobre otros posibles propietarios o la transacción misma, y subrayó que cualquier operación debe ser revisada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) debido a su relevancia ecológica.
La noticia ha generado un fuerte rechazo entre la población, reflejado en redes sociales, donde usuarios han calificado la venta como una afrenta al patrimonio nacional. Medios locales, como “Posta” y “El Independiente”, citan al gobernador afirmando que la transacción sería ilegal, dado el estatus de reserva ecológica y patrimonio de la humanidad de la isla. Castro Cosío ha reiterado su oposición a la privatización de islas y terrenos mexicanos, recordando que durante su gestión se han recuperado otros territorios en circunstancias similares, aunque sin gran cobertura mediática.
La promoción de proyectos turísticos de gran escala en una zona ecológicamente sensible levanta alarmas sobre el impacto ambiental. La construcción de infraestructura como aeropuertos y hoteles podría amenazar los ecosistemas marinos y terrestres que justificaron la protección de la isla. SEMARNAT aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la viabilidad de tales proyectos o la legalidad de la venta.
El caso de la Isla Cerralvo pone en evidencia las tensiones entre la propiedad privada, el marco legal mexicano y la conservación del patrimonio natural. Aunque la isla sea de propiedad privada, su estatus como área protegida y patrimonio de la humanidad debería imponer restricciones claras a cualquier transacción o desarrollo. La falta de transparencia sobre los propietarios actuales y la ausencia de una postura oficial de SEMARNAT o la SRE alimentan la incertidumbre y el malestar social.
Además, la intervención de una empresa extranjera como Keller Williams en la comercialización de un bien con tanto valor simbólico y ecológico refleja una desconexión con las sensibilidades nacionales y las normativas locales. Este episodio también subraya la necesidad de una mayor vigilancia sobre las transacciones de propiedades en zonas protegidas, así como de una comunicación más efectiva por parte de las autoridades para esclarecer este tipo de controversias.
En conclusión, la supuesta venta de la Isla Cerralvo no solo es un tema de legalidad, sino también de soberanía, identidad y responsabilidad ambiental. Mientras no se aclaren los detalles de la transacción y las autoridades no actúen con contundencia, el caso seguirá siendo un punto de fricción entre los intereses privados, la conservación del patrimonio y la voluntad de la sociedad mexicana de proteger sus recursos naturales.