¿Cortes masivos a la salud en México 2026: Un golpe a los más vulnerables o una estrategia deliberada?
El Hospital Infantil de México y el Instituto Nacional de Cancerología pierden 935 y mil millones de pesos, respectivamente
CDMX.— El panorama de la salud pública en México para 2026 pinta un cuadro sombrío. Según un análisis basado en datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el presupuesto asignado a hospitales e institutos nacionales de la Secretaría de Salud (SSa) sufrirá un recorte acumulado de 10,799 millones de pesos en comparación con 2024, lo que equivale a una caída del 26.5%. Esta reducción, detallada en el cuadro presupuestal para 2026, golpea de lleno a instituciones clave como el Hospital Infantil de México Federico Gómez, que perderá 935 millones (29%), y el Instituto Nacional de Cancerología, con un tijeretazo de mil millones (32%). ¿Es este un ajuste necesario o una señal de prioridades torcidas en el gobierno de Claudia Sheinbaum?
El documento, revela una tendencia preocupante: mientras el presupuesto total de salud en México subirá a 965 mil millones de pesos en 2026 —un aumento del 5.9% nominal—, los recursos se concentran en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y su brazo IMSS-Bienestar, dejando a un lado a los hospitales de alta especialidad. Esto contrasta con las promesas de equidad y acceso universal que han marcado el discurso oficialista. Por ejemplo, el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” verá una disminución de 1,600 millones (24%), y el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez perderá 937 millones (31%). Números que, en pesos constantes de 2026, reflejan una erosión real del sistema.
México ya figura entre los países con menor inversión en salud según la Organización Mundial de la Salud (OMS), con un gasto público que históricamente no alcanza el 6% del PIB recomendado. Los recortes llegan en un momento en que el desabasto de medicamentos sigue siendo una herida abierta —según reportes de 2025, el 70% de los empleados mexicanos considera insuficientes sus beneficios de salud— y cuando la pandemia dejó al descubierto las fragilidades de la infraestructura hospitalaria. La marcha de batas blancas anunciada para el 10 de noviembre en el Zócalo, con un paro nacional de por medio, es un grito de alerta que encuentra eco en estas cifras.
Críticamente, cabe preguntarse: ¿qué hay detrás de esta reorientación? Algunos ven una estrategia para priorizar programas sociales como las “limosnas” de bienestar —que podrían incrementarse en 2026— sobre la atención médica especializada. Otros señalan la opacidad en la gestión de IMSS-Bienestar, donde la falta de datos transparentes sobre pacientes atendidos complica evaluar su impacto real. Mientras tanto, la clase política no escapa al escrutinio: la reciente aprobación de aumentos salariales para diputados contrasta con estos cortes, alimentando la percepción de un doble estándar.
El impacto humano será inevitable. Pacientes con cáncer, niños con enfermedades complejas o adultos mayores dependerán cada vez más de un sistema privado que sigue fuera del alcance de millones. Si el gobierno apuesta por impuestos a refrescos y cigarros para compensar, como se ha sugerido, la carga recaerá nuevamente en los bolsillos de la población, no en una reestructuración profunda. Los datos no mienten: entre 2024 y 2026, el saldo es una salud pública más débil, y el tiempo dirá si esto es un error de cálculo o una decisión calculada.
