Cuauhtémoc Blanco denuncia persecución política tras salir de la Fiscalía de Morelos
"Mi conciencia está tranquila", aseguró el exfutbolista
Morelos.- El exgobernador de Morelos y actual diputado federal, Cuauhtémoc Blanco, se pronunció este jueves al salir de la Fiscalía de Morelos, donde enfrentó un nuevo episodio en su batalla legal. En medio de un cerco de micrófonos y cámaras, Blanco denunció una persecución política en su contra, afirmando que las acusaciones que pesan sobre él tienen un trasfondo político y no jurídico. "Mi conciencia está tranquila", aseguró el exfutbolista, quien ha estado en el ojo del huracán desde que dejó el cargo de gobernador en 2024.
El caso que lo llevó a presentarse ante la Fiscalía tiene su origen en una denuncia presentada en octubre de 2024 por su media hermana, Nidia Fabiola, quien lo acusó de tentativa de violación. Según Fabiola, los hechos ocurrieron en diciembre de 2023, pero ella se vio obligada a guardar silencio durante el mandato de Blanco por temor a represalias. La Fiscalía de Morelos, entonces encabezada por Uriel Carmona, solicitó en febrero de 2025 el desafuero del ahora diputado para que enfrentara un proceso penal. Sin embargo, el pasado 25 de marzo, la Cámara de Diputados votó a favor de mantener su inmunidad con 291 votos, desechando la solicitud al considerarla "notoriamente improcedente". Esta decisión permitió a Blanco evitar, por ahora, un juicio en su contra.
El caso de Nidia Fabiola no es el único señalamiento que persigue al exgobernador. Durante su gestión al frente de Morelos, entre 2019 y 2023, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un gasto irregular de 3,269 millones de pesos en diversas dependencias estatales, como la Secretaría de Hacienda, el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, Servicios de Salud de Morelos y la Comisión Estatal de Agua. Entre las irregularidades más graves se encuentran pagos por 7.9 millones de pesos por cuatro obras públicas que nunca entraron en operación, como un colector sanitario en Amayuca y un pozo de agua potable en Temixco, según un reporte de 2019. Además, se documentaron desfalcos en el sector educativo, como pagos a docentes fallecidos o con licencias sin goce de sueldo, y en el sector salud, donde hubo irregularidades en la compra de medicamentos por 206 millones de pesos.
La controversia ha escalado a nivel nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a los diputados por la destitución del fiscal Uriel Carmona, quien había impulsado el desafuero de Blanco, lo que ha generado críticas por una posible intervención política en el caso. Diputadas como Ivonne Ortega, de Movimiento Ciudadano, y Kenia López, del PAN, han cuestionado la falta de claridad en el proceso judicial y la decisión de la Cámara de Diputados de permitir que Blanco hablara antes de la votación sobre su desafuero, argumentando que esto pudo haber influido en el resultado. "Es un precedente peligroso que pone en duda la imparcialidad del proceso", señaló Ortega.
Organizaciones ciudadanas, como Morelos Rinde Cuentas, han exigido una investigación exhaustiva sobre las acusaciones de corrupción durante el mandato de Blanco. Sin embargo, expertos como Gerardo Becerra, exasesor del exgobernador, dudan que haya voluntad política para llevarlo a los tribunales. "Las denuncias son solo la punta del iceberg, pero el sistema está diseñado para proteger a figuras como Blanco", afirmó Becerra.
La opinión pública está profundamente dividida. Mientras algunos sectores ven a Blanco como una víctima de una campaña política orquestada por sus adversarios, otros exigen justicia para las víctimas de los presuntos delitos, incluyendo a Nidia Fabiola, quien ha denunciado rezagos en la atención de su caso en comparación con otros en la Fiscalía de Morelos. En redes sociales, las reacciones también reflejan esta polarización: algunos usuarios lo tildan de "víctima del sistema", mientras otros lo acusan de evadir la justicia y lo llaman "simulador".
Blanco, por su parte, ha evadido preguntas sobre si estaría dispuesto a pedir licencia como diputado para enfrentar las acusaciones como ciudadano común, lo que ha avivado el debate sobre la transparencia del proceso. Mientras tanto, el caso sigue generando tensiones políticas y sociales, con un futuro incierto tanto para el exfutbolista como para las instituciones encargadas de impartir justicia en Morelos.