CDMX.- El 30 de agosto, Morena ensayó unidad. Lo que se vio fue otra cosa: un partido que pide disciplina moral mientras le falla el voto, le salen los escándalos por las costuras y manda a Gobernación a recitar el catecismo de la 4T.
Rosa Icela Rodríguez recorrió Senado y San Lázaro. En Diputados habló de “cuidar el legado” de López Obrador, “líder moral”, y de respaldar a Claudia Sheinbaum para “mantener el rumbo”. La bancada respondió con el coro de “¡Presidenta, Presidenta!”. El mensaje político fue claro: 2027 se acerca, 17 gubernaturas están en juego y nadie debe anteponer su candidatura a la “estabilidad”. Dicho por la secretaria de Gobernación, suena menos a ética que a consigna de control.
Horas antes, en el Senado, la misma funcionaria descartó daño por la salida de Enrique Inzunza: “Tenemos la mayoría”. Ignacio Mier, en cambio, admitió que habrá que construir acuerdos para la mayoría calificada. No son versiones compatibles. Con 128 escaños se necesitan 86 votos. Sin Inzunza, el bloque Morena-PT-Verde queda al filo: 85 en varios conteos, uno menos si hay ausencias. Ricardo Monreal ya había dicho que “debe preocupar”. Rosa Icela niega con la cabeza. La aritmética no.
Inzunza no se fue por un capricho ideológico. El 26 de agosto se declaró senador independiente tras negarse a pedir licencia, pese a una solicitud estadounidense de detención provisional con fines de extradición, presentada en abril ante la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y vinculada a Los Chapitos. Conserva el fuero. Morena lo corre de la bancada, no del Congreso. La separación limpia el membrete; no resuelve el problema.
En San Lázaro apareció también Hugo Eric Flores. Ya pidió licencia indefinida —con efectos el 31 de agosto o el 1 de septiembre, según el trámite— para presidir PAZ, el partido que recupera el proyecto del viejo Encuentro Social. Fue a despedirse y a presentar a su suplente. Un pie en la plenaria guinda, el otro en una fuerza que niega ser satélite y nacerá justo cuando el calendario electoral se abre. La frontera entre aliado, rémora y partido “nuevo” queda borrosa a propósito.
Sobre ese escenario se monta Marcelo Ebrard, minimiza el golpe del caso Andy López Beltrán y el huachicol fiscal. Hay que ser precisos. La FGR ha dicho que no tiene datos de prueba con fuerza legal para abrir indagatoria contra Andrés Manuel López Beltrán por delitos de hidrocarburos. Al mismo tiempo, en el proceso contra el excontralmirante Fernando Farías Laguna, la defensa afirma que testimonios leídos en audiencia mencionan a un “Andy” para destrabar un buque en Guaymas. La Fiscalía no lo acusa. El apodo sí circula. Esa distancia —entre el comunicado y la audiencia— es el hueco que el oficialismo quiere achicar a gritos de unidad.
El contraste es duro. Se predica frontera ética (“nadie puede servirse del movimiento”) mientras un senador investigado en Estados Unidos sigue legislando con fuero, la mayoría constitucional pende de un voto y el hijo del fundador aparece, al menos como mote, en una red de contrabando fiscal que la propia 4T juró combatir. Cuidar el legado, en este contexto, no es un programa de gobierno. Es un escudo. Y los escudos se usan cuando hay algo que no se quiere mostrar.