Oaxaca.- Lucía Jazmín Torres Castillo, de 23 años, fue nombrada el 5 de noviembre encargada de despacho de la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca por el propio secretario Jesús Romero López. Se tituló de Derecho en la Universidad La Salle en noviembre de 2025 y obtuvo su cédula profesional apenas en mayo de 2026; su única experiencia laboral documentada previa era como guía turística. El puesto, que maneja conflictos municipales en un estado con más de 500 ayuntamientos y frecuentes disputas por usos y costumbres, no exige en la práctica trayectoria alguna en administración pública, negociación o gobernabilidad. El salario, según tabuladores revisados por medios locales, ronda los 34 mil pesos netos mensuales.
A los pocos días del nombramiento, la diputada federal Aracely Cruz Jiménez (PT) la denunció públicamente por presuntas intimidaciones y amenazas durante mesas sobre el reconocimiento de autoridades electas en San Juan Mazatlán. Cruz Jiménez afirmó que Torres Castillo, actuando en representación de Romero, aludió a supuestos vínculos de su entorno familiar con líderes del crimen organizado en la región y mencionó fotografías de esos encuentros; la legisladora pidió protección federal y dijo “no quiero ser un número más”. Torres Castillo respondió con un comunicado en el que niega una cuenta falsa en X, rechaza que su juventud sea usada en su contra y asegura que está dispuesta al escrutinio… pero no presenta currículum, resultados ni explicación de cómo pasó de guía a encargada de despacho en meses. La fotografía que circula en redes, en la que aparece en pose cercana con Romero, el mismo hombre que la designó, refuerza lo que ya es evidente: el cargo no se ganó por méritos.
En el gobierno de Salomón Jara, la “transformación” parece consistir en colocar a quienes tienen la relación correcta, no la preparación. Una subsecretaría encargada de la paz municipal no es un puesto de aprendizaje ni un premio por lealtad o cercanía. Mientras Oaxaca sigue lidiando con conflictos reales, el erario paga por inexperiencia y el mensaje es claro: el filtro del mérito no aplica cuando el “brujito” decide quién entra al gallinero. La responsabilidad no se asume con comunicados que hablan de “violencia de género”; se asume explicando por qué alguien sin trayectoria maneja temas que pueden costar vidas.
