Baja California.- Rubén Eduardo Sandoval Chávez no es un rumor de redes: es un antecedente documentado. El 8 de octubre de 2011, autoridades estadounidenses detectaron un tráiler que cruzó por Otay Mesa con un compartimento oculto; lo siguieron hasta Lemon Grove y lo detuvieron junto a otros dos hombres cuando intentaban abrir la pared frontal. Ahí iban 951.2 kilogramos de marihuana. Se declaró culpable de posesión con intención de distribuirla y, el 15 de noviembre de 2012, la jueza Irma E. González lo sentenció a 30 meses de prisión federal y tres años de supervisión. El Buró Federal de Prisiones lo registró con el número 28788-298; salió de custodia el 9 de diciembre de 2013.
Hoy cobra 25 mil 317 pesos brutos como “analista de Gestión de Proyectos” en la Secretaría de Bienestar de Baja California, plaza de confianza adscrita a la oficina del titular. En Tecate opera apoyos y movilizaciones para la senadora con licencia Julieta Ramírez Padilla, aspirante a la gubernatura. El 23 de agosto de 2026 lo grabaron reuniendo gente —madres, niños, adultos mayores, beneficiarios— para llevarlos a Mexicali a la “Marcha por la Soberanía de BC”. Antes coordinó en ese municipio la estructura de Adán Augusto López Hernández, con Ramírez y Netzahualcóyotl Jáuregui al frente de la operación estatal. El gobierno estatal negó haber autorizado los camiones; dijo que COMUNDER es de un concesionario y que Anticorrupción “investigará”. La pregunta no se resuelve con un comunicado: ¿quién pone a un sentenciado por casi una tonelada de droga a manejar programas sociales y acarreo electoral?
Esto no es un desliz de currículum. Es el mismo patrón ya denunciado en 2023, cuando una grabación reveló a una coordinadora de Bienestar amenazando con quitar apoyos a quien no se alineara con Adán Augusto y con el proyecto de Ramírez. Oseguera salió; Jáuregui dijo que cada quien responda por lo suyo. Sandoval se quedó. Mientras el TEPJF mantiene abierta la investigación por promoción anticipada contra la senadora, su operador territorial —hijo de un exalcalde priista de Tecate, hoy militante de Morena— sigue en la estructura que reparte despensas y llena camiones. La crítica no admite eufemismos: si el “bienestar” se convierte en refugio laboral y máquina de movilización para quien ya pagó condena por tráfico en Estados Unidos, el discurso moral de la 4T en Baja California no se cae por la oposición; se pudre desde adentro.
