Nuevo León.- El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, envió a Claudia Sheinbaum una carta que no es un llamado institucional: es un acta de guerra. Acusa a Samuel García de haber convertido al estado en un “Estado fallido”, de gobernar cuatro años sin presupuesto aprobado conforme a la Constitución, de operar meses sin tesorero formal, de retener recursos a municipios, de presionar a empresas con “aportaciones” y de meter las manos en la UANL. Pide que la ASF, la FGR y la Fiscalía Anticorrupción investiguen. El documento circuló este domingo y el propio edil lo resumió en X: “Nuevo León merece certeza, legalidad y resultados”.
El problema no es que las acusaciones suenen graves. Es que varias ya estaban documentadas y nadie las resolvió. Alcaldes de PRI, PAN, Morena y Verde han exigido entre mil 600 y mil 700 millones de pesos en participaciones federales que, según ellos, el gobierno estatal retuvo de forma ilegal; Monterrey cifra su parte en más de 300 millones. El Congreso local mantiene trabado el Presupuesto 2027 hasta que se paguen esos adeudos y se nombre tesorero en forma. Hay juicio político en trámite contra García. Todo eso es real. Lo que no es inocente es quién lo lleva ahora a Palacio Nacional: De la Garza, priista, tres veces alcalde y carta fuerte rumbo a 2027, el mismo a quien Sheinbaum pidió denunciar ante la FGR por una presunta red de extorsión familiar y a quien Morena ya acusó por el contrato solar de Next Energy, de 7 mil 370.9 millones de pesos, que nunca operó.
La carta habla de impunidad y pide que “nadie esté por encima de la ley”. Correcto. Aplicarlo solo al gobernador sería otra farsa. Nuevo León no está paralizado por un solo capricho: está atrapado entre un Ejecutivo que gobierna a golpe de veto, redes y reconducción presupuestal, y una oposición que convierte cada falla en plataforma electoral. Pedirle a la Federación que “intervenga” sin exigir la misma lupa para el munícipe que firma, para el Congreso que bloquea y para las fiscalías que no actúan, no es defender instituciones. Es pedir que el poder federal elija bando a un año de la gubernatura. Si Sheinbaum acepta el papel de salvadora selectiva, no habrá Estado de derecho: habrá un empujón más en la pelea por Cantera.
