CDMX.— Las relaciones entre Estados Unidos y México han entrado el martes en una fase de confrontación abierta que va más allá de la retórica diplomática. Lo que se presenta como “cooperación bilateral” contra el narco es, en realidad, una intervención encubierta de Washington que pone en jaque la soberanía mexicana, mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum se atrinchera en negaciones y llamados a la “no subordinación”. Los hechos recientes pintan un cuadro inquietante: acusaciones directas de la DEA contra altos funcionarios, vigilancia aérea estadounidense sobre un palacio de gobierno y operaciones letales atribuidas a la CIA en territorio nacional.

La imputación a Rocha Moya: el principio del fin

El director de la DEA, Terrance Cole, fue claro ante el Senado estadounidense al señalar el martes: la acusación contra el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya (Morena), por presuntos vínculos con “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa —tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetaminas— es “solo el comienzo de lo que viene para México”. Políticos que protegen a los cárteles son tan culpables como los narcos de envenenar a los estadounidenses, remató. Junto a él caen el alcalde de Culiacán, un senador y mandos policiacos. México pide pruebas; Washington no responde del todo. La FGR se niega a detenerlos por falta de “evidencias”. Sheinbaum insiste: no hay pruebas suficientes.

Mientras tanto, un reporte de inteligencia obtenido por Proceso ubica a Rocha Moya resguardado en el Palacio de Gobierno de Culiacán, bajo vigilancia aérea inédita: un helicóptero tipo Little Bird (usado por fuerzas especiales de EE.UU.) y al menos seis drones en órbitas permanentes, especialmente de noche. No es patrullaje rutinario; es “vigilancia estratégica y disuasión” con capacidad de intervención. Un gobernador de Morena, en el corazón del Cártel de Sinaloa, sitiado por activos estadounidenses. La imagen es devastadora: el poder estatal mexicano, observado y presionado desde el aire como si fuera un objetivo militar.

La CIA en acción: explosiones “selectivas”

El 29 de marzo, una camioneta Toyota explotó en la carretera del AIFA a CDMX, matando a Francisco Beltrán, “El Payín”, operador del Cártel de Sinaloa, y su chofer. CNN lo atribuye a una operación de la rama terrestre (Ground Branch) de la CIA, parte de una campaña amplia y no reportada previamente en México, orquestada bajo el embajador Ronald Johnson. La agencia habría participado en ataques letales contra operadores de cárteles, emulando tácticas de Medio Oriente, tras la designación trumpista de cárteles como organizaciones terroristas. No solo inteligencia: participación directa.

Omar García Harfuch rechaza la versión: “México no acepta operaciones letales unilaterales de agencias extranjeras”. Sheinbaum habla de cooperación “sin subordinación”. Pero el silencio inicial del gobierno sobre la explosión y los precedentes (agentes CIA muertos en Chihuahua, laboratorio desmantelado con apoyo local) generan dudas razonables. ¿Hasta dónde llega la “coordinación” y dónde empieza la violación de soberanía?

Soberanía herida y responsabilidades compartidas

Este no es un conflicto de “buenos contra malos”. Es la consecuencia lógica de décadas de un narco-Estado en México: gobernadores, alcaldes y policías permeados por el Cártel de Sinaloa, mientras el fentanilo sigue matando decenas de miles de estadounidenses al año. Washington tiene razón en presionar; el problema del consumo y la demanda es propio, pero la producción y protección política ocurren del lado mexicano. Ignorar eso es hipocresía.

Sin embargo, las acciones unilaterales de EE.UU. —drones sobre palacios de gobierno, bombas selectivas— erosionan la soberanía y alimentan el discurso nacionalista de Morena. Transforman la lucha contra el narco en un asunto de dignidad nacional, lo que debilita la cooperación real. Sheinbaum y Harfuch repiten “respeto mutuo”, pero la realidad es asimétrica: México es el patio trasero productivo; EE.UU., el consumidor y ahora el ejecutor.

El riesgo es claro: más tensiones diplomáticas, movilizaciones morenistas contra “traidores” como Maru Campos, y un vacío de poder que los cárteles aprovechan. Rocha Moya bajo vigilancia aérea simboliza el colapso: un funcionario acusado de narco-protección, sitiado por la potencia vecina mientras su propio gobierno lo defiende por “falta de pruebas”.

México necesita limpieza interna urgente, no solo retórica antiimperialista. EE.UU. debe entender que intervenciones visibles generan más resistencia que resultados. Mientras tanto, el fentanilo fluye, los cárteles operan y la bomba bilateral sigue tic-tac. Lo que viene, como dijo la DEA, apenas empieza.

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