Culiacán, Sinaloa.— Rubén Rocha Moya informó este viernes que retomó su cargo como gobernador constitucional de Sinaloa a más de tres meses de haber pedido licencia temporal, pese a que es investigado por el gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, principalmente con la facción de “Los Chapitos”.
En un mensaje en su cuenta de X, el mandatario morenista calificó como “un deber” regresar para concluir su mandato, que termina el 31 de octubre de 2027.
“A las y los sinaloenses: A las y los mexicanos: El día de hoy he retomado el ejercicio de mi cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa. Es mi deber cumplir con el mandato de las y los sinaloenses”, escribió.
La paradoja es evidente: vuelve a gobernar el estado epicentro de la guerra entre Mayos y Chapitos, mientras sobre él pesa una solicitud formal de detención urgente con fines de extradición emitida por el Departamento de Justicia de EE.UU., confirmada por la propia SRE.
El escudo del “no hay pruebas” y la soberanía
Durante su licencia, solicitada el 1 de mayo, Rocha Moya dice que se puso “a la orden del sistema de justicia” y que no usó su fuero “por convicción personal”. Asegura que compareció ante la Fiscalía General de la República y que esta informó que no existen “los mínimos elementos de prueba” sobre su relación con el narco.
“Después de 112 días de investigación, como la propia FGR lo ha informado ya, no existen los mínimos elementos de prueba que sustenten nuestra participación en conducta penal alguna, o sea no he cometido ningún delito. Soy ajeno e inocente de las patrañas que se han urdido en mi contra por personeros de la ultra derecha”, sostuvo.
El gobernador atribuye las acusaciones a una ofensiva “con motivaciones políticas e injerencistas de la ultraderecha nacional y extranjera”, que busca, dice, “lesionar nuestra soberanía nacional” y dañar a la 4T.
“Soy ajeno e inocente de las patrañas que se han urdido en mi contra para dañar al movimiento político de izquierda en el que milito”, insistió, y añadió que regresa “con la frente limpia y en alto, y con la fuerza de la verdad”.
Y cierra su mensaje arropado por la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien define como defensora de la soberanía “frente a las asechanzas de intereses extranjeros y a la felonía de la ultraderecha opositora”.
Lo que Rocha omite: la carpeta en EE.UU. sí avanza
El discurso de soberanía contrasta con la cronología de hechos que él no menciona:
2 de mayo: Pide licencia tras revelarse la solicitud de EE.UU. por presuntos nexos con Los Chapitos. La SRE confirma que recibió la petición formal de extradición.
16 de junio: Sheinbaum admite que Washington no ha entregado pruebas suficientes y que, sin ellas, México no está obligado a detenerlo. No hay plazo legal para capturarlo.
7 de julio: La detención de Ismael “El Mayo” Zambada en EE.UU. y la orden contra Rocha tensan la relación bilateral.
30 de julio: El caso escala. El congresista Carlos Giménez califica a Morena como “narcopartido” luego de que la Fiscalía de EE.UU. imputa formalmente a Rocha Moya por conspiración para traficar drogas, cohecho y protección institucional al Cártel de Sinaloa.
11 de agosto: Sheinbaum reitera que EE.UU. no ha entregado la evidencia y que México no procederá.
Hoy: Rocha regresa a Palacio de Gobierno.
Es decir, la FGR en México dice no tener elementos para procesarlo penalmente, pero el Departamento de Justicia de EE.UU. sí sostiene una imputación formal que busca evitar “una posible fuga o la pérdida de pruebas”, según el propio expediente filtrado por Infobae.
La autoridad mexicana considera que no se cumplen los requisitos del tratado bilateral vigente. La autoridad estadounidense considera que sí, y que hay una red de protección institucional.
La crítica: ¿gobernador bajo sospecha de narco puede gobernar Sinaloa?
Rocha Moya vuelve no a cualquier estado, sino al estado donde hoy se libra la guerra más sangrienta del narco en México, con más de 200 días de violencia entre Chapitos y Mayitos, desplazamientos, escuelas cerradas y militares en las calles.
La pregunta de fondo que su regreso deja sin responder es política y moral: ¿puede un gobernador con una orden de extradición activa por narcotráfico, aunque no ejecutada por falta de pruebas entregadas, retomar el control de la seguridad, de las policías estatales y de la relación con fuerzas federales que lo investigan?
Su argumento de “frente limpia” se basa en lo que la FGR no encontró en México, no en lo que la justicia de EE.UU. dice tener. Y su defensa de la soberanía se usa como blindaje: cualquier acusación externa se convierte automáticamente en injerencia de ultraderecha.
Mientras tanto, Sinaloa vuelve a tener un gobernador que gobierna bajo sospecha, con el aval de su partido y con un expediente en Washington que no se ha cerrado.