Desaforan a alcalde morenista de Ahome, Sinaloa, acusado de corrupción
La FGE presentó la solicitud de desafuero, acusando a ambos de ejercicio indebido del servicio público por autorizar la renta de las patrullas mediante adjudicación directa.
Culiacán.— En una sesión privada de más de seis horas, concluida en la madrugada de este viernes, el Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad retirar el fuero constitucional al alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros (Morena), y al diputado local Genaro García Castro, investigados por presuntos actos de corrupción relacionados con la contratación irregular de 126 patrullas de seguridad pública por más de 171 millones de pesos.
La Fiscalía General del Estado (FGE) presentó la solicitud de desafuero, acusando a ambos de ejercicio indebido del servicio público por autorizar la renta de las patrullas mediante adjudicación directa, en lugar de una licitación pública, como exige la ley. La Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectaron un daño patrimonial de 14.5 millones de pesos, al confirmar que el servicio no se prestó en el ejercicio fiscal 2024.
La sesión, iniciada a las 20:15 horas del 1 de mayo, se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y sin acceso a prensa ni dispositivos electrónicos. La fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo presentó expedientes con más de 160 páginas de pruebas por cada funcionario. Aunque notificados, ni Vargas ni García comparecieron para defenderse. La votación para desaforar a Vargas ocurrió pasadas las 00:30 horas, y la de García, a las 02:30 horas, ambas por unanimidad.
Vargas Landeros, quien horas antes solicitó licencia temporal como alcalde, denunció en redes sociales una “persecución política” y defendió su gestión, asegurando que Ahome es uno de los municipios más seguros de México, según el INEGI. Además de los cargos por corrupción, enfrenta señalamientos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, incluyendo una investigación en curso en Estados Unidos, según el periodista Luis Chaparro.
Ambos funcionarios quedan a disposición de la FGE, que buscará judicializar el caso y presentar cargos formales.